Nueva York, 16 de febrero del 2006—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)está alarmado por informes de la prensa sobre una conspiración entre empresarios y funcionarios públicos mexicanos para encarcelar y agredir a la periodista y activista de los derechos humanos Lydia Cacho Ribeiro. Grabaciones telefónicas entre varias personas, dos de las ellas señaladas por la prensa local como el gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, y un empresario local, fueron enviadas a las oficinas de Ciudad en México del diario La Jornada y de W Radio, afirman los informes.
Según la prensa, el empresario es el textilero poblano José Camel Nacif Borges, quien presentó una demanda penal por difamación contra Cacho. Cacho fue arrestada el 17 de diciembre del 2005 a raíz de la demanda por difamación y calumnias presentada en su contra, pero fue liberada tras pagar fianza al día siguiente.
Los informes de la prensa mexicana afirman que las grabaciones se hicieron antes y durante la detención de Cacho. En las cintas se utiliza un lenguaje obsceno en la descripción de los planes para encarcelar y acosar a Cacho. En una de las conversaciones anteriores al arresto de Cacho, un hombre identificado por la prensa mexicana como Hanna Nakad Bayeh, un empresario textil de Puebla, solicita a Nacif contratar a alguien para violar a Cacho en la cárcel. Según las trascripciones publicadas en La Jornada, Nacif contesta, “si ya está recomendada”.
En otra conversación identificada por La Jornada como posterior a la liberación bajo fianza de Cacho, Marín dice: “Pues ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras”.
Las grabaciones también implican a otros funcionarios públicos en una posible conspiración contra Cacho. Ni Nacif ni los otros funcionarios y empresarios han efectuado comentarios sobre las acusaciones.
Un vocero de Marín negó que el gobernador haya estado involucrado en una conspiración contra Cacho y señaló que las grabaciones violaban las leyes mexicanas de privacidad, informó la prensa.
“Estas acusaciones son escandalosas e instamos al Gobernador Marín a dar una respuesta”, señaló la Directora Ejecutiva del CPJ Ann Cooper. “Dado que las conversaciones sugieren una posible conspiración criminal, debe iniciarse una investigación agresiva”.
Cacho es columnista de las revistas semanales Día Siete y Tentaciones. Además dirige un centro de ayuda a las víctimas de violencia y violación en Cancún.
En diciembre del 2005 la policía de Puebla llevó a Cacho de Cancún a Puebla, argumentando que Cacho no había respondido a un citatorio de la corte. Cachó afirmó nunca haber recibido dicho citatorio, un hecho que el fiscal comprobó como verdadero más tarde, según informes de la prensa local.
El caso de difamación contra Cacho se basa en una demanda presentada por Nacif. En un libro publicado en mayo y titulado Los demonios del Edén, Cacho describió las actividades de una banda de prostitución infantil que según ella operaba con la complicidad de la policía y políticos locales. Según Cacho, Nacif estaba vinculado a un individuo acusado de pedofilia. El empresario señaló que Cacho había dañado su reputación.
El 18 de enero, Cacho fue absuelta del delito de calumnia basado en las acusaciones presentadas en el libro por falta de evidencia, según informó el diario El Universal. La demanda por difamación, sin embargo, sigue en pie.