Ciudad de México, 18 de octubre de 2024—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) manifiesta su extrema preocupación por el atentado a disparos contra las instalaciones del periódico El Debate, hecho ocurrido a las 11 p. m. del 17 de octubre en Culiacán, la capital del norteño estado de Sinaloa. Ninguna persona resultó herida, pero la fachada del edificio, dos vehículos del periódico y dos vehículos particulares de sus empleados sufrieron impactos de bala u otros daños.
“Este descarado atentado contra la sede de El Debate no solamente pone de relieve la actual crisis de violencia contra la prensa mexicana, sino que es un crudo recordatorio de la urgente necesidad de que el nuevo Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum investigue este ataque y tome todas las medidas adecuadas para brindar protección al personal de El Debate”, declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. “Mientras las autoridades permanezcan pasivas, la impunidad por los crímenes contra la prensa continuará siendo la norma y toda declaración de respeto por la libertad de prensa sonará falsa”.
El Debate es uno de los diarios más antiguos y de mayor circulación de Culiacán y ha dado amplia coberturaal auge de la violencia criminal en Sinaloa.
El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa y el gobernador estatal Rubén Rocha Moya condenaron el atentado por separado en dos comunicados el viernes. Moya también ordenó una investigación.
El CPJ llamó varias veces a El Debate y a la Fiscalía General del Estado para solicitar una declaración sobre la investigación, pero nadie contestó las llamadas.
Un funcionario que solicitó el anonimato porque no tenía autorización para hablar públicamente sobre el tema, declaró que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una institución dependiente de la Secretaría de Gobernación de México, se comunicó con el periódico y las autoridades estatales de Sinaloa para evaluar la necesidad de ofrecer protección federal.