Casi 80.000 personas han sido detenidas y hasta 200 pueden haber muerto bajo custodia del Estado desde que el presidente salvadoreño Nayib Bukele declaró el estado de excepción en marzo de 2022, el cual suspendió temporalmente ciertos derechos constitucionales y libertades civiles en el país en el nombre del combate contra la violencia de las pandillas.
Periodistas locales y organizaciones de derechos humanos han denunciado que Bukele, quien se autodefinió como el “dictador más cool del mundo”, ha prorrogado en repetidas ocasiones el régimen de excepción en un intento por silenciar sistemáticamente a sus críticos y desmantelar la libertad de prensa por medio del hostigamiento, la intimidación y la vigilancia de los periodistas. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó 311 agresiones a la prensa, que incluyen casos de acoso, divulgación de información personal, amenazas y criminalización contra periodistas, en 2023. En los primeros nueve meses de 2024, la organización registró 165 agresiones más, según documentos de la APES consultados por el CPJ.
Bukele ha defendido su gestión: “Pregúntenle a la gente. Va a ser muy raro que encuentren una opinión negativa en la población”, declaró el mandatario a la revista Time.
El CPJ acompañó a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en una misión de verificación al país en septiembre, para conocer más sobre el deterioro en el clima para el ejercicio independiente del periodismo. A continuación, nuestros hallazgos:
Los periodistas son sometidos a demandas judiciales y auditorías
Aunque los procesos penales contra periodistas en El Salvador son raros en comparación con sus vecinos Nicaragua y Guatemala, varios periodistas declararon que el temor a las demandas judiciales ha tenido un efecto inhibitorio sobre su trabajo.
Una demanda en particular causó impacto en la prensa local: en 2023, el empresario Jakov Fauster demandó a El Diario de Hoy y a uno de sus periodistas por reproducir información publicada en la revista mexicana Proceso. Después de obtener en un inicio el derecho de réplica, Fauster recurrió a otras acciones legales, exigiendo una disculpa pública y una indemnización de USD 10 millones por concepto de daños y perjuicios. Un tribunal le ordenó al periódico publicar una segunda disculpa y retirar el artículo, pero lo eximió del pago de USD 10 millones a Fauster.
El medio digital El Faro, conocido por su periodismo investigativo, también ha enfrentado amenazas de investigaciones penales en reiteradas ocasiones. Bukele acusó al medio de lavado de activos y afirmó que las autoridades lo investigaban en 2020, aunque no se han presentado cargos formales, de acuerdo con el jefe de Redacción de El Faro, Óscar Martínez.
Además, el Ministerio de Hacienda ha sometido a El Faro, La Prensa Gráfica y otros medios a costosas auditorías, lo cual ha sido calificado por editores y defensores de la libertad de prensa como un intento por minar su sustentabilidad económica y sembrar dudas sobre su gestión. El Faro, ante el temor de que lo cerraran, trasladó sus operaciones administrativas a Costa Rica, aunque su Redacción continúa en El Salvador.
Al menos un periodista ha sido arrestado y los familiares de otros han sido objeto de represalias
Durante su visita, el CPJ y la SIP se reunieron con el comisionado presidencial para los Derechos Humanos y la libertad de expresión de El Salvador, Andrés Guzmán Caballero. Cuando las dos organizaciones expresaron su preocupación por el trato a la prensa durante el estado de excepción, Guzmán señaló que el Gobierno respetaba la libertad de prensa en el país, y afirmó que ningún periodista había sido asesinado ni encarcelado desde la entrada en vigor del régimen de excepción.
Sin embargo, el caso del periodista Víctor Barahona cuenta otra historia. Barahona estuvo detenido durante más de 11 meses en 2022 en virtud del estado de excepción, acusado de colaborar con pandillas. Según la APES, él fue torturado durante su encierro, una denuncia que el CPJ no ha podido verificar de manera independiente. Cuando el periodista fue liberado el 19 de mayo de 2023, las autoridades no le entregaron ningún documento formal ni notificaron a su familia. Cuando se le preguntó por este caso, Guzmán respondió: “Existe una investigación que indica que él es parte de una estructura criminal. El sistema de justicia no pasará por alto estos actos, incluso si él dice ser un periodista”.
Los familiares también han sufrido represalias por la labor de los periodistas. El padre de la periodista ambiental Carolina Amaya, Benjamín Amaya, fue arrestado el 28 de febrero de 2023 en el marco del estado de excepción, y fue acusado de los delitos de agrupación ilícita y limitación a la libertad de circulación. Agrupación ilícita es el delito que normalmente se imputa a los miembros de las pandillas, y se castiga con penas de cárcel de hasta 5 años, mientras que la limitación a la libertad de circulación se sanciona con penas de cárcel de hasta 8 años. Aunque el padre fue liberado en diciembre y se le otorgaron medidas sustitutivas, equivalentes a la libertad condicional, Amaya informó que el medio digital que dirige, Mala Yerba, recibió amenazas antes y después de su arresto. Ella considera que el hostigamiento fue en represalia por una investigación de Mala Yerba sobre la contaminación ambiental en el lago Coatepeque, en la cual la suegra del presidente presuntamente estuvo implicada.
Los periodistas son vigilados
Un informe conjunto del Citizen Lab y Amnistía International publicado en 2022 concluyó que el programa informático de espionaje Pegasus había infectado los teléfonos de 35 periodistas y miembros de la sociedad civil en El Salvador entre julio de 2020 y noviembre de 2021. El Faro, cuyos periodistas estuvieron entre las víctimas más frecuentes, presentaron una demanda ante un tribunal federal de Estados Unidos contra NSO Group, la impresa israelí que diseñó el programa Pegasus. El tribunal aún no ha decidido si tiene competencia para juzgar el caso.
Varios periodistas expresaron el temor de estar constantemente vigilados, y creen que sus teléfonos están interceptados y sus pasos son seguidos. Algunos periodistas de la Revista Factum creen que sus ofertas para alquilar apartamentos han sido rechazadas “solamente porque trabajan para la revista”, declaró al CPJ y a la SIP el director de la Revista Factum, César Castro Fagoaga.
El Gobierno restringe el acceso a la información
Periodistas y organizaciones de derechos humanos mencionaron dos puntos de inflexión clave respecto a las restricciones sobre la información en El Salvador. El primero fue la pandemia del COVID-19, durante la cual el Gobierno de Bukele, argumentando motivos de seguridad nacional, clasificó todos los datos relacionados con la crisis, inclusive cifras sobre la tasa de contagio e información sobre el gasto público destinado a frenar la propagación del virus. El segundo fue el estado de excepción decretado en 2022, que suspendió derechos constitucionales y eliminó la fiscalización legal sobre el uso de fondos públicos y los contratos estatales, así como el derecho a acceder a la información pública. Estos derechos nunca se han restablecido, y los periodistas dicen que la falta de transparencia dificulta mucho más su labor.
“Ni siquiera funcionarios de bajo nivel están dispuestos a conversar con los medios, por lo que tenemos que depender de información proveniente de ciudadanos comunes”, declaró Oscar Orellana, director ejecutivo de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), la mayor red de radios comunitarias del país.
Los periodistas y su trabajo son estigmatizados desde las más altas esferas
Los periodistas y medios de comunicación de El Salvador sufren constantes agresiones en las redes sociales, entre ellas la divulgación de información personal y amenazas públicas por parte de Bukele, quien aseguró en la plataforma X que El Faro era un “panfleto” que publicaba noticias falsas, así como de otros funcionarios públicos.
“Cuando el presidente nos califica como el enemigo, eso refuerza la narrativa para todos —la Policía, funcionarios públicos, hasta las autoridades locales”, declaró el jefe de Redacción de El Faro, Óscar Martínez, a representantes del CPJ y la SIP. Bukele acusa con frecuencia a la prensa independiente de utilizar fuentes falsas y engañar a la ciudadanía, y otros funcionarios han acusado a periodistas de pertenecer a pandillas, sin ofrecer pruebas.
Las mujeres periodistas son particularmente vulnerables, pues sufren actos de acoso severo, como amenazas de muerte y violencia sexual de parte de simpatizantes de Bukele. De las 165 agresiones documentadas por la APES al 31 de agosto de 2024, 53 eran contra comunicadoras sociales.
“Las mujeres periodistas ya no quieren ser voceras de sus medios noticiosos y han dejado de promover su trabajo en plataformas como X por temor a ser agredidas”, expresó Claudia Ramírez, jefa de Información de La Prensa Gráfica.
Auge de la autocensura en el gremio periodístico
Los periodistas declararon que una cultura de silencio se estaba fortaleciendo en El Salvador. Muchos comunicadores prefieren no firmar sus artículos o incluso abandonan del todo la profesión, por temor a las represalias contra ellos o sus familias. “Es una cultura de silencio. Muchas personas, sean o no periodistas, tienen miedo de hablar”, señaló Orellana. Según la APES, al menos cuatro periodistas han abandonado el país debido al continuo hostigamiento.
Los periodistas que informan sobre la delincuencia temen sufrir represalias por parte del Gobierno, incluso luego de la derogación parcial de una ley, en 2023, que imponía penas de prisión por diseminar mensajes vinculados a grupos criminales. Varios dijeron al CPJ que se autocensuran al no mencionar a las pandillas en su cobertura, debido a las restricciones legales vigentes, que incluyen la suspensión temporal de ciertos derechos constitucionales y libertades civiles contemplados en el estado de excepción.
“El enfoque de Bukele consiste en un estricto control social”, declaró César Castro Fagoaga, del medio digital de periodismo investigativo Revista Factum. “La cautela que ahora siente la sociedad se ha esparcido a la prensa, lo cual ha llevado a un ambiente restringido para el periodismo”.
La corresponsal del CPJ para Centroamérica, Dánae Vílchez, es una periodista multimedia nicaragüense cuyos trabajos han aparecido en diversos medios como The Washington Post, Newsweek and Pikara Magazine. Vílchez tiene una maestría en Periodismo de la Universidad de Ámsterdam y ha sido becaria del Centro Internacional para Periodistas y de la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios.