Policía en Bogotá, Colombia, el 25 de marzo de 2020. Las autoridades suspendieron las reuniones del programa que otorga medidas de protección a periodistas del país a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19. (AP / Fernando Vergara)
Policía en Bogotá, Colombia, el 25 de marzo de 2020. Las autoridades suspendieron las reuniones del programa que otorga medidas de protección a periodistas del país a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19. (AP / Fernando Vergara)

Unidad de protección de Colombia suspende las evaluaciones del riesgo ‘indefinidamente’ debido al coronavirus

Nueva York, 2 de abril de 2020 – En respuesta al anuncio de la Unidad de Protección Nacional colombiana en el sentido de que suspendería las actividades del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, el cual otorga medidas de protección a los periodistas, a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), emitió la siguiente declaración:

“Si bien entendemos que la respuesta colombiana a la pandemia provocada por el coronavirus ha hecho que sea imposible reunirse en persona, no hay ningún motivo para que la Unidad de Protección Nacional no pueda encontrar una solución no presencial que le permita al comité continuar con sus actividades”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ. “En un momento cuando aumenta la violencia mortal contra los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos en toda Colombia, el Estado no puede utilizar el coronavirus como pretexto para abandonar su responsabilidad de proteger a los ciudadanos en situación de mayor riesgo”.

El comité suspendió las sesiones para realizar evaluaciones del riesgo y responder a las solicitudes de medidas de protección el 19 de marzo, y anunció la decisión el 31 de marzo, según un comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con sede en Bogotá. El comité indicó que planea reanudar sus sesiones cuando se cuente con las “condiciones necesarias” para que los funcionarios pertinentes participen, según el comunicado de la FLIP.

La Unidad de Protección Nacional, fundada en 2011, protege a cientos de personas amenazadas, entre ellas dirigentes sindicales, activistas de derechos humanos, políticos y periodistas, según datos del CPJ.