Por John Otis, corresponsal del CPJ para la región andina
Menos de un mes después de asumir el cargo, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno organizó una tregua en el conflicto de 10 años entre el Gobierno y los medios noticiosos independientes del país al invitar a un grupo de directores de radioemisoras, canales de TV y periódicos al palacio presidencial de Carondelet, en Quito.
En el cordial encuentro de julio, que duró unas dos horas, Moreno prometió una nueva era de libertad de prensa y urgió a sus invitados a adoptar su papel fiscalizador investigando la corrupción gubernamental. Moreno concluyó declarando que el encuentro sería “el primero de muchos diálogos abiertos con ustedes”.
Su tono conciliatorio causó sorpresa. Entre 2007 y 2013, Moreno ejerció de vicepresidente leal en público al belicoso Rafael Correa, quien dejó la presidencia de Ecuador en mayo.
Durante sus 10 años en la presidencia, Correa fustigó a los periódicos en discursos transmitidos en vivo por TV. Demandó a medios noticiosos por injurias, denunció a periodistas como mentirosos corruptos, e interrumpió la programación habitual de radio y TV para transmitir propaganda gubernamental. También promulgó una de las leyes de comunicación más restrictivas del hemisferio, que llevó a la autocensura generalizada, según datos del CPJ.
Luego de tanta hostilidad, numerosos periodistas y directores entrevistados por el CPJ durante un reciente viaje a Quito declararon que el nuevo presidente había iniciado una especie de “Primavera Ecuatoriana” para la prensa.
“Es como si nos hubiesen quitado un enorme peso de encima”, declaró al CPJ Juan Carlos Calderón, fundador y director del sitio de periodismo investigativo Plan V.
Calderón y otros periodistas señalan que desde que Moreno prestó juramento al cargo el 24 de mayo, Moreno ha frenado al organismo fiscalizador gubernamental encargado de sancionar a las organizaciones noticiosas. También ha reorganizado a los medios estatales, que solían servir de megáfonos de Correa. Y, según los entrevistados, Moreno ha prometido eliminar los artículos más abominables de la ley de comunicación.
“Pensé que Moreno iba a ser la marioneta de Correa”, expresó Martín Pallares, fundador del sitio noticioso independiente 4pelagatos, que ha sido crítico de ambos dirigentes. “Pero él podría pasar a la historia como el gran reformador, como el que borra el legado de Correa”.
Todavía es muy temprano en el mandato de cuatro años de Moreno. Además, su acercamiento a la prensa y sus denuncias de actos de corrupción cometidos por exfuncionarios del Gobierno de Correa han motivado la airada respuesta del exmandatario, quien ha catalogado a su sucesor de traidor. En el Congreso ecuatoriano, el partido gobernante Alianza País está dividido entre legisladores leales a Correa y legisladores que respaldan a Moreno, lo cual le podría dificultar la aprobación de leyes al nuevo presidente.
Al parecer la mayoría de los ecuatorianos respalda a Moreno. De acuerdo con una encuesta de Cedatos-Gallup divulgada en septiembre, la aprobación de la gestión del mandatario es del 77 %.
El secretario nacional de Comunicación de Moreno, Alex Mora, no respondió a un mensaje de correo electrónico del CPJ que solicitaba una declaración al respecto. En entrevista concedida a la BBC el 22 de septiembre, Moreno se refirió a la ley de comunicación como a una “buena ley”, y agregó: “Tal vez haya que hacer algún cambio. En la práctica, estamos demostrando que no necesariamente debe ser una ley punitiva, sancionadora, castigadora, sino más bien una ley orientadora y que los organismos así se comporten”.
Para Pallares la más clara señal de que los tiempos están cambiando llegó durante una reciente comparecencia suya ante los tribunales para defenderse en una demanda por difamación interpuesta por Correa. El expresidente había demandado al periodista por un artículo satírico que Pallares había publicado en abril, en el cual describía a Correa como un arrepentido ladrón de joyas y como alguien que daba excusas por los funcionarios de su Gobierno que han sido acusados de corrupción.
Durante la gestión de Correa, los expertos en jurisprudencia sostienen que Correa llenó los tribunales ecuatorianos con sus partidarios, lo cual le permitió salir vencedor en numerosas batallas contra los medios, entre ellas una demanda por injuria que reclamaba una indemnización de USD 40 millones contra el diario de Guayaquil El Universo. Sin embargo, el 2 de julio, un magistrado de Quito declaró a Pallares no culpable.
“Ahora que Correa ya no está, quizás los jueces se sintieron lo suficientemente libres como para hacer lo correcto”, declaró Pallares.
Aparte de las demandas, los periodistas y las empresas de medios privadas con frecuencia eran blanco de la Superintendencia de la Información y Comunicación, conocida como Supercom, el organismo estatal que fue creado en virtud de la ley de comunicación de 2013 con el objetivo de monitorear los medios. Durante la gestión de Correa, la Supercom emitía unas cinco sanciones por semana, según la organización de libertad de prensa Fundamedios, con sede en Quito.
Por ejemplo, la Supercom multaba a los periódicos por no publicar artículos que dieran una buena imagen de Correa o por ofrecer lo que consideraba cobertura “sin equilibrio”. Incluso le ordenó a un caricaturista editorial que “corrigiera” una de sus caricaturas, que había irritado a Correa.
Pero con el presidente Moreno, la Supercom ha permanecido inactiva en su mayor parte, mientras que los jueces ecuatorianos han anulado varios de los fallos de los tribunales, de acuerdo con César Ricaurte, director de Fundamedios.
Otro cambio es que el Gobierno de Moreno ha reducido la frecuencia de las llamadas cadenas, emisiones de mensajes gubernamentales que los canales de TV y las radioemisoras están obligados a transmitir por ley. Según Fundamedios, durante sus primeros 100 días en el cargo, Moreno interrumpió la programación habitual de radio y TV por un total de 162 minutos para explicar políticas gubernamentales. Correa, por el contrario, se adueñaba del espectro radioeléctrico durante tres o más horas cada semana, afirmó Ricaurte.
Durante el mandato de Correa, el Gobierno expandió notablemente los medios de comunicación a su cargo, en parte mediante la confiscación de dos canales de TV con problemas financieros y de El Telégrafo, el periódico más antiguo de Ecuador. Los críticos sostienen que estos medios rápidamente se convirtieron en animadores del Gobierno. Sin embargo, Moreno ha reorganizado el personal con la misión de convertir los medios en respetables organizaciones noticiosas, según Andrés Michelena, el recién designado gerente general de los medios públicos.
El Telégrafo, por ejemplo, ahora publica artículos sobre denuncias de corrupción contra funcionarios del Gobierno de Correa. Hasta el momento, el periódico ha tratado suavemente a Moreno, pero eso pudiera cambiar, Michelena declaró al CPJ.
“No estamos publicando propaganda”, Michelena afirmó en entrevista en su oficina en Quito. “Si vemos que Lenín Moreno comete errores o se involucra en la corrupción, denunciaremos eso. Lenín Moreno nos ha pedido que lo hagamos”.
Los periodistas independientes aplauden estas medidas, pero señalan que el restrictivo marco legal de Correa, incluida la ley de comunicación, sigue vigente. Ello significa que Moreno o cualquier futuro presidente ecuatoriano que se frustre con las críticas vertidas por los medios podría acudir a estas disposiciones para reprimir a los periodistas, Pallares declaró al CPJ.
Michelena declaró al CPJ que el Gobierno de Moreno apoyaba la reforma, aunque no la derogación, de la ley de comunicación, y que estas iniciativas de reforma probablemente comenzarían a inicios del próximo año.
De acuerdo con Michelena, funcionarios gubernamentales han sostenido unos 20 encuentros con periodistas, directores, propietarios de medios y Fundamedios para estudiar maneras de reformular la ley para que se adecue a la normativa internacional en materia de libertad de prensa. Ello exigiría eliminar las disposiciones más nocivas de la ley, como por ejemplo un enunciado ambiguo que exige que los periodistas suministren información exacta bajo pena de enfrentar sanciones civil o penales.
Otras modificaciones a la ley, según Michelena, podrían reducir el poder de la Supercom, que en la actualidad funge de organismo fiscalizador de la prensa y de juez y parte en casos de presuntas violaciones de los medios. Michelena declaró: “Ninguno de nosotros, ni el presidente Moreno, ni yo, ni los medios noticiosos, quieren una especie de Gestapo que supervise a la prensa”.