Nueva York, 3 de junio de 2016–Dos demandas penales contra periodistas interpuestas por la Presidenta de Chile y un gobernador de Perú podrían tener un efecto amedrentador sobre la prensa en los dos países sudamericanos, señaló el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó una demanda penal por la difamación contra la revista Qué Pasa el 31 de mayo, después que la revista publicó la transcripción de llamadas telefónicas implicando a la mandataria y a integrantes de familia en supuesto tráfico de influencia. Un portavoz de la presidenta indicó que Bachelet interpuso la demanda como ciudadana privada no como presidenta, según informes de prensa.
En un caso distinto en el vecino Perú, el gobernador de Callao, Félix Moreno, interpuso una demanda contra el periódico Perú21 y su director, Juan José Garrido, sobre un informe detallando una investigación fiscal sobre mala conducta por parte de fiscales. La demanda fue interpuesta el 15 de abril, pero el periódico solo fue informado sobre la decisión del tribunal de aceptar el caso el 16 de mayo, según Perú21.
“Instamos a Presidenta Bachelet y al Gobernador Félix Moreno retirar las demandas criminales sobre difamación,” señaló Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ. “La difamación nunca debe ser tratado como un asunto criminal, pero el uso de estas leyes arcaicas es aún más chocante cuando es iniciado por funcionarios públicos, quienes deben ser sometidos a un mayor nivel de escrutinio.”
En febrero de 2015, Qué Pasa publicó un informe alegando que Caval, una empresa que pertenece a la nuera de la primera mandataria, podría haber sido beneficiada indebidamente por las conexiones políticas de su dueña en un negocio de propiedad inmueble en 2013. Bachelet, su hijo, y su nuera han negado cualquier delito, según informes de prensa.
Bachelet interpuso la demanda penal contra la revista el 31 de mayo, cuatro días después la publicación de las transcripciones de llamadas telefónicas de 2015, grabadas tras una intervención autorizada por el juez que preside la investigación, entre el gestor inmobiliario Juan Díaz, quien es un miembro influyente del partido Unión Democrática Independiente e individuos no identificados. En esas llamadas Díaz indicó que la presidenta habría sido posible beneficiaria del acuerdo y que si él publicaba el acuerdo, Bachelet tendría que renunciar.
Díaz ha negado haber cometido algún delito en el caso, según informes de prensa.
En una conferencia de prensa el primero de junio, Bachelet leyó una breve declaración reconociendo que “una democracia fuerte y madura necesita de un periodismo serio y riguroso” y prometiendo a “siempre apoyar la libertad de expresión,” pero señalando que ella estaba “haciendo uso del derecho a [defenderse]…de mentiras e injurias que afectan lo más preciado que tiene una persona: su honra”. La presidenta no aceptó preguntas de los periodistas presentes.
En una declaración publicada por Qué Pasa en su sitio el 31 de mayo, la revista expresó que había reeditado partes de una de las transcripciones “según nuestros estándares editoriales”, pero defendió su tarea informativa y condenó a la demanda por difamación como un ataque contra la libertad de prensa.
En el caso de Perú, Moreno, el gobernador de la región costera de Callao, interpuso una demanda penal sobre la difamación con respeto a un informe de octubre de 2015 de Perú21 sobre la investigación de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de la Fiscalía de Callao sobre cuatro fiscales y un juez quienes habían fallado en investigar un supuesto desalojo ilegal ordenado por Moreno como parte de un negocio de tierras. El gobernador presentó la demanda contra el director de Perú21 Juan José Garrido y demandó al periódico por 700 millones de soles peruanos [$US $207,000] por daños, según informes de prensa. El artículo 99 del Código Penal de Perú permite acciones civiles contra “contra los terceros cuando la sentencia dictada en la jurisdicción penal no alcanza a éstos”.
Moreno ha manifestado que no hubo irregularidades en el negocio de tierras, según informes de prensa. Los intentos del CPJ para comunicarse telefónicamente con la oficina del gobernador Moreno no fueron contestados.
El CPJ ha documentado anteriormente cómo el uso de anticuadas disposiciones penales sobre difamación ha limitado el alcance de investigaciones periodísticas. En febrero, el CPJ viajó a Perú para divulgar un estudio comparativo de las disposiciones legales sobre difamación en las Américas. Tras el lanzamiento del informe, que fue elaborado para el CPJ por el estudio de abogados Debevoise & Plimpton LLP en colaboración con la Fundación Thomson Reuters, el presidente del Congreso peruano propuso eliminar la figura del delito de difamación del código penal.
Aunque los casos de difamación criminal han sido menos frecuentes en Chile, el código penal todavía mantiene cláusulas que incluyen penas de hasta tres años en la cárcel por difamación.