Corte invalida secciones de decreto que imponía restricciones a la prensa extranjera

Nueva York, 3 de diciembre del 2002 ­ La Corte Constitucional de Colombia invalidó secciones de un decreto que requería a los periodistas extranjeros obtener autorización del Ministerio del Interior para ingresar a las zonas de seguridad establecidas por el gobierno.

El 25 de noviembre, la Corte Constitucional de Colombia, integrada por nueve jueces, decidió en forma unánime que el anterior decreto por el cual se solicitaba a los extranjeros que viajaban a las zonas de seguridad pedir permiso al gobierno, no puede ser aplicado para el caso de periodistas que ya están acreditados, de acuerdo a la copia del dictamen obtenida por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

La corte decidió que otros elementos clave de las nuevas zonas militarizadas, como los registros sin orden judicial, arrestos e intercepción de comunicaciones, violaban la Constitución.

En septiembre, el presidente Álvaro Uribe Vélez fijó 27 municipios en tres departamentos distintos del norte y noreste de Colombia como zonas de seguridad, otorgándole a las fuerzas estatales una mayor autoridad en su lucha contra los paramilitares y las guerrillas de izquierda.

Las restricciones a la prensa, consideradas un obstáculo innecesario por muchos periodistas extranjeros, les requería enviar un fax al Ministerio del Interior señalando quién era el empleador, qué zona pensaban visitar, y el lapso de la estadía. De haber sido hallados sin permiso en la zona, los extranjeros habrían sido deportados. Los periodistas colombianos estaban exentos de cumplir con el procedimiento.

El vocero del gobierno Ricardo Galán le dijo al CPJ en octubre que las autoridades estaban preocupadas frente al eventual entrenamiento de grupos armados por parte de extranjeros. «Buscamos tener certeza que los que se dicen periodistas realmente son periodistas», indicó Galán.

El año pasado, las autoridades colombianas capturaron a tres extranjeros que han sido vinculados con el Ejército Republicano Irlandés (IRA), y los acusaron de entrenar a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el ejército rebelde más grande del país. Galán agregó que extranjeros también habían ingresado a Colombia para entrenar a fuerzas paramilitares.

Colombia se halla envuelta en un conflicto civil de 38 años que enfrenta a los rebeldes de izquierda contra el gobierno y un grupo paramilitar de derecha.

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