Nueva York, 2 de octubre de 2000 — El CPJ ha enviado una carta al Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua en la que solicita información acerca del enjuiciamiento de los periodistas Jesús Antonio Pinedo Cornejo y Luis Villagrana por cargos de difamación penal.
Pinedo Cornejo es director de la publicación semanal Semanario, radicada en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Villagrana es reportero de dicha publicación. El ex comisionado de Seguridad Pública Javier Benavides González presentó la querella por difamación a raíz de un artículo de Villagrana en la edición de Semanario del 28 de febrero de este año. El artículo, titulado «Historia de policías y narcos», afirmaba que Benavides mantenía vínculos con el narcotráfico.
Alrededor de las 7 p.m. del 19 de septiembre, agentes de la Policía Judicial del Estado arrestaron a Pinedo Cornejo en base a una orden emitida horas antes por el Cuarto Tribunal de lo Penal. él fue puesto en libertad al día siguiente tras pagar una fianza de 15 000 pesos (US$1590), fijada por la jueza María Catalina Ruiz Pacheco. Villagrana compareció ante la jueza voluntariamente y también pagó una fianza de 15 000 pesos.
La jueza Ruiz Pacheco inició oficialmente los procesos contra los periodistas el 26 de septiembre. Aunque ambos periodistas se encuentran actualmente en libertad bajo fianza, podrían ser sentenciados a dos años de cárcel si son hallados culpables. Benavides, entretanto, renunció a su cargo de comisionado de Seguridad Pública de Ciudad Juárez el 18 de septiembre; se espera que él se incorpore al equipo de seguridad del presidente electo Vicente Fox Quesada.
Pinedo Cornejo dijo a reporteros locales que el caso se movía con «extraña rapidez», pues la policía local usualmente tarda mucho más en ejecutar órdenes de arresto. En correspondencia con el CPJ mediante correo electrónico, Pinedo Cornejo afirmó además que ha habido numerosas violaciones del debido proceso. Por ejemplo, señaló, a los periodistas no se les informó oficialmente sobre la demanda que Benavides presentó contra ellos, sino que se enteraron por la prensa local.
En una carta enviada el 29 de septiembre a Arturo González Rascón, Procurador General de Justicia de Chihuahua, el CPJ solicitó urgentemente que se aclararan estas presuntas violaciones del debido proceso.
«Si bien el CPJ cree», subraya la carta, «que los periodistas deben ser responsables de lo que escriben, creemos que cualquier disputa a raíz de un artículo debe ser resuelta en el ámbito civil, particularmente en los casos que implican a funcionarios públicos, quienes están sujetos al escutrinio y la crítica de los ciudadanos a quienes sirven. La libertad de expresión les está garantizada a todos los mexicanos bajo el Artículo 6 de la constitución. Nuestra opinión es que penalizar las infracciones relacionadas con la expresión de ideas viola ese derecho fundamental».