Colombian authorities seize a Los Paisas weapons cache in August 2009. (Reuter/Fredy Amariles)
Colombian authorities seize a Los Paisas weapons cache in August 2009. (Reuter/Fredy Amariles)

In Colombia, gang threats force reporter to flee

My chance encounter last year with Los Paisas, a criminal gang that operates in northern Colombia, began a nightmare that continues today. I was heading to an assignment in a tourist area south of Montería on July 9, 2009, when Los Paisas gang members blocked my car. The gang was meeting with local landowners nearby–and journalists were not welcome.

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I revised my plans and interviewed several local peasants, who denounced these gangsters who had been ransacking and firing on their homes. The gang members were said to be protecting powerful local landowners. Based on these interviews, I aired a special report on Montería-based Radio Panzenú. A few days later I began receiving death threats from a man who identified himself as a spokesperson for Los Paisas. He ordered me to stop reporting on crime.

The threats grew more serious in April 2010, when a flier signed by Los Paisas reached the radio station: I would be shot to death, it said, on the streets of Montería that month. The flier stoked the fears of local journalists already anxious after the murder of Clodomiro Castilla Ospino, a colleague gunned down by two hit men at his home in Montería a few days before. Three other local investigative reporters also reported receiving death threats about that time.

I reported my case to the prosecutor’s office, which assigned a police officer to guard me during my daily duties. I started taking a taxi to the radio station because walking or using public transportation were no longer safe.

In places like Montería, one can sense the fear among the population. I started to feel marginalized. The managers at my radio station feared my presence in itself represented a threat to the station, so they recommended I take some time off. Some journalists, rather than condemning the threats, seemed to shift responsibility to me by accusing me of speaking too much. Fortunately, throughout this painful ordeal, I could count on a loyal ally–my family.

On May 27, the threats became ever more real. Unidentified men in two vans arrived at my home, with one of them demanding that I stop broadcasting anything about Los Paisas. He urged me to forward that message to the entire local press corps. When I refused, he ordered me to flee Montería. Otherwise, he said, they would hurt my family.

Four hours later I landed in Bogota with no return ticket.

As a 58-year-old man, I’ve lived enough to say that fleeing is not an act of cowardice. I did so because of my wife and children, and because I don’t have enough either economic or legal resources to stop such a powerful enemy.

Unemployed, I still endure a nightmare in Bogota. In the capital, nobody wants to hire a threatened, provincial journalist. Yet I don’t regret having reported on the illegal actions carried out by criminal gangs in my country. As a journalist I couldn’t have done otherwise.

Amenazas de bandas criminales llevan al exilio a reportero colombiano

Por Edgar Astudillo / Bloguero invitado del CPJ

Autoridades colombianas encuentran armamento de Los Paisas en agosto de 2009 (Reuter/Fredy Amariles)
Autoridades colombianas encuentran armamento de Los Paisas en agosto de 2009 (Reuter/Fredy Amariles)

Aquel encuentro con Los Paisas, un grupo armado que opera en el norte de Colombia, fue el comienzo de una larga pesadilla que hasta hoy me persigue. Era el 19 de julio de 2009, yo me dirigía a un sector turístico situado al sur de Montería, cuando Los Paisas me bloquearon el camino y me advirtieron que no podía pasar porque ellos estaban reunidos con ganaderos de la zona y no querían la intromisión de periodistas.

Ese mismo día cambié mis planes y entrevisté a campesinos de la zona, quienes relataron que Los Paisas y otras bandas criminales habían incendiado sus casas y los habían despojado de sus pertenencias. Las bandas criminales supuestamente estaban defendiendo los intereses de los grandes terratenientes. Con base en los testimonios de los campesinos, hice un informe que transmití por Radio Panzenú de Montería. Pocos días después comencé a recibir amenazas de muerte de un individuo que se identificaba como vocero de Los Paisas y me ordenaba dejar de informar sobre crímenes en la zona.

Las amenazas se hicieron más palpables en abril de 2010, cuando recibí un panfleto, firmado por Los Paisas, que indicaba que me darían de baja en una calle cualquiera de Montería, en un día cualquiera de abril. El temor que inflingía el panfleto se sumó a la angustia que todos los periodistas locales vivíamos por ese entonces, cuando hacían pocos días que el periodista Clodomiro Castilla Ospino había sido asesinado por dos sicarios en la puerta de su casa en Montería. Por ese entonces, otros tres periodistas de investigación de la zona también denunciaron ser víctimas de amenazas.

Informé de mi caso a la fiscalía y me asignaron un policía que me acompañara en mis tareas diarias. Comencé a tomar un taxi que me trasladara hasta la radio porque caminar o usar el transporte público ya no eran seguros para mí.

Sufrí también el rechazo que las personas amenazadas padecen en una ciudad como Montería donde el miedo se respira. La gerencia de la radio pensaba que con mi sola presencia podían sufrir un atentado y me recomendaron tomar vacaciones por adelantado. Algunos colegas, en lugar de rechazar las amenazas, parecieron responsabilizarme por éstas y me acusaron de abrir la boca demasiado. Por suerte, en todo ese duro período tuve a mi lado a un aliado incondicional: mi familia.

El 27 de mayo las amenazas se hicieron más patentes que nunca. Desconocidos a bordo de dos camionetas llegaron hasta mi casa y uno de ellos me exigió que no hablara “ni mal ni bien de Los Paisas. Me instó también a que hiciera llegar el mensaje a toda la prensa local. Ante mi negativa, me ordenó que me fuera de Montería. Si no lo hacía -me dijo- le harían daño a mi familia.

Cuatro horas después, aterricé en Bogotá sin boleto de regreso a Montería.

A mis 58 años de edad, he vivido lo suficiente como para saber que huir del peligro no es un acto de cobardía. Lo hice por mi esposa y mis hijos, y porque no tengo capacidad defensiva, ni económica ni jurídica para hacer frente a un enemigo tan poderoso.

Desempleado, en Bogotá todavía enfrento a esta pesadilla. En la capital, nadie quiere contratar a un periodista de provincia amenazado. Pero, no me arrepiento de haber denunciado la presencia de bandas criminales en mi tierra. Como periodista no podía hacer una cosa diferente.