Bogotá, 12 de noviembre de 2021 – Las autoridades peruanas deben poner fin inmediatamente a la investigación penal que han abierto contra el periodista Ernesto Cabral, y deben permitirle a él y al equipo de Ojo Público desarrollar su labor sin ser objeto de hostigamiento, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 9 de noviembre, Ojo Público, un portal de noticias con sede en Lima, informó que la Fiscalía peruana había presentado un pedido para levantar el secreto de las comunicaciones de Cabral y había abierto una investigación preliminar contra el periodista por sus trabajos sobre un escándalo de corrupción que implica al expresidente peruano Ollanta Humala y a un exasesor suyo, el empresario Martín Belaunde.
La Fiscalía comenzó a investigar a Cabral en junio de 2021, pero no le hizo llegar una notificación sino hasta octubre, según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), organización defensora de la libertad de expresión con sede en Lima. Al término de la investigación preliminar, la Fiscalía decidirá si procesa formalmente al periodista, declaró Cabral al CPJ por aplicación de mensajería. De ser condenado, Cabral pudiera ser sentenciado a una pena de entre cuatro y seis años de privación de libertad, según Ojo Público.
“Los periodistas deben poder informar sobre cuestiones confidenciales, como el tema de la corrupción, sin ser objeto de hostigamiento judicial ni represalias por su labor”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades peruanas deben archivar la investigación penal contra Ernesto Cabral y permitirle a él y al equipo de Ojo Público realizar su trabajo libremente”.
La investigación preliminar se deriva de un artículo publicado el 3 de noviembre de 2019 por Ojo Público y The Intercept Brasil sobre Belaunde, quien enfrenta un proceso judicial por el delito de asociación ilícita, y sus presuntos intentos por acogerse al beneficio de la colaboración eficaz en la causa penal contra Humala, quien ejerció la presidencia de Perú de 2011 a 2016, declaró Cabral al CPJ.
Humala se encuentra a la espera de juicio por presuntamente haber aceptado más de 12 millones de soles (tres millones de dólares estadounidenses) de Odebrecht, una constructora brasileña, para su fallida campaña a las elecciones presidenciales de 2006. Por su parte, Belaunde ha sido procesado judicialmente por los delitos de lavado de activos y malversación en esta misma causa penal, según versiones periodísticas.
El artículo publicado en noviembre de 2019 por Ojo Público y The Intercept Brasil contenía seis audios de conversaciones entre Belaunde y dos fiscales que aparentemente asesoran a Belaunde sobre lo que debería declarar en caso de testificar contra Humala e instan a Belaunde a asegurarse de que su versión de los hechos coincida con la versión del Gobierno.
El 4 de noviembre de 2019, el abogado de Belaunde, Luis de la Cruz, presentó una querella contra Cabral, argumentando que, al revelar ilegalmente el nombre de su cliente, Cabral había perjudicado la capacidad de Belaunde de actuar en calidad de testigo de la Fiscalía, según versiones noticiosas.
Sin embargo, expresó Cabral, varios medios informativos peruanos ya habían informado que Belaunde contemplaba colaborar con la Fiscalía en calidad de testigo, y en una audiencia pública celebrada el 19 de agosto de 2019 y transmitida por la televisión peruana, de la Cruz había revelado que Belaunde había colaborado con la Fiscalía en el proceso penal por corrupción desde 2015, según Ojo Público. Carlos Rivera, abogado de Ojo Público, declaró al IPYS que las identidades de los colaboradores eficaces han sido comunes en los medios de comunicación.
De la Cruz no respondió a mensajes de voz que el CPJ le envió para obtener una declaración. El CPJ envió un correo electrónico a Patricia Escudero, vocera del Ministerio Público, y le solicitó una declaración sobre el asunto, pero Escudero no respondió inmediatamente.