Calderón inicia una vista de dos días a Washington para reunirse con Obama y dirigir un mensaje ante el Congreso estadounidense.
Una ola de violencia sin precedentes vinculada con el crimen organizado ha crecido en forma acelerada en los últimos años, a pesar de la decisión de Calderón de desplegar más de 25 mil efectivos del ejército y la policía federal para combatir al narcotráfico. Asesinatos y desapariciones de periodistas han convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa, según la investigación del CPJ.
Los efectos de la violencia pueden sentirse a ambos lados de la frontera. La autocensura es generalizada como resultado del miedo y está impidiendo que los medios mexicanos cumplan con su labor informativa, mientras que periodistas estadounidenses que cubren el narcotráfico también han sido víctimas de amenazas e intimidación. La violencia ha alcanzado tal nivel que las organizaciones criminales ejercen censura efectiva sobre temas clave que tienen impacto en ambos sectores de la frontera.
“El nivel de violencia contra los periodistas en México se ha convertido en una preocupación internacional y tiene que ser incluido en la agenda bilateral”, afirmó el Director Ejecutivo del CPJ, Joel Simon. “Si bien le corresponde al gobierno mexicano afrontar este problema, el Presidente Obama debe dejar en claro que los Estados Unidos tienen una profunda inquietud sobre la situación y la consideran una prioridad”.
Desde que Calderón asumió su mandato en diciembre de 2006, 20 periodistas han sido asesinados en México, al menos cinco de ellos en represalia directa por su trabajo. La situación ha sido particularmente alarmante en aquellas áreas donde poderosos carteles de la droga luchan por el control territorial. El clima peligroso es potenciado por la cultura de impunidad, ya que al menos el 90 por ciento de los crímenes contra la prensa no se resuelven.
Cuatro periodistas han sido asesinados en lo que va de 2010. Las víctimas incluyen al reportero Valentín Valdés Espinosa, quien fue encontrado muerto el 8 de enero, en Saltillo, al norte de México. Como reportero del periódico Zócalo de Saltillo, Valdés había cubierto un operativo del ejército mexicano en el cual uno de los líderes del cartel del Golfo fue arrestado.
Además de los asesinatos de periodistas, seis reporteros se encuentran desaparecidos desde diciembre de 2006. El informe especial del CPJ “Los Desaparecidos”, publicado en septiembre de 2008, reflejó una marca casi sin precedentes en los casi 30 años de documentación del CPJ. El pico en el número de desaparecidos reflejaría la presunta participación de funcionarios del gobierno, informó el CPJ. Los periodistas habían investigado sobre corrupción en el gobierno y crimen organizado antes de que fueran asesinados o desaparecieran, según la investigación del CPJ.
En abril, el CPJ lanzó su Índice de Impunidad, una lista de países donde los periodistas son asesinados en forma regular y los gobiernos fallan en su intento por resolver estos crímenes. México está entre los diez peores países en el mundo en materia de impunidad, según la investigación del CPJ.
A partir de esta ola de violencia, una delegación del CPJ se reunió con Calderón en junio de 2008 en Ciudad de México. Luego de la reunión, Calderón manifestó su compromiso para federalizar los crímenes contra la libertad de expresión. La delegación le presentó una serie de principios para salvaguardar la libertad de expresión de todos los ciudadanos, incluyendo los periodistas, y para hacer que los crímenes contra la libertad de expresión pasen a ser una responsabilidad de las autoridades federales, en lugar de las autoridades estatales.
El CPJ ha defendido vigorosamente los intentos por establecer una legislación federal, con el argumento de que proporcionaría a la sociedad mexicana un marco legal más apropiado para la protección de la libertad de expresión. En respuesta a la campaña del CPJ, en octubre de 2008, Calderón envió al Congreso una iniciativa de enmienda constitucional para que los delitos tengan carácter federal “cuando se encuentren relacionados con violaciones a valores fundamentales de la sociedad, la seguridad nacional, los derechos humanos o la liberad de expresión y, por sus características de ejecución o relevancia social, trasciendan el ámbito de los estados”. La reforma permanece estancada en el Congreso.
“Los asesinatos y el silencio están dejando una huella enorme en la prensa al tiempo que socavan la democracia mexicana”, aseguró Simon. “Acciones inmediatas son necesarias. El presidente Calderón debe mantener su compromiso para la protección de la libertad de expresión y alentar al Congreso a que sancione una legislación para crear un sistema de responsabilidad a nivel federal”.