Ciudad de Guatemala, 27 de agosto de 2021 — Las autoridades nicaragüenses deben retirar inmediatamente la acusación penal que han presentado contra Carlos Fernando Chamorro y dejar de utilizar el sistema judicial para hostigar y silenciar a la prensa, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 24 de agosto, el Ministerio Público nicaragüense publicó un comunicado en el cual anunciaba que se había acusado a Chamorro, director del medio digital nicaragüense Confidencial, de los delitos de lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida; y gestión abusiva.
“Los cargos penales presentados contra Carlos Fernando Chamorro, uno de los periodistas nicaragüenses más conocidos, demuestran que el Gobierno del presidente Daniel Ortega se propone acallar las voces críticas a toda costa”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades nicaragüenses deben retirar inmediatamente los absurdos cargos presentados contra Carlos Fernando Chamorro y poner fin a la desvergonzada campaña para intimidar y amenazar a la prensa”.
Chamorro, quien ha estado exiliado en Costa Rica desde junio, declaró en una transmisión en directo en el canal de YouTube de Confidencial el 25 de agosto que consideraba que los cargos eran un intento de “silenciar a un periodista, intentar matar la libertad de prensa y la libertad de expresión”.
Además, Chamorro anunció ayer que Confidencial suspendería un resumen noticioso semanal que desde febrero se había transmitido en la emisora nicaragüense Radio Corporación, por causa de presiones de las autoridades y la reciente acusación penal contra él, según un artículo del portal de noticias nicaragüense Artículo 66. Chamorro expresó que el programa ahora se transmitiría en la página de Facebook de Confidencial, según el artículo.
El 20 de mayo, agentes de la policía antidisturbios allanaron la sede de Confidencial en Managua y detuvieron durante siete horas al camarógrafo Leonel Gutiérrez, como el CPJ lo documentó. La publicación también fue allanada en 2018.
Según el comunicado del Ministerio Público, la investigación contra Chamorro por los presuntos delitos financieros se inserta en un proceso de investigación más amplio que se adelanta contra su hermana Cristiana Chamorro, candidata en las elecciones presidenciales de noviembre y exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización defensora de la libertad de expresión. Cristiana Chamorro está en arresto domiciliario desde el 2 de junio, mientras las autoridades la investigan por varios delitos, entre ellos el de lavado de dinero, según versiones noticiosas.
El comunicado anunciaba la presentación de una acusación penal contra otro de los hermanos Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, y siete exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entre ellos Marcos Antonio Fletes Casco, Walter Antonio Gómez Silva, Guillermo Medrano, Ana Elisa Martínez Silva y Lourdes Arróliga.
Fletes y Gómez han estado detenidos desde el 28 de mayo, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pedro Joaquín Chamorro ha estado detenido desde el 25 de junio, según el portal de noticias Infobae.
En febrero, la fundación comunicó que suspendía sus actividades porque se negaba a cumplir una nueva ley que requería a las organizaciones que recibían fondos del extranjero registrarse como agentes extranjeros, según versiones noticiosas y un comunicado de la organización, a la cual Carlos Fernando Chamorro no está vinculado.
El CPJ llamó al Ministerio Público nicaragüense para obtener una declaración, pero la persona que respondió la llamada dijo que no tenía información sobre los cargos presentados contra Chamorro y que el responsable de prensa no estaba disponible para ofrecer una declaración.
El CPJ se comunicó con Chamorro por aplicación de mensajería, pero el periodista declaró que no podía pronunciarse sobre el asunto y remitió al CPJ a las declaraciones que ha dado en el canal de YouTube de Confidencial.
El CPJ ha documentado la campaña que el Gobierno ha emprendido este año contra la prensa nicaragüense, la cual abarca el allanamiento policial contra la sede de La Prensa, el único diario impreso que circula en Nicaragua, amenazas con presentar acusaciones penales contra periodistas críticos y el encarcelamiento del periodista Miguel Mendoza, quien fue detenido en junio.