Nueva York, 21 de noviembre de 2008–El fallo que ordena el arresto del conocido periodista colombiano Alejandro Santos Rubino es un acto de censura, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas. Una jueza de Bogota ordenó el arresto de Santos, director de la revista semanal nacional Semana, por no haber cumplido las instrucciones de la corte en una acción legal por daño a la honra, el buen nombre y la intimidad.
La jueza 16 penal del Circuito de Bogotá, Amanda Vargas de Norato, expidió una orden de arresto contra Santos el jueves después de que Semana no siguiera las instrucciones exactas de una rectificación en una acción legal por daño a la honra, el buen nombre y la intimidad decidido en agosto, según fuentes del CPJ e informes de la prensa local. Santos fue acusado de desacato. La Jueza Vargas ordenó el arresto de Santos por tres días en la estación de policía más cercana a su casa o en las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y a pagar una multa de 2.7 millones de pesos (US$1,200), informó el diario nacional El Tiempo. De acuerdo con la ley colombiana, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá debe revisar la orden expedida por la Jueza Vargas dentro de los tres días siguientes.
La decisión del jueves proviene de una acción de tutela, o recurso de amparo, iniciada por José Alfredo Escobar Araújo, antiguo presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Santos indicó al CPJ. Mediante la acción de tutela, Escobar alegó que Semana y Santos, en su condición de director de la revista, habían vulnerado sus derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad en un artículo publicado el 28 de abril que describía una relación cercana entre un particular controvertido con supuestos nexos con el tráfico de drogas, y varias personalidades públicas, entre ellas Escobar, informó la prensa local.
El 11 de agosto, un juez de Bogotá falló a favor de Escobar, y ordenó a Semana a publicar una rectificación, la cual fue hecha por la revista, Santos declaró al CPJ. El 12 de septiembre, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá encontró insuficiente la rectificación publicada por Semana, y ordenó una segunda rectificación, de acuerdo con los informes de prensa locales. Semana publicó una segunda rectificación pero no siguió las pautas exactas establecidas por el tribunal, las cuales ordenaban a la revista a publicar la rectificación en la portada.
“Todo el proceso legal ha estado profundamente viciado y socava la vitalidad de los medios colombianos al permitir que un juez determine que puede y que no puede ser publicado”, señaló Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Ordenar el arresto de Alejandro Santos por desacatar una orden de rectificación debilita las protecciones para la libertad de prensa en Colombia. Instamos a las autoridades judiciales colombianas a desestimar el caso”.
Semana ha sido instrumental en la revelación de una serie de escándalos que han sacudido al gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez. A fin de 2006, la revista publicó una serie de artículos de investigación sobre los vínculos entre grupos paramilitares de derecha, funcionarios y políticos colombianos. Más de 50 políticos y funcionarios han sido arrestados como consecuencia, según informes de la prensa.