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Solidaridad en Sinaloa: periodistas, y otros grupos debaten crisis mexicana

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Ciudadanos, funcionarios y grupos de la sociedad civil se reunieron con periodistas el martes para un debate sobre el estado de la libertad de prensa en Sinaloa. (Ron Bernal)

Un frente unificado es crucial para enfrentar la crisis de libertad de prensa en el violento estado mexicano de Sinaloa, indicó el martes María Teresa Ronderos, periodista colombiana e integrante de la junta directiva del CPJ. Estaba hablando ante una sala repleta de periodistas de diarios, radio y televisión; miembros de la sociedad civil; legisladores estatales; líderes sindicales; activistas de derechos humanos, e incluso ciudadanos comunes, quienes se habían reunido para debatir la situación de la prensa en Culiacán, una de las ciudades más peligrosas de México.

El evento sirvió para celebrar el noveno aniversario del semanario Ríodoce, una de las pocas publicaciones en Sinaloa que investiga en profundidad a los narcotraficantes que operan en la región, así como el lanzamiento del informe anual del CPJ, Ataques a la Prensa en 2011. Más de 120 personas se reunieron en el Hotel San Marcos en el centro de Culiacán, que es la base del cartel de Sinaloa, una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas.

Un video mostrando los peligros para los periodistas locales que informan sobre el narcotráfico y el crimen organizado, utilizando las estadísticas compiladas por el CPJ, fue presentado por Alejandro Sicairos, subdirector de  Ríodoce. Incluyó el caso del asesinato más reciente en Sinaloa: Humberto Millán Salazar, un reportero asesinado a balazos en esta ciudad en agosto de 2011. Millán era el presentador de un programa en Radio Fórmula, y dirigió y escribió una columna para A Discusión, un sitio web de noticias. Su asesinato, coma la mayoría de los crímenes contra la prensa en este país, permanece sin resolverse. La impunidad y la falta de voluntad política para investigar crímenes contra la prensa sólo agrava los desafíos que ya enfrentan los periodistas cuando cubren el crimen organizado y la corrupción, señaló Sicairos.

El CPJ decidió lanzar su informe en Sinaloa en solidaridad con los periodistas que trabajan bajo amenaza, no sólo en Culiacán y Sinaloa sino en toda la región, donde la prensa desarrolla sin garantías de seguridad en zonas de alta peligrosidad. Reiteré que el problema de la violencia supera a la prensa y está afectando actualmente derechos fundamentales de todos los mexicanos, lo que socava la estabilidad democrática. El gobierno federal, agregué, debe asumir la responsabilidad de una crisis nacional que pone en peligro a la democracia.  

Mike O'Connor, representante del CPJ en México, señaló que mientras el crimen organizado controla cada vez más territorio, está inhibiendo el trabajo de la prensa local  y privando a los ciudadanos de su derecho a ser informados. El pueblo mexicano está más desinformado acerca de los problemas vitales que afectan sus vidas diarias, indicó O'Connor, agregando que el gobierno del Presidente Felipe Calderón ha fracasado en su intento de aplicar reformas eficaces para combatir la violencia contra la prensa.   

Mientras tanto, los criminales han adoptado una nueva capacidad de alta tecnología que está siendo utilizada en todo el mundo para acallar a la prensa, indicó Danny O'Brien, coordinador de campañas de Internet del CPJ, mencionando el ataque de denegación de servicio devastador contra Ríodoce, ocurrido en noviembre. "Sé por experiencia que la voz de Ríodoce se escucha en todo el mundo. Sin embargo, si su sitio web es silenciado, no se puede leer Ríodoce en los Estados Unidos o Venezuela, o en España. Y eso es tan dañino como cerrar las imprentas acá en Culiacán", indicó O'Brien.

Ronderos, basándose en sus experiencias en Colombia, ofreció un mensaje de esperanza y algunas recomendaciones prácticas para minimizar los riesgos y el miedo y para combatir la impunidad. Instó a los periodistas a protegerse y también a sus colegas. Ningún informe vale la vida de un reportero, afirmó. Los periodistas deben desarrollar estrategias para protegerse, identificar a alguien que sepa cómo reaccionar en situaciones de emergencia, y buscar apoyo psicológico para manejar el miedo y enfrentar el trauma de ser testigo de la violencia todos los días.  Los periodistas deben crear alianzas con personas de su confianza, aunque ello signifique una unión sólo entre reporteros, señaló Ronderos.  La prensa debe denunciar cada amenaza e impulsar a las autoridades a luchar contra la impunidad, y en los casos de periodistas asesinados, investigar y presionar para que se imparta justicia.

Desacatando la importancia de que los medios, grupos de periodistas y la sociedad civil formen un frente unido, Ronderos indicó que deben impulsar el mensaje que la violencia actual es totalmente inaceptable. "Los periodistas no están reclamando privilegios", afirmó Ronderos. Si la prensa no puede hacer su trabajo, agregó,  ciudades enteras "se apagarán", los derechos fundamentales serán violados y las organizaciones criminales prevalecerán.

¿Y qué  puede hacer la gente común para apoyar a la labor de los medios en el contexto de la violencia? Esta cuestión clave provino de una consulta de un ciudadano después de nuestra presentación. En una respuesta unánime, afirmamos que los ciudadanos de Sinaloa deben ser conscientes de que los periodistas locales están arriesgando sus vidas para brindarles información que les permitirá tomar decisiones sobre muchos de los temas críticos que afectan a sus vidas. Deben instar a las autoridades a promover un clima en el que los periodistas puedan cumplir con su trabajo sin temor a represalias, señalamos.

El evento del martes ocurrió después de un día de reuniones entre la delegación del CPJ, activistas de derechos humanos, y periodistas de radio y televisión y los dos diarios más grandes de la zona, El Debate y Noroeste. También nos reunimos con el Procurador del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gomez, quien trató de asegurarnos de que su oficina está trabajando intensamente para resolver los crímenes contra periodistas, pero no mostró nada en términos de procesamientos exitosos, una tendencia común en la mayoría de los estados mexicanos. El fiscal indicó que la violencia ha disminuido recientemente y que el estado tiene un promedio de 120 asesinatos al mes, en comparación con 200 en 2010. Pero Higuera reconoció que la infiltración de la delincuencia organizada es preocupante. De hecho, admitió que en muchas ocasiones no informa a su propio personal de seguridad adonde se dirige hasta el último momento.

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