Se estima que 268 periodistas nicaragüenses han huido de Nicaragua al exilio, la mayoría de ellos a la vecina Costa Rica para escapar de lo que las investigaciones del CPJ han documentado como un sistema de represión política y acoso judicial respaldado por el gobierno contra los medios de comunicación, que a menudo impide a los periodistas —por temor a represalias contra sus familias— informar la verdad. Sin embargo, para algunos periodistas exiliados, que hablaron con el CPJ bajo condición de anonimato por razones de seguridad, esa represión los ha seguido más allá de las fronteras.
Obligados a trasladar sus operaciones para ofrecer reportajes críticos desde el exterior, los periodistas exiliados afirman que siguen siendo blanco de la seguridad del Estado nicaragüense mediante tácticas encubiertas de persuasión, coerción y presión psicológica, con el objetivo de silenciar sus voces disidentes y obtener información sobre el paradero de otras personas. Y tras el desmantelamiento por parte de la administración Trump de los fondos de USAID, los periodistas aseguran que sus vidas y sus medios de subsistencia penden ahora más que nunca de un hilo.
Una campaña encubierta de miedo e intimidación
El CPJ ha documentado ampliamente la crisis de la libertad de prensa en Nicaragua desde abril de 2018, tras el estallido de protestas antigubernamentales, que dejaron 325 muertes reportadas, entre ellas la del periodista Ángel Gahona, y el arresto de decenas de periodistas que cubrían las manifestaciones. Mediante redadas públicas y detenciones, Ortega, quien gobierna el país junto a su copresidenta y esposa, Rosario Murillo, inició una ofensiva contra los medios independientes que derivó en el cierre de decenas de medios y en un exilio masivo.
“Están cazando periodistas”, dijo a CPJ una periodista exiliada que vive en Costa Rica, después de relatar que autoridades nicaragüenses se le acercaron de forma encubierta con la propuesta de sacarla de la lista negra del país a cambio de información sobre otros periodistas exiliados. En cuestión de días, huyó de Nicaragua, negándose a traicionar a sus colegas.
“La forma en que me contactaron y lo que me ofrecieron fue lo que más me asustó”, dijo al CPJ, y añadió que muchos de sus colegas que aún están en Nicaragua están “aterrorizados y llenos de culpa por lo que podría pasarle a su familia”. Agregó: “Y quienes estamos afuera no nos sentimos diferentes”.
Dentro de Nicaragua, las familias de los periodistas han aprendido a vivir en silencio. Mantienen en secreto sus relaciones para proteger a quienes se quedaron. En la mayoría de los casos, no hay llamadas telefónicas, solo breves intercambios de mensajes cifrados. Se eliminan cuentas en redes sociales y nunca se menciona a los familiares en el exilio.
Otra periodista nicaragüense exiliada, que también solicitó el anonimato por razones de seguridad, dijo a CPJ que la policía realizó una visita sorpresa a la casa de su hermana en la capital, Managua, para interrogarla.
“Mi hermana les dijo que no había tenido contacto conmigo desde hacía años y que me odiaba”, contó la periodista.
‘La apatridia es una forma de muerte’
En abril de 2025, el CPJ se unió a otras seis organizaciones defensoras de la libertad de prensa en una declaración conjunta en la que condenaron la falta de cooperación del gobierno de Nicaragua con el proceso del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos, un mecanismo clave para evaluar los historiales de derechos humanos de los Estados miembros, que ha derivado en 279 recomendaciones para Nicaragua.
Además, las experiencias relatadas por los periodistas exiliados reflejan un patrón creciente de represión transnacional documentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN), que ha identificado ocho formas en las que el Estado viola los derechos de sus ciudadanos más allá de sus fronteras, desde la negación de pasaportes hasta la persecución de familiares y las amenazas contra ellos en el extranjero.
Gerald Chávez, director del medio digital Nicaragua Actual y representante del gremio Periodistas y Comunicadores de Nicaragua —la única asociación de periodistas que permanece activa en el país—, afirmó que vivió en carne propia las tácticas de represión transnacional de Nicaragua en 2018, cuando huyó a Costa Rica y no pudo renovar sus documentos.
En 2023, el consulado de Nicaragua en la capital costarricense, San José, se negó a emitirle un nuevo pasaporte pese a que había presentado toda la documentación requerida y realizado el pago correspondiente. Posteriormente, cuando su familia solicitó su partida de nacimiento en Nicaragua, las autoridades locales se negaron a entregarla.
“Mi país no me renueva mis documentos de identidad… mi pasaporte nunca llegará”, dijo Chávez al CPJ. Él lo llama “apatridia de facto”, o apatridia, lo que lo deja sin posibilidad de viajar, estudiar o acceder a servicios básicos en Costa Rica. Aunque Chávez puede viajar a algunos países utilizando un documento de refugiado emitido por Costa Rica, explicó que la mayoría de los países no lo reconoce y que muchas aerolíneas ni siquiera saben que existe.
“Es una especie de muerte. Una forma de paralizarte para hacer periodismo”, dijo.
Chávez y otros siete periodistas nicaragüenses han solicitado a España —que en 2023 otorgó la ciudadanía a nicaragüenses despojados formalmente de su nacionalidad— que extienda el mismo reconocimiento a personas como ellos, que han quedado, en la práctica, en situación de apatridia.
Como presidente de la asociación de periodistas, Chávez señaló que sus colegas que permanecen en Nicaragua viven bajo vigilancia constante. “Muchos han dejado de usar sus teléfonos o incluso de salir de sus casas”, dijo. “Hablar de lo que está ocurriendo en el país puede llevarte a ser acusado de difundir información falsa o de desestabilizar al Estado”.
Costa Rica ya no es un refugio seguro
Un informe trimestral de octubre de 2025 de la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia advirtió que el gobierno de Nicaragua ha intensificado una campaña para coaccionar a periodistas independientes a convertirse en informantes mediante amenazas, hostigamiento y chantaje. Cuando tácticas como el acoso digital, físico y psicológico se denuncian públicamente, los reporteros enfrentan procesos judiciales bajo la Ley de Ciberdelitos de 2020, que criminaliza la “información falsa” y se utiliza de forma rutinaria para silenciar a la prensa.
Para Sergio Marín Cornavaca, director del sitio de noticias La Mesa Redonda, los riesgos que enfrentan los periodistas exiliados en Costa Rica se volvieron innegables tras el asesinato en junio de 2025 del exmayor del Ejército nicaragüense y comentarista político Roberto Samcam en San José.
“Roberto había denunciado, una y otra vez, la existencia de células de espionaje que trabajan para el régimen nicaragüense aquí en Costa Rica”, dijo Marín. “Nadie escuchó hasta que fue demasiado tarde”.
El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) informó que está trabajando para determinar si el crimen tuvo motivaciones políticas. El viernes 12 de septiembre, las autoridades costarricenses anunciaron la detención de cuatro personas señaladas como sospechosas del asesinato de Samcam.
Tras el asesinato de Samcam, funcionarios de inteligencia costarricenses contactaron a Marín para advertirle que él también estaba siendo vigilado por el gobierno nicaragüense. “Me dijeron que yo estaba en una lista”, contó a CPJ. “Que necesitaba moverme constantemente, cambiar de casa, evitar lugares públicos”.
Se trasladó de forma temporal a la casa de un amigo durante varias semanas, una decisión que lo dejó en una situación financiera precaria. “No tengo dinero”, dijo. “No puedo dejar de trabajar, pero tampoco puedo quedarme en un solo lugar”.
Costa Rica, que antes era vista como un refugio para la prensa independiente de Nicaragua, ya no se siente segura para muchos periodistas en medio de una creciente crisis de seguridad marcada por un fuerte aumento de los homicidios en los últimos años. Las autoridades registraron 907 asesinatos en 2023, lo que convirtió a ese año en el más violento de la historia del país. En 2024, Costa Rica registró 880 homicidios, la segunda cifra más alta de su historia, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“No es seguro para nadie”, dijo Marín, al señalar que “hay crimen organizado, sicariato, y la embajada de Nicaragua aquí está llena de funcionarios del régimen que espían a la comunidad exiliada”. Según Marín, incluso funcionarios de inteligencia costarricenses han reconocido la situación y sus límites. “Me lo dijeron de frente: no tenemos la capacidad para prevenir nada”, afirmó.
Los correos electrónicos enviados por el CPJ al Ministerio del Interior de Nicaragua, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la embajada de Nicaragua en San José, en relación con las denuncias de represión transnacional, no recibieron respuesta.
Represión sin fronteras
En Costa Rica, periodistas nicaragüenses dijeron al CPJ que se han visto obligados a establecer protocolos de seguridad informales para protegerse: cambiar sus rutinas, limitar sus apariciones públicas y utilizar aplicaciones cifradas para comunicarse.
“Vives como un criminal”, dijo Marín. “Excepto que tu único delito es ser periodista”.
Mientras tanto, en Nicaragua, comentaristas y opinadores de medios progubernamentales atacan de forma rutinaria a periodistas exiliados en televisión y redes sociales, acusándolos de ser “traidores” o “agentes extranjeros”. Voceros alineados con el Estado amplifican estos mensajes para desacreditar a las voces independientes y profundizar el miedo entre quienes se encuentran en el extranjero.
“Esto alimenta la maquinaria de la intimidación”, dijo Chávez, representante de Periodistas y Comunicadores de Nicaragua.
Chávez dijo al CPJ que muchos periodistas han solicitado reubicación a través del programa de Movilidad Segura del ACNUR, en busca de asilo en España o Canadá, ahora que la administración Trump retiró a Estados Unidos de la iniciativa. Otros han dejado de ejercer el periodismo y están buscando otras formas de sostener a sus familias.
“Los ataques, las amenazas y la negación de documentación revelan un esfuerzo sistemático por silenciar voces críticas, incluso más allá del territorio nacional”, añadió Marín.
En una declaración enviada por correo electrónico, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica, encargada de analizar la información de seguridad del país, dijo al CPJ que es consciente de los riesgos que enfrentan los periodistas nicaragüenses exiliados en el país, pero que no tiene autoridad legal para brindarles protección, y agregó que su función se limita al análisis de riesgos y de posibles amenazas transnacionales.
Según la DIS, las solicitudes de protección, cuando corresponda, deben tramitarse a través de los mecanismos estatales existentes, como el programa de protección a víctimas y testigos del OIJ o la oficina de atención y protección a víctimas del Ministerio Público. El marco de protección a personas refugiadas en Costa Rica ofrece documentación y acceso a servicios básicos, pero no incluye medidas de seguridad directas.
El correo electrónico enviado por el CPJ al ACNUR solicitando comentarios sobre las medidas de protección para periodistas nicaragüenses en el exilio no recibió respuesta.