Durante más de dos décadas, los periodistas bolivianos han soportado intimidaciones, acoso judicial y violencia por parte de actores políticos decididos a silenciar las voces disidentes. Ahora, temen que esos ataques puedan intensificarse mientras el país se encamina hacia unas elecciones presidenciales altamente disputadas, en las que no hay un claro favorito.
“No estamos eligiendo entre democracia y autoritarismo”, dijo el reportero Rodrigo Fernández, de Radio Erbol, una de las emisoras más escuchadas del país. “Estamos tratando de sobrevivir en un sistema donde el periodismo es castigado desde todos los lados, nadie nos protege”.
Cuando los bolivianos acudan a las urnas el 17 de agosto, será la primera vez en 20 años que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) no presenta un candidato único en la boleta. Liderado durante 14 años por el expresidente Evo Morales, el partido ha visto fracturado su apoyo debido a una crisis económica creciente y a prácticas autoritarias. Encabezan las encuestas el empresario conservador Samuel Doria Medina, el expresidente conservador Jorge Quiroga y el dirigente del MAS Andrónico Rodríguez. Ni Morales ni el actual presidente, Luis Arce, se postulan.
Con sondeos que sitúan a Doria y Quiroga al frente, la votación podría redefinir el futuro económico y el panorama político de Bolivia tras dos décadas de dominio del MAS. Sin embargo, durante una misión de investigación al país en junio, periodistas dijeron al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que su preocupación no es quién gane, sino si finalmente mejorarán las condiciones para la prensa.
En entrevistas con el CPJ, periodistas, editores, asociaciones de prensa y la Defensoría del Pueblo expresaron escasa confianza en que el MAS o las figuras de la oposición reviertan años de censura, presión económica y violencia. Algunos temen que una victoria del MAS consolide las prácticas autoritarias, mientras que otros advierten que un gobierno conservador también podría traer represalias políticas. “Más allá de quién esté en el poder, no puedo confiar en nadie para que defienda los valores democráticos”, dijo Juan Armando Macías, editor digital de Radio Erbol.
Violencia y falta de protección
En los últimos cinco años, Bolivia ha experimentado un alarmante aumento de la violencia contra periodistas, especialmente aquellos que cubren protestas y conflictos por tierras. Según los reportes, las agresiones han sido perpetradas por simpatizantes del partido gobernante MAS, líderes sociales y grupos organizados. Para los periodistas, cubrir manifestaciones es especialmente peligroso debido al uso generalizado de dinamita, una práctica que se volvió más común después de que fuera despenalizada en 2016 bajo el gobierno de Morales. En 2019, el camarógrafo Daynor Flores Quispe resultó herido mientras cubría enfrentamientos entre manifestantes y policías en La Paz.
El 3 de mayo de 2025, la periodista Ángela Ninoska Mamani y su hijo, el camarógrafo Dahan Joaquín Vedia, fueron agredidos mientras cubrían una protesta en Quillacollo, cerca de Cochabamba, contra la operación de camiones de basura. La manifestación se tornó violenta cuando un grupo progubernamental atacó tanto a los manifestantes como a miembros de la prensa. Mamani fue golpeada y robada, y las cámaras de Vedia fueron sustraídas. Según relató Mamani, la policía la presionó para que mediara con su agresor, quien luego la amenazó con violencia sexual.
El 28 de octubre de 2021, siete periodistas de diferentes medios bolivianos cubrían un conflicto por tierras en la provincia oriental de Guarayos cuando fueron emboscados por un grupo de hombres armados. Los atacantes abrieron fuego, golpearon a los periodistas, destruyeron su equipo y mantuvieron cautivos a seis de ellos durante casi siete horas. El caso se conoció como “Las Londras”, por el nombre de la propiedad donde ocurrió el ataque.
Percy Suárez, uno de los periodistas agredidos, contó que la televisora para la que trabajaba entonces no presentó una denuncia formal ni le brindó apoyo. El proceso judicial se retrasó en repetidas ocasiones y no fue sino hasta casi cuatro años después, el 9 de julio de 2025, que el juicio comenzó oficialmente. Posteriormente fue suspendido cuando tres de los atacantes solicitaron ser juzgados bajo la justicia indígena, un sistema legal reconocido por la Constitución que permite a los pueblos indígenas administrar justicia de acuerdo con sus propias normas y costumbres dentro de su territorio.
“No me voy a rendir”, dijo Suárez al CPJ. “Logré grabar los rostros de los atacantes y siempre lucharé por justicia”.
Silvana Vicenti, periodista independiente que cubre temas ambientales y conflictos por tierras, relató haber recibido amenazas tras investigar la venta de territorio indígena a una supuesta micronación llamada Kailasa. Después de que la historia se difundiera en marzo de 2025, un líder comunitario al que había entrevistado le envió un mensaje advirtiendo: “No sabes con quién te estás metiendo”. Días después, representantes de Kailasa se presentaron supuestamente en la redacción. “Me sentí insegura”, contó al CPJ, “pero no confiaba lo suficiente en las autoridades como para denunciarlo”.
Los periodistas afirman que sus medios rara vez les brindan asistencia legal, protocolos de seguridad o apoyo emocional tras incidentes violentos. “Estamos completamente solos. No hay protección, no hay seguimiento, no hay consecuencias”, dijo un reportero.
Las asociaciones de prensa que denuncian ataques en comunicados públicos suelen ser las únicas voces que expresan preocupación.
Presión económica y administrativa
En mayo de 2025, un fallo unánime del Tribunal Constitucional de Bolivia reafirmó que ninguna persona puede ejercer más de dos mandatos presidenciales, lo que en la práctica impide que el expresidente Evo Morales —quien gobernó el país de 2006 a 2019— vuelva a postularse. A esta inhabilitación se suman graves acusaciones penales, entre ellas una imputación por estupro contra una menor de edad y otra orden de arresto pendiente, lo que añade presión legal más allá de los límites constitucionales.
Durante su presidencia, el entorno para la libertad de prensa se deterioró: los periodistas independientes enfrentaron estigmatización, acoso judicial y exclusión de la publicidad estatal, lo que fomentó un clima de intimidación que los reporteros llaman “asfixia económica”.
El gobierno controla la publicidad estatal, asignándola casi exclusivamente a medios afines. En muchas regiones, las emisoras locales dependen del financiamiento de federaciones campesinas (sindicatos de cocaleros) o de autoridades municipales, que a menudo condicionan el apoyo a la lealtad política. El uso de la publicidad como recompensa para aliados y castigo para críticos se expandió de forma constante durante la presidencia de Morales, cuyo gobierno etiquetó a la prensa independiente como enemiga del Estado.
En 2009, Morales declaró públicamente que existía un nivel “exagerado” de libertad de prensa en Bolivia y afirmó que “la prensa intimida a los políticos, no al revés”.
La Asociación Nacional de Prensa (ANP), que agrupa a muchos de los principales propietarios de diarios del país, advierte que esta forma de control económico se ha convertido en una herramienta de censura.
“El gobierno se dio cuenta de que ya no puede cerrar medios con policías o militares. Eso sería demasiado evidente. Ahora atacan nuestras finanzas”, dijo Jorge Carrasco, presidente de la ANP y gerente del periódico El Diario.
Periodistas de medios independientes también dijeron al CPJ que los anunciantes han sido hostigados o amenazados por colocar publicidad en medios críticos. Además, desde hace más de una década, los periódicos independientes han sido obligados a publicar avisos oficiales de forma gratuita, mientras enfrentan auditorías y multas punitivas impuestas por el Servicio de Impuestos Nacionales y los diferentes ministerios de gobierno. Estas entidades han dirigido auditorías retroactivas, multas excesivas y sanciones legales contra medios críticos, en lo que representantes de la prensa describen como medidas arbitrarias y con motivaciones políticas.
Nancy Vacaflor, jefa de prensa de la Agencia de Noticias Fides, señaló que las inspecciones fiscales y laborales se han convertido en una herramienta de intimidación. «Van línea por línea, factura por factura, buscando un motivo para sancionarte», dijo al CPJ.
Propietarios de medios y periodistas sostienen que el verdadero objetivo es ahogar a los medios independientes bajo presión legal y financiera, obligándolos a desviar sus escasos recursos hacia el cumplimiento de exigencias y la defensa judicial.
Vacío legal y desiertos informativos
Bolivia carece de una ley que garantice el acceso a la información pública. Aunque el Senado aprobó en octubre de 2024 un proyecto de ley que obligaría a las autoridades a entregar información pública y crearía una entidad para supervisar estos procesos, la iniciativa sigue estancada en la Cámara de Diputados. En ausencia de un marco legal, las instituciones gubernamentales no están obligadas a responder a solicitudes de información, lo que permite a los funcionarios negar el acceso sin justificación.
Además de las barreras legales, los periodistas enfrentan restricciones territoriales. En regiones como El Chapare, también conocido como el Trópico de Cochabamba, una investigación conjunta de ChequeaBolivia y Guardianadocumentó una censura generalizada, intimidación y coerción contra reporteros locales. Poderosas organizaciones sociales vinculadas al expresidente Morales ejercen presión directa sobre los periodistas, controlan medios locales y dictan las líneas editoriales.
Medios nacionales como Radio Fides y Radio Erbol han sido expulsados de la zona, y otros son atacados cuando intentan reportear allí. Varios periodistas dijeron al CPJ que evitan entrar en El Chapare por temor a persecución o violencia.
Campañas de desprestigio y acoso digital
Medios afines al Estado y figuras políticas en Bolivia han utilizado sistemáticamente campañas de desprestigio para desacreditar a periodistas independientes. Uno de los ejemplos más notorios es el término “Cartel de la Mentira”, acuñado por Morales y sus ministros para atacar a medios críticos con su gobierno. La campaña incluyó la producción de un polémico documental, acoso coordinado en línea, amenazas, doxxing y la difusión de desinformación.
Inés Gonzales, directora de Radio Erbol, recuerda cómo, durante la administración de Morales, su emisora y Radio Fides —ambas vinculadas a la Iglesia católica— fueron agredidas entre 2009 y 2019 tras ser señaladas públicamente como parte del llamado cartel.
“Cuando los periodistas eran identificados como de Erbol, eran atacados y hostigados en las calles. A uno incluso le lanzaron un petardo”, dijo Gonzales.
Ministros señalaron a estas emisoras como actores de oposición, creando un entorno hostil que persiste hasta hoy. Gonzales señaló que la campaña de estigmatización ha convertido a los periodistas en blancos frecuentes de abusos, tanto en redes sociales como en la vía pública.
El presidente boliviano, Luis Arce, participa en una reunión de emergencia convocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar la continuidad del calendario previo a las elecciones generales del 17 de agosto. (Photo: REUTERS/Ipa Ibáñez)
Raúl Peñaranda, director de Brújula Digital y exeditor del ya desaparecido periódico Página Siete, dijo que estos ataques forman parte de una estrategia más amplia para erosionar la confianza en los medios independientes. El gobierno del MAS, incluyendo a Morales y al actual presidente Arce, ha presentado a los medios críticos como engañosos y peligrosos, generando un clima hostil contra la prensa, señaló Peñaranda.
Violencia de género y amenazas contra mujeres periodistas
La Asociación Nacional de Prensa (ANP), que agrupa a muchos de los principales propietarios de diarios del país, advierte que esta forma de control económico se ha convertido en una herramienta de censura.
“El gobierno se dio cuenta de que ya no puede cerrar medios con policías o militares. Eso sería demasiado evidente. Ahora atacan nuestras finanzas”, dijo Jorge Carrasco, presidente de la ANP y gerente del periódico El Diario.
Las mujeres periodistas en Bolivia enfrentan riesgos específicos y elevados, tanto en línea como fuera de ella. Según periodistas y asociaciones de prensa entrevistadas por el CPJ, estos incluyen amenazas sexuales, campañas de difamación selectivas y acoso basado en el género por parte de funcionarios públicos, movimientos sociales e incluso colegas dentro de los medios.
Las reporteras y representantes de medios entrevistadas por el CPJ compartieron relatos de acoso sexual tanto en las calles como en el lugar de trabajo, así como amenazas de violación mientras cubrían temas delicados como protestas y disputas por tierras. El caso de Ángela Mamani es emblemático: no solo fue agredida violentamente en público, sino que luego también fue amenazada con violencia sexual por el mismo agresor, quien actuó con aparente impunidad. A pesar de la gravedad del ataque, la periodista afirmó que la policía le instó a “conciliar” con su agresor en lugar de presentar cargos.
El acoso en línea también adquiere una forma particular para las mujeres periodistas, señaló Esther Mamani, periodista independiente e integrante de la Red de Periodistas Feministas. Agregó que, debido a la falta de protocolos con perspectiva de género dentro de las organizaciones de medios, las mujeres —especialmente las indígenas— suelen ser criticadas por su apariencia y por usar su vestimenta tradicional indígena.
“Las periodistas que denuncian [todo tipo de violencia] se encuentran con frecuencia con apatía institucional”, dijo Mamani.
Esa apatía también fue señalada por Amparo Canedo, editora del medio digital Guardiana, quien la ve como parte de un deterioro más amplio de la libertad de prensa que se intensifica a medida que Bolivia se acerca a las elecciones generales de 2025.
“Ni siquiera quiero imaginar lo que pasará si el señor Morales sigue políticamente activo después de las elecciones… ya hemos vivido eso”, dijo Canedo. “Si los periodistas no pueden acceder a todas las partes de nuestro propio país, entonces ¿de qué estamos hablando? Todo el país se convertirá en un desierto informativo.”
Nota del editor: Una versión anterior de este artículo atribuyó erróneamente una cita a Amparo Canedo que correspondía a Esther Mamani. También nombraba a la ANP como Asociación Nacional de Periodistas; el término correcto es Asociación Nacional de Prensa. Esto ya ha sido corregido.