Nueva York, 18 de octubre de 2021 – El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) saludó hoy el anuncio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de que ha declarado al Estado colombiano responsable por el secuestro, violación y tortura de la periodista Jineth Bedoya Lima en 2000, y de que ha ordenado al Gobierno colombiano investigar, enjuiciar y castigar a los responsables y proteger a las mujeres periodistas mediante la inversión en programas públicos para apoyar su labor, entre otras medidas ordenadas.
“La sentencia de la Corte IDH es un reconocimiento histórico de los graves peligros que enfrentan las mujeres periodistas colombianas y de la valiente e incansable búsqueda de justicia por parte de Jineth Bedoya”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ. “Durante años el Gobierno colombiano se ha negado a reconocer su responsabilidad en el caso y a reparar el daño causado. Ya es hora de que las autoridades cumplan las medidas establecidas por la Corte IDH para otorgar reparaciones a Bedoya y trabajar para que Colombia sea un país menos peligroso para la labor de las mujeres periodistas”.
El 25 de mayo de 2000, Bedoya, entonces reportera del diario El Espectador, fue secuestrada afuera de una cárcel de Bogotá donde se encontraba para entrevistar a un exparamilitar, y fue llevada en auto a otra ciudad, donde fue golpeada y sometida a varias agresiones físicas y sexuales, según la Fiscalía General de la Nación colombiana. La Justicia colombiana ha dictado penas de cárcel contra tres de los agresores de Bedoya, quienes eran combatientes paramilitares al momento de la agresión, como el CPJ lo ha documentado. La Justicia también ha solicitado a la Fiscalía que investigue la participación de otros funcionarios de mayor nivel.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la Corte IDH en mayo de 2019, cuando determinó que el Estado colombiano había incumplido con las recomendaciones que la CIDH había emitido en enero de ese mismo año para que investigara el crimen y le otorgara a la periodista protección contra persistentes amenazas, entre otras medidas, según El Espectador.
En marzo, el equipo jurídico del Gobierno se retiró brevemente de la audiencia, después de solicitar la recusación de cinco de los seis magistrados que conocían el caso, alegando la presunta falta de imparcialidad y “falta de objetividad” en las preguntas que le hicieron a Bedoya. Posteriormente el equipo jurídico regresó al proceso. En respuesta al anuncio de la Corte IDH, el presidente colombiano Iván Duque tuiteó hoy que el Estado colombiano “acata plenamente” la sentencia.