Bogotá, 31 de agosto de 2021 – Las autoridades peruanas deben retirar la querella por el delito de difamación presentada contra el periodista Carlos Yofré López, y la Fiscalía no debe objetar la apelación interpuesta por López contra su condena en otra causa penal por el delito de difamación, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). En ambas causas, los querellantes se consideran difamados por el trabajo periodístico de López.
En una de las causas penales, López, periodista del medio independiente Radio Antena 9 y del portal de noticias de Facebook Barranca Noticias, ambos con sede en la provincia costera de Huaura, ha sido querellado por el delito de difamación por Juana Caballero, jueza superior de Huaura, según la abogada de López, Eva Gomero, quien conversó con el CPJ por aplicación de mensajería. La querella se presentó en 2018, pero tuvo su primera audiencia el 12 de agosto de 2021, tras numerosos retrasos, según un comunicado publicado en Facebook por la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) del Perú.
Caballero sostiene que López dañó su reputación al cuestionar a la jueza, en informaciones difundidas por Radio Antena 9 y Barranca Noticias, por haber incrementado su patrimonio en 600 % en un año y por revocar la prisión preventiva de un político local acusado de corrupción, según la ANP. El CPJ llamó por teléfono a Caballero para obtener una declaración, pero nadie contestó la llamada.
La querella de Caballero solicita que se dicte tres años de pena privativa de libertad al periodista y una reparación civil de 100.000 soles (USD 25.000), según Gomero.
En la segunda querella, presentada por Víctor Reyes, expresidente de la Corte Superior de Huaura, López fue condenado por el delito de difamación el 5 de agosto. El periodista fue sentenciado a dos años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 50.000 soles (USD 12.500), según una copia de la sentencia que Gomero facilitó al CPJ.
La querella de Reyes sostiene que el periodista lo difamó al difundir en 2018, mediante Barranca Noticias y su página personal de Facebook, una denuncia de acoso sexual en el lugar de trabajo contra el juez, la cual el Gobierno investigaba durante su período como presidente del tribunal, de acuerdo con Gomero.
Según la ANP y versiones noticiosas, Reyes fue suspendido del tribunal a raíz de un informe que la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial presentó en agosto de 2020, el cual investigó la denuncia de acoso y propuso la destitución de Reyes.
Gomero declaró al CPJ que López había apelado el fallo condenatorio. Reyes no respondió a los mensajes de texto que el CPJ le envió para obtener una declaración.
“Estas querellas, presentadas por miembros activos y retirados del Poder Judicial peruano, muestran cómo se emplean abusivamente las demandas penales por difamación para intimidar a los periodistas”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, desde Nueva York. “La querella pendiente por el delito de difamación contra el periodista Carlos Yofré López debe retirarse inmediatamente, y la Fiscalía no debe objetar la apelación del fallo condenatorio contra él. El Estado peruano debe reformar sus disposiciones legales sobre la difamación, para prevenir semejante abuso”.
Gomero expresó que había presentado un oficio ante la corte para trasladar la jurisdicción de ambas querellas por difamación a Lima, la capital, porque, argumenta, a López no le puede ser garantizado el debido proceso en Huaura. Gomero señaló que el juez a cargo del juzgado penal que conoce la querella contra Caballero es compañero y subordinado del querellante. Además, el actual presidente de la Sala Penal Permanente de Apelaciones de la Corte Superior de Huaura publicó una carta abierta en la página de Facebook de dicha corte el 12 de agosto, en la cual criticaba a López y sus métodos periodísticos.
“Eso es injerencia en la administración de justicia”, declaró al CPJ Zuliana Laínez, secretaria general de la ANP, por aplicación de mensajería.
El CPJ llamó a la oficina de prensa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos peruano para obtener una declaración, pero nadie respondió la llamada. La Corte Superior de Justicia de Huaura no respondió a un mensaje telefónico del CPJ.
El CPJ no pudo comunicarse con López, porque el periodista se encuentra preso desde su arresto en julio por el presunto falta de pago de la pensión alimentaria, según el medio digital que publica en Facebook Barranca Digital. Gomero señaló que López ha saldado su deuda, pero que no ha logrado que liberen al periodista.