Nueva York, 23 de junio de 2021 – Las autoridades nicaragüenses deben liberar inmediatamente al periodista Miguel Mendoza, suspender la investigación penal contra él y poner fin a la creciente campaña de hostigamiento contra la prensa independiente, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Cerca de las 9 p. m. del 21 de junio, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Mendoza y allanaron su vivienda, en Managua, según versiones de prensa y una nota de prensa publicada por la Policía esa misma noche. En la nota de prensa, la Policía acusó a Mendoza de varios delitos que se enmarcan en la amplia definición de “traición” prevista por la ley nicaragüense, pero no precisó cómo el periodista había violado presuntamente esas leyes.
La familia de Mendoza no ha podido conocer su paradero desde su detención, según una periodista nicaragüense conocedora de su situación y quien habló con el CPJ por aplicación de mensajería y solicitó el anonimato por motivos de seguridad. Además, la Policía se llevó una computadora y demás equipos de trabajo durante el allanamiento de la vivienda de Mendoza, afirmó esa fuente.
En sus casi 30 años de trayectoria periodística, Mendoza se ha dedicado a la cobertura de los deportes para numerosos medios de comunicación nicaragüenses, y es co presentador del programa deportivo radial “Doble Play”, según versiones de prensa. En los últimos años, Mendoza ha compartido sus opiniones políticas y sobre la situación de los derechos humanos, y ha criticado al Gobierno del presidente Daniel Ortega en Twitter, donde cuenta con unos 27.000 seguidores, y en Facebook, donde tiene unos 117.000 seguidores.
“Tras varias semanas de allanamientos de redacciones y frecuentes interrogatorios de periodistas, la detención del comentarista y cronista deportivo Miguel Mendoza por presunta traición es la más reciente señal de que el presidente nicaragüense Daniel Ortega está decidido a emplear todos los medios a su alcance para censurar a las voces críticas”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ. “Las autoridades nicaragüenses deben liberar inmediatamente a Mendoza, suspender la absurda investigación contra él, y cesar su implacable campaña para intimidar y amenazar a los periodistas y obligarlos a callarse o exiliarse”.
La nota de prensa de la Policía Nacional afirmaba que Mendoza está siendo investigado por varios delitos, entre ellos realizar “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”; “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”; y “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.
Estos delitos son considerados formas de traición en virtud de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, adoptada en diciembre de 2020. Según lo previsto en el Código Penal de Nicaragua, tales delitos son sancionables con penas de hasta 15 años de privación de libertad.
En febrero, las autoridades nicaragüenses modificaron el Código Procesal Penal para ampliar, de 48 horas hasta 90 días con la aprobación de un juez, el plazo por el cual los fiscales pueden detener legalmente a una persona que esté siendo investigada por la presunta comisión de un delito, según versiones de prensa.
El CPJ envió un correo electrónico a la Policía Nacional para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.
El mismo 21 de junio, la Policía allanó la vivienda de Carlos Fernando Chamorro, fundador y director del medio digital Confidencial, en Managua, pero Chamorro no estaba en casa en ese momento, según versiones de prensa. Al día siguiente, Chamorro anunció en Twitter que había abandonado el país para “resguardar nuestra libertad”. En mayo, agentes policiales habían allanado la sede de Confidencial y habían detenido a un camarógrafo por varias horas, como el CPJ lo documentó.
Desde finales de mayo, las autoridades han citado a, como mínimo, 16 periodistas para que declararan en calidad de testigos en una investigación por el delito de lavado de dinero contra la hermana de Chamorro, Cristiana Chamorro, aspirante presidencial en las elecciones que se celebrarán en noviembre y exdirectora de una organización defensora de la libertad de expresión, como el CPJ lo ha documentado.
Por otra parte, el 20 de junio la Policía arrestó a Miguel Mora, fundador y exdirector del canal 100% Noticias, quien renunció a ese cargo el año pasado para postularse como precandidato a la presidencia. Mora también ha sido acusado del delito de traición, según versiones de prensa. En 2019, Mora y su colega Lucía Pineda recibieron el Premio Internacional de la Libertad de Prensa que otorga el CPJ.