Ciudad de Guatemala, 21 de abril de 2021 – Las autoridades nicaragüenses deben cesar el hostigamiento policial contra la periodista Kalúa Salazar y deben permitir que los miembros del gremio periodístico trabajen con libertad, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 19 de abril, cerca de las 4:30 a. m., un agente de la policía antimotines situado afuera de la casa de Salazar, en la ciudad caribeña de Bluefields, agarró a la comunicadora por el cuello e intentó arrebatarle el teléfono, y un grupo de agentes le impidieron salir, según versiones periodísticas y el testimonio de Salazar, quien habló con el CPJ en entrevista telefónica.
Salazar relató que, cuando salía de la casa para emitir su noticiero matutino en la radioemisora La Costeñísima, donde ejerce de jefa de prensa, un grupo de aproximadamente 30 agentes policiales le impidió salir.
“Yo reclamé y saqué mi celular para grabar. Cuando estoy grabando, uno de los antimotines me agarra por la espalda, me tenía agarrada por el cuello y el hombro, y quería quitarme el celular”, Salazar declaró al CPJ. La periodista agregó que el forcejeo le provocó dolor en el cuello y en la espalda, pero que no recibió lesiones de gravedad.
La Policía ha mantenido una presencia habitual afuera de la casa de Salazar desde inicios de 2021, según versiones periodísticas, organizaciones de derechos humanos y declaraciones de la periodista. Salazar afirmó que el hostigamiento se debía a los temores de las autoridades por las elecciones presidenciales de noviembre y al deseo de silenciar el trabajo de La Costeñísima, uno de los pocos medios de prensa independientes de la costa caribeña de Nicaragua.
“Es inaceptable que la Policía nicaragüense lleve a cabo una campaña de vigilancia y hostigamiento contra la periodista Kalúa Salazar y su familia, y le impidan ir a trabajar”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades nicaragüenses deben ordenar inmediatamente a la Policía que deje de vigilar la casa de la periodista y la deje trabajar con libertad, y que se abstenga de hostigar e impedir el trabajo de los miembros del gremio periodístico”.
Salazar sostuvo que no pudo salir de la casa el 19 de abril, y transmitió su noticiero con ayuda de su teléfono móvil. La comunicadora aseguró que los agentes policiales también registraron a los compañeros de la radioemisora que llegaron en auto a recogerla, y confiscaron el auto.
Salazar declaró al CPJ que, para salir de la casa, sus dos hijas menores de edad y otros familiares tienen que pasar a diario por delante de agentes policiales armados. La periodista expresó que el 19 de abril fue la primera vez que los agentes la habían agredido físicamente, y que normalmente la fotografían y ocasionalmente tratan de intimidarla con sus armas.
Salazar señaló que ha podido salir de la casa desde el 19 de abril, pero que principalmente lo hace cuando no ve a ningún agente policial afuera.
En agosto de 2020, Salazar fue procesada por el delito de calumnia por sus denuncias periodísticas de presuntos actos de corrupción, como el CPJ lo documentó en la época. En septiembre, un juzgado de Bluefields declaró culpable a Salazar de las acusaciones y le ordenó pagar una multa de aproximadamente USD 219, según versiones periodísticas.
En el período previo a las elecciones nacionales de noviembre de 2021, el CPJ ha documentado casos de hostigamiento, allanamiento y demandas judiciales contra periodistas independientes.
El CPJ envió un correo electrónico a la Policía Nacional de Nicaragua para obtener una declaración, pero no recibió una respuesta de inmediato.