Bogotá, 16 de noviembre de 2020 – Las autoridades peruanas deben garantizar que los periodistas puedan cubrir las protestas de manera segura, e investigar exhaustivamente los ataques contra la prensa perpetrados tanto por manifestantes como por agentes policiales, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Los agentes policiales atacaron a periodistas con gases lacrimógenos, perdigones y otros proyectiles cuando los periodistas cubrían las protestas que estallaron a raíz de la destitución del presidente Martín Vizcarra, hecho ocurrido el 9 de noviembre. Como mínimo 35 periodistas resultaron lesionados, según versiones periodísticas y un comunicado del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), organización local defensora de la libertad de prensa.
En entrevista con el medio local Convoca, Zuliana Lainez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), declaró que los manifestantes habían sido responsables de un pequeño número de ataques contra la prensa, y que la Policía había cometido el “90 por ciento” de tales ataques.
Las manifestaciones han dejado un saldo de, como mínimo, dos manifestantes muertos, según informaciones de prensa.
“Las autoridades peruanas deben garantizar que los periodistas puedan cubrir las manifestaciones con libertad y sin sufrir daños ni represalias por parte de las fuerzas de seguridad y los manifestantes”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las denuncias sobre el empleo de la fuerza por las autoridades contra los medios deben investigarse exhaustivamente, y los responsables deben rendir cuentas de sus actos”.
El 10 de noviembre, un agente policial disparó perdigones en dirección de Karen Santillán, reportera de Lima TV y de la radioemisora Exitosa, cuando cubría las protestas en Lima; la periodista salió ilesa, pero los perdigones impactaron contra el parabrisas de la unidad móvil de la radioemisora, según un informe de la ANP.
El mismo 10 de noviembre, manifestantes arrojaron proyectiles contra la Policía, y una piedra golpeó en la cabeza a Pedro Goñi, reportero de la radioemisora RPP, según el informe de la ANP, que indicaba que el periodista había sido trasladado a un centro de salud, donde le habían suturado la herida con nueve puntos.
El 12 de noviembre, agentes policiales dispararon una bomba lacrimógena que impactó en la pierna a Alonso Balbuena, videógrafo del medio digital de periodismo investigativo Ojo Público, y le abrió una herida de gran tamaño, según una nota de su medio informativo. Los agentes amenazaron con golpearlo, hasta que Balbuena enseñó su credencial de prensa.
Ojo Público señaló que Balbuena se recuperaba de la lesión en una clínica de Lima.
El mismo 12 de noviembre, la Policía disparó un perdigón que impactó en la espalda a Alonso Chero, fotógrafo del diario de Lima El Comercio, declaró el periodista al canal de YouTube de Perú21.
El perdigón se incrustó a unos centímetros de la columna vertebral, y fue necesaria una intervención quirúrgica en una clínica de Lima para extraerle los restos. Chero declaró que ya se había recuperado de la herida, pero señaló a Perú21: “Los doctores me dicen que he tenido mucha suerte”.
En entrevista concedida el 12 de noviembre a RPP, el ministro del Interior Gastón Rodríguez negó que la Policía hubiera disparado perdigones durante las protestas, y declaró que solamente tenía autorización para emplear gases lacrimógenos. Rodríguez renunció a su cargo ayer, según informaciones de prensa.
El CPJ llamó y envió un correo electrónico al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional para obtener una declaración, pero no recibió respuesta. En un comunicado divulgado el 14 de noviembre, la Policía Nacional del Perú declaró que sus agentes solamente harían “uso racional de la fuerza” con la finalidad de salvaguardar el orden interno y la seguridad pública.