Managua, 13 de agosto de 2020 – Las autoridades nicaragüenses deben retirar las acusaciones penales por el delito de calumnia contra la periodista Kalúa Salazar, y garantizar que los medios de prensa puedan informar libremente, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 10 de agosto, tres empleadas de la Alcaldía de El Rama, en la región sureste de Nicaragua, presentaron una demanda penal por el delito de calumnia contra Salazar, la jefa de prensa de la radioemisora La Costeñísima, en respuesta a un reportaje radial difundido el 4 de agosto sobre presuntos actos de corrupción en esa localidad, según informaciones de prensa y el testimonio de la propia Salazar, quien habló con el CPJ por vía telefónica.
La primera audiencia está fijada para mañana en un juzgado de la ciudad de Bluefields, según el diario local La Prensa. De ser condenada, Salazar pudiera enfrentar una multa máxima equivalente a trescientos días de salario, según el Código Penal de Nicaragua.
“Los funcionarios públicos no deben abusar de las disposiciones penales sobre la calumnia para evadir la responsabilidad e intimidar a los periodistas. Tales disposiciones ni siquiera deberían estar en vigor”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Los periodistas tienen el derecho y la responsabilidad de informar sobre cuestiones de interés público y promover la transparencia sin sufrir represalias. Los funcionarios nicaragüenses deben retirar de inmediato las acusaciones penales contra Kalúa Salazar”.
El CPJ envió un correo electrónico al municipio de El Rama para obtener una declaración, pero no recibió ninguna respuesta. El CPJ no logró encontrar los datos de contacto de las empleadas municipales que interpusieron la demanda penal.
Salazar declaró al CPJ que el proceso judicial se propone silenciar la labor de La Costeñísima, uno de los pocos medios de prensa independientes que quedan en la costa caribeña de Nicaragua. El municipio de El Rama es gobernado por el oficialista partido Sandinista (FSLN), y el Gobierno central ejerce un control significativo sobre la zona, según versiones de prensa.
“Hay una situación de intimidación contra los trabajadores de La Costeñísima que se ha ido incrementando. Ellos [el Gobierno] me acusan de promover mensajes de odio en las noticias”, declaró Salazar al CPJ, y agregó que frecuentemente recibe mensajes amenazadores cuando presenta en directo el noticiero de La Costeñísima.
En el programa del 4 de agosto, Salazar difundió el testimonio de una fuente anónima que acusó a las tres empleadas de la Alcaldía de malversar fondos públicos, según La Prensa.
La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua divulgó un comunicado en el cual expresó su preocupación por que se pueda utilizar el proceso judicial para silenciar el trabajo periodístico de La Costeñísima en la región.