Miami, 25 de junio de 2020 — Las autoridades venezolanas deben retirar de inmediato todas las acusaciones contra los periodistas María Luisa “Mimi” Arriaga y Marco Aurelio Antoima, y dejar de emplear la ley contra el odio venezolana para perseguir a la prensa, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 18 de junio, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron la vivienda de Arriaga en el municipio El Hatillo, en Caracas, y la detuvieron, de acuerdo con informaciones de las organizaciones locales defensoras de la libertad de prensa Espacio Público y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
El 20 de junio, Antoima se entregó al CICPC, después de que agentes del organismo visitaran a su exesposa y a su hijo en su vivienda, según el SNTP y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, otra organización local defensora de la libertad de prensa.
Arriaga se desempeña como coordinadora del portal de noticias 800Noticias, mientras que Antoima elaboraba un emprendimiento de un medio digital; ambos solían trabajar como periodistas del canal privado venezolano Venevisión, según Edgar Cárdenas, secretario general de la sección Caracas del Colegio Nacional de Periodistas, quien habló con el CPJ por vía telefónica.
El 21 de junio, tras permanecer detenidos en la sede del CICPC desde su arresto, ambos periodistas fueron presentados ante el Tribunal 47o de Control del Área Metropolitana de Caracas, donde los acusaron del delito de incitación al odio, y recibieron arresto domiciliario como medida sustitutiva de libertad, según la información de IPYS Venezuela y según Cárdenas.
Esas informaciones no indicaron en específico cuál era el fundamento de las acusaciones, y Cárdenas declaró al CPJ que no había indicios de que las acusaciones se presentaran en respuesta a una denuncia.
De ser condenados por violar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, los periodistas podrían ser sancionados con una pena de hasta 20 años de cárcel, de acuerdo con el texto de la ley.
“María Luisa Arriaga y Marco Aurelio Antoima son apenas los más recientes periodistas que enfrentan penas de cárcel bajo la ambigua y draconiana ley contra el odio de Venezuela”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Ambos periodistas deben ser liberados inmediatamente, las acusaciones contra ellos deben retirarse y Venezuela debe modificar esa ley para garantizar que no se utilice arbitrariamente para silenciar a la prensa”.
La ley contra el odio de Venezuela fue adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente en noviembre de 2017. Como el CPJ lo documentó en ese entonces, la ley no define términos fundamentales como ‘odio’, y lo deja abierto a una amplia interpretación. En 2019, esta ley se empleó contra el periodista Wilmer Quintana García, quien había publicado mensajes en su página de Facebook sobre presuntos actos de corrupción, como el CPJ lo informó en ese momento.
El tribunal les impuso a los periodistas medidas de arresto domiciliario y prohibición de publicar mensajes irrespetuosos o de odio en las redes sociales, a la espera de juicio, según Cárdenas.
El arresto de los periodistas ocurrió luego de un mensaje de Twitter publicado el 1 de junio por Esteban Trapiello, ejecutivo de medios estatales, quien afirmó que Arriaga y Antoima, al igual que Rita De Martino y Rafael Garrido, también experiodistas de Venevisión, estaban detrás de las cuentas anónimas de Twitter de “@VV_periodistas”. Después de los arrestos, Trapiello acusó a los periodistas de extorsión y utilizar “campañas de difamación” en un tuit publicado el 22 de junio.
Trapiello es exdirector del canal estatal Televisora Venezolana Social, y actualmente dirige el canal estatal La Tele Tuya, según informaciones de los medios locales.
La cuenta “@VV_periodistas” era la cuenta de un informante anónimo que denunciaba las supuestas medidas de censura ordenadas por la directiva de Venevisión, según un periodista que trabajaba para este canal y que solicitó el anonimato para ofrecer declaraciones al CPJ, argumentando motivos de seguridad, y según Delvalle Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, quien habló sobre el asunto en un video que circuló en Twitter.
Venevisión, uno de los canales televisivos privados más antiguos de Venezuela, había sido un duro crítico del Gobierno de Hugo Chávez, pero con el tiempo cambió su línea editorial y adoptó una postura más favorable al Gobierno, según informaciones noticiosas.
En 2009, la directiva de Venevisión presentó una denuncia ante el CICPC respecto a la cuenta “@VV_periodistas”, y las autoridades realizaron una investigación, durante la cual interrogaron a Arriaga y Antoima y les confiscaron computadoras, según Canelón y el periodista que solicitó el anonimato.
“Hubo una verdadera cacería de brujas en Venevisión, pues la directiva estaba desesperada por tratar de saber quiénes eran los empleados que denunciaban las medidas de censura desde adentro, y que denunciaban que Venevisión se había aliado con el Gobierno. Pero la investigación nunca llegó a ninguna conclusión”, declaró la fuente anónima.
La cuenta “@VV_periodistas” fue suspendida en 2012 por participar en “suplantación de identidad sin fines de parodia” según el aviso de suspensión que la cuenta publicó en Twitter.
Desde 2012, cuentas anónimas similares publicaron gran parte del mismo contenido, entre ellas @VV_sincensura, según Cárdenas. “@VV_sincensura” también publicaba acusaciones de corrupción y demás actos ilícitos de funcionarios gubernamentales, políticos y particulares, según la fuente anónima. La cuenta ha sido suspendida.
Antoima respondió al tuit publicado por Trapiello el 1 de junio: “Esta persona, amparada en el poder y la impunidad, se siente con la libertad de acusar, difamar e injuriar”.
El CPJ llamó al CICPC al teléfono que aparece indicado en su sitio web oficial para obtener una declaración, pero nadie atendió al teléfono. El CPJ envió un mensaje a Trapiello para obtener una declaración, mediante el sitio web de La Tele Tuya, pero no recibió ninguna respuesta.