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Las autoridades venezolanas arrestan y amenazan a periodistas que informan sobre el COVID-19

 Imagen de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana utilizando mascarillas en Caracas, Venezuela, el 17 de marzo de 2020. Recientemente, periodistas han sido acosados y detenidos por razón de su reportage sobre el virur. (AFP/Cristian Hernandez)

El 13 de marzo de 2020, agentes de la Policía de la ciudad de Los Teques arrestaron a Jesús Enrique Torres y a Jesús Manuel Castillo, presentadores de un programa noticioso de la radioemisora privada La Cima, después de que colocaron un video en Facebook, donde a veces publican sus informaciones, sobre presuntos casos del coronavirus en un hospital local, según informaciones de prensa.

En el video de Torres y Castillo, que ha sido retirado de Facebook pero que fue reproducido por la organización local defensora de la libertad de prensa Espacio Público, los periodistas informaron que un paciente enfermo con el coronavirus había llegado al principal hospital público de Los Teques y que otro paciente estaba a punto de ser ingresado.

El video fue publicado el mismo día que se identificaron los primeros dos casos de contagio con el coronavirus en Venezuela. Sin embargo, el video incorrectamente declaró que se estaba trasladando a esos pacientes al hospital de Los Teques, aunque en realidad no los estaban trasladando a ese centro, según Espacio Público y Daniel Murolo, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, quien habló con el CPJ por vía telefónica.

Las autoridades del hospital negaron la noticia, y agentes policiales detuvieron a Castillo y a Torres horas después, señaló Murolo, quien agregó que los agentes policiales les ordenaron a los periodistas grabar un nuevo video, también reproducido por Espacio Público, en el cual se disculparon por sus informaciones incorrectas.

Castillo y Torres comparecieron ante un juez en Los Teques el 15 de marzo, y fueron acusados de “delitos contra el Estado” y liberados, según Carlos Torres, el padre de Jesús Torres, quien habló con Espacio Público pero no mencionó ninguna ley específica que los periodistas presuntamente hayan violado. Los periodistas están obligados a reportar su paradero ante las autoridades una vez a la semana, mientras el proceso judicial sigue su curso, indicó Murolo.

El Artículo 297-A del Código Penal de Venezuela dispone que toda persona condenada por difundir información falsa que cause el pánico en la sociedad puede ser sancionada con una pena de hasta cinco años de cárcel.

Ni la Policía ni funcionarios judiciales de Los Teques respondieron a las llamadas telefónicas que el CPJ efectuó para obtener un comentario de ellos.

En otro caso, el 14 de marzo de 2020, Lizeta Hernández, gobernadora del oriental estado de Delta Amacuro, amenazó con mandar a la Policía a arrestar a Melquiades Ávila, reportero del sitio noticioso El Pitazo, por un mensaje publicado en la página personal de Ávila en Facebook, donde el periodista con frecuencia comparte enlaces a sus artículos, según Gustavo Alemán, un editor de El Pitazo que habló con el CPJ por vía telefónica.

En una emisión radial del 14 de marzo, Hernández, miembro del gobernante Partido Socialista Unificado de Venezuela, acusó a Ávila de “conducta criminal” por alarmar al público y fomentar el odio, a raíz de un mensaje de Ávila en Facebook que cuestionaba si un hospital público local estaba preparado para atender a pacientes con síntomas del coronavirus, según informaciones de prensa. Hernández exigió que el jefe de la Policía local detuviera a Ávila y le diera una lección sobre cómo comunicarse, de acuerdo con esas informaciones.

Alemán declaró al CPJ que las palabras de la gobernadora representaban una seria amenaza contra Ávila, quien ha huido de la región y se está ocultando, según Alemán.

El despacho de la gobernadora Hernández no respondió a las llamadas que el CPJ efectuó para obtener una declaración suya.

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