Noticias   |   Honduras

El Gobierno hondureño declara el estado de emergencia y suspende el derecho a la libertad de expresión

También está disponible en English

Imagen de soldados utilizando mascarillas en Tegucigalpa, Honduras, el 17 de marzo de 2020. Recientemente, el gobierno de Honduras declaró el estado de emergencia con ocasión del brote de COVID-19, y suspendió el derecho a la libertad de expresión. (Reuters/Jorge Cabrera)

Nueva York, 18 de marzo de 2020 – Las autoridades hondureñas deben levantar inmediatamente las restricciones recién impuestas a la libertad de expresión y permitir que los periodistas cubran las noticias libremente, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

El 16 de marzo, el despacho del presidente Juan Orlando Hernández publicó un decreto que declara el estado de emergencia por siete días debido a la pandemia provocada por el COVID-19. El estado de emergencia establece un toque de queda y suspende varios artículos de la Constitución hondureña, entre ellos el Artículo 72, que protege el derecho a la libertad de expresión, sin censura.

El decreto ejecutivo también limita el derecho a la libre circulación de personas y el derecho de organizar reuniones sociales, entre otros. La Ley de Emisión del Pensamiento de Honduras, que desarrolla el Artículo 72, protege el derecho de los periodistas a trabajar sin ser objeto de “persecución alguna” incluso durante un período de estado de sitio.

El CPJ envió un correo electrónico a la Presidencia hondureña para obtener un comentario y una aclaración sobre lo que la suspensión del Artículo 72 significará para los medios de comunicación, pero no recibió inmediatamente ninguna respuesta.

“Nos alegra ver que el Gobierno hondureño está tomando medidas para enfrentar esta pandemia, pero no debe abusar de esas medidas para limitar la libertad de expresión, particularmente en un momento cuando los medios desempeñan un papel fundamental para mantener a la sociedad informada y segura”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ. “Las autoridades hondureñas deben garantizar que sus actos para proteger la salud pública no violen otros derechos fundamentales de la ciudadanía”.

El decreto ejecutivo entró en efecto antes de su presentación al Congreso hondureño para su ratificación y antes de su publicación en el Diario Oficial de la República La Gaceta, según lo previsto en la ley, de acuerdo con la organización local defensora de la libertad de expresión C-Libre.

Ayer Gabriel Rubí, representante del Sistema Nacional de Riesgos, declaró a Radio América que solicitaría a la Secretaría de Salud y a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional que pusiera en cuarentena a un grupo de periodistas que había informado desde la localidad de Comayagüela, la cual estaba en aislamiento debido a que se había confirmado casos de contagio con el COVID-19, según C-Libre e informaciones de prensa.

Al día de hoy, Honduras posee ocho casos confirmados de COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud.

Publicado

Le gusta este artículo? Apoye nuestro trabajo