Miami, 6 de febrero de 2020—Un anteproyecto de ley que introduce el llamado “derecho al olvido” en Uruguay pudiera tener efectos negativos para el ejercicio del periodismo y el acceso a la información en la Internet, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 22 de enero, el Partido Nacional, cuyo candidato Luis Lacalle Pou resultó vencedor en las elecciones presidenciales de noviembre de 2019, publicó un anteproyecto de Ley de Urgente Consideración en su sitio web con anticipación a la toma de posesión del nuevo Gobierno el 1 de marzo. La Constitución uruguaya le permite al presidente proponer proyectos con declaratoria de urgente consideración, los cuales son aprobados automáticamente sin no han sido rechazados o sustituidos después de un debate abreviado de un máximo de 90 días en la Legislatura.
Entre cientos de disposiciones, el anteproyecto establece el “derecho al olvido”, que le permitiría a toda persona que encuentre en la Internet enlaces publicados con información relativa a esa persona que fueran “inadecuados, inexactos, no actualizados o excesivos”, solicitar a los motores de búsqueda suprimirlos en los resultados de búsqueda relevantes. El anteproyecto señala que la naturaleza de la información y el interés público deben tenerse en cuenta, pero no desarrolla los detalles sobre cómo ello funcionaría ni quién evitaría el posible abuso.
El CPJ ha constatado que la capacidad de borrar información personal de la Internet puede debilitar “una de las herramientas de investigación más poderosas del periodismo” y “perjudica a los periodistas, pues posibilita censurar los enlaces a sus trabajos”. Varias organizaciones regionales defensoras de la libertad de expresión han instado a los miembros de la Legislatura entrante en Uruguay a postergar el debate de la disposición para permitir “mayores tiempos de información y análisis, a la vez que un debate robusto con participación de múltiples partes interesadas”.
“El llamado derecho al olvido es sumamente problemático para los periodistas, y mencionarlo sin procedimiento u orientación en esta ley introduce un margen significativo para su abuso”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Asunción, Paraguay. “El Gobierno uruguayo corre el riesgo de dañar el historial del país como defensor de la libertad de expresión en el hemisferio y, por el contrario, pudiera fijar un peligroso precedente para el resto de la región”.
Por correo electrónico, el CPJ solicitó una declaración a una dirección que figura en el sitio web del Partido Nacional, pero no recibió respuesta antes de la publicación de esta alerta.
Los “Estándares para una Internet libre, abierta e incluyente” establecidos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indican que el “derecho al olvido” solamente puede adoptarse “de manera absolutamente excepcional”. La legislación que se adopte debe ser diseñada de manera “específica, clara y limitada” y debe respetar los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información, de acuerdo con los estándares.
El CPJ ha elogiado el historial legislativo de los últimos años en Uruguay, a raíz de la adopción de leyes que prohíben la censura, despenalizan la difamación y contemplan firmes garantías en materia de libertad de expresión.