Ciudad de México, 29 de enero de 2020 – Las autoridades mexicanas deben retirar los cargos contra el periodista Sergio Aguayo Quezada y reformar las anticuadas disposiciones sobre la difamación que están vigentes en la ley mexicana, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Ayer, la sexta sala civil de Ciudad de México le ordenó a Aguayo, escritor y académico que frecuentemente escribe sobre temas políticos en el diario mexicano Reforma, pagar una indemnización de 10 millones de pesos mexicanos (USD 530.000) por haber causado un presunto daño moral a Humberto Moreira, exgobernador del estado de Coahuila, pues de lo contrario sufriría el embargo de sus bienes, según informaciones de prensa. El fallo es una escalada de la demanda interpuesta por Moreira, también expresidente del Partido Revolucionario Institucional, a raíz de una columna escrita por Aguayo en Reforma en 2016, la cual acusaba a Moreira de corrupción, según las informaciones de prensa. Aguayo ha presentado un amparo, por lo cual no hay un plazo firme para el pago de la indemnización hasta que un tribunal haya emitido un fallo al respecto.
La ley civil mexicana define el “daño moral” de manera similar a la difamación civil, que está relacionada con el daño a los “sentimientos, afectos, creencias, dignidad, honor, reputación y privacidad” de una persona, según datos del CPJ.
“La sentencia en esta demanda por daño moral contra Sergio Aguayo Quezada establece un peligroso precedente en México, donde con cada vez mayor frecuencia los periodistas son objeto de demandas multimillonarias que son interpuestas por poderosos políticos y que van dirigidas a acallar las voces críticas”, declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. “México debe modificar sus disposiciones legales sobre la difamación y evitar que se utilicen para intimidar a los periodistas y los comentaristas”.
Anteriormente Aguayo había sido absuelto por un juez en la demanda, pero el 10 de octubre de 2019 los magistrados de la sexta sala civil de Ciudad de México revocaron ese fallo y resolvieron a favor de Moreira, según versiones periodísticas. En 2016, un fallo del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación había eliminado el monto máximo que se podía imponer como indemnización por presunto daño moral, y así colocó a los periodistas en una posición de vulnerabilidad ante indemnizaciones exorbitantes, de acuerdo con datos del CPJ.