Ámsterdam, 6 de noviembre de 2019 – Las autoridades hondureñas deben realizar una investigación pronta y exhaustiva del asesinato del comunicador Buenaventura Calderón, determinar si el ataque estuvo relacionado con su labor periodística, y enjuiciar a los responsables, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 1 de noviembre, dos sujetos no identificados que se desplazaban en una motocicleta le dispararon a Calderón, presentador del noticiero diario “Ecos de la Mosquitia” en la radioemisora católica Kupia Kumi, mientras viajaba en auto con su esposa en la ciudad de Puerto Lempira, en la costa caribeña de Honduras, según informaciones de prensa.
Calderón murió en el lugar y su esposa falleció en el hospital horas después, según una nota del diario hondureño El Heraldo. La Policía ha abierto una investigación sobre el asesinato, según esas informaciones periodísticas.
“Las autoridades hondureñas deben investigar exhaustivamente el asesinato de Buenaventura Calderón y determinar si estuvo vinculado con su labor informativa”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Los periodistas radiales son una fuente vital de información para las comunidades rurales y aisladas de Honduras, y las autoridades deben garantizar que todo intento por silenciarlos no quede impune”.
Calderón a menudo criticaba en su programa a las autoridades locales de Puerto Lempira, denunciaba la corrupción en los servicios de educación y salud pública, y destacaba la impunidad en las investigaciones de casos de narcotráfico, según dos personas que conocían a Calderón y que solicitaron el anonimato para hablar con el CPJ, argumentando motivos de seguridad.
Calderón también era comerciante, presidente del patronato de Puerto Lempira, y dirigente local del partido opositor Libertad y Refundación (LIBRE), según el sitio noticioso hondureño Notibomba.
El CPJ llamó en reiteradas ocasiones a la Policía Nacional Hondureña a los números que aparecen en sus sitios web oficiales, para solicitar una declaración, pero nadie respondió las llamadas.