Ciudad de México, 23 de julio de 2019–Las autoridades mexicanas deben investigar con celeridad y seriedad el robo cometido en el domicilio de la periodista investigativa Lydia Cacho Ribeiro y garantizar su seguridad, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 21 de julio, en Puerto Morelos, en el sureño estado de Quintana Roo, sujetos no identificados entraron a la fuerza en el domicilio de Cacho, escritora y periodista investigativa, y le robaron una computadora portátil, una grabadora, tres cámaras, varias tarjetas de memoria, y diez discos duros que contenían información sobre casos de abuso sexual que la periodista investigaba, según Cacho, quien habló con el CPJ por una aplicación de mensajería, y según una nota del sitio de noticias nacionales Animal Político. Además, los sujetos mataron a los dos perros de Cacho y dañaron varias de sus pertenencias, entre ellas fotografías, de acuerdo con la nota.
Cacho declaró al CPJ que seguía hablando con las autoridades locales acerca del robo. Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), declaró al CPJ, por medio de una aplicación de mensajería, que su institución había abierto una investigación sobre el robo.
“El descarado e indignante ataque contra el hogar de Lydia Cacho demuestra la continua incapacidad del Estado mexicano para proteger siquiera a sus periodistas más conocidos”, declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. “Al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se le está acabando el tiempo para presentarles a los periodistas un plan integral para su protección y combatir la impunidad en los crímenes cometidos contra la prensa”.
Cacho es una de las periodistas investigativas más conocidas de México. Su libro Los Demonios de Edén, publicado en 2005, puso al descubierto una red de tráfico sexual de menores que presuntamente involucraba a un grupo de políticos, funcionarios gubernamentales y empresarios.
Tras la publicación del libro, uno de los implicados en las denuncias de Cacho presentó una querella penal por difamación contra ella, la cual fue desechada posteriormente, según el CPJ lo informó en la época. En 2005, las autoridades del estado de Puebla detuvieron brevemente a Cacho en virtud de la querella y la maltrataron durante la detención, según un testimonio que ella publicó a su liberación.
El 10 de enero de 2019, el Gobierno federal mexicano ofreció una disculpa oficial a Cacho por el trato que recibió en virtud de la querella por difamación, según versiones de prensa. En abril, la FEADLE emitió órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Puebla Mario Marín y el empresario José Kamel Nacif Borge, quienes presuntamente habían organizado la detención y el maltrato de Cacho, según Animal Político.
Desde 2009, el Gobierno mexicano le ha otorgado a Cacho medidas de protección para defenderla de amenazas contra su vida, según informaciones de prensa.
México es el país más peligroso del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo. Según datos del CPJ, como mínimo tres periodistas han sido asesinados en represalia por su labor periodística en lo que va de 2019. El CPJ investiga otros cuatro casos de asesinato de periodistas, para determinar si el motivo estuvo relacionado con la labor informativa de los periodistas.
Además, México ocupa el primer lugar mundial en cuanto a la cantidad de periodistas desaparecidos, según datos del CPJ, con 14 periodistas desaparecidos, como mínimo.