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Juzgado penal peruano ordena el embargo de activos de Ojo Público y de dos periodistas en proceso por difamación

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Un hombre lee un periódico en un mercado de Lima, en Septiembre 2018. Una corte del Perú ordenó el embargo de bienes de Ojo Público y de dos periodistas. (Reuters/Mariana Bazo)

Bogotá, Colombia, 29 de abril de 2019-- Un juzgado peruano ha ordenado embargar activos pertenecientes al sitio noticioso independiente Ojo Público; a su director ejecutivo, Óscar Castilla; y a Edmundo Cruz, periodista investigativo del diario La República, mientras se conoce una querella penal por difamación contra ellos, según informaciones de prensa. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó hoy a las autoridades peruanas a abstenerse de hacer efectiva la orden del juzgado y a derogar las anticuadas disposiciones penales sobre la difamación que están vigentes en el país.

Castilla declaró al CPJ que los detalles del fallo del juzgado se divulgaron el 9 de abril. Se trata de la última querella presentada contra Ojo Público en respuesta a una serie de artículos publicados en 2016 sobre denuncias de que Miguel Arévalo Ramírez, un peruanoamericano con vínculos a uno de los principales partidos políticos del país, era objeto de investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses y peruanas por lavado de dinero.

Ni las autoridades estadounidenses ni las peruanas han confirmado públicamente si Arévalo está bajo investigación. El abogado de Arévalo, Juan Gabriel Castro, no respondió a una solicitud del CPJ para que comentara sobre el asunto.

"Estas demandas penales contra Ojo Público, Óscar Castilla y Edmundo Cruz son una alarmante tentativa por parte de una poderosa figura en Perú por distorsionar el sistema judicial e intimidar a periodistas investigativos", declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. "Las autoridades deben garantizar que los periodistas puedan trabajar libremente, y tomar medidas inmediatas para adecuar las disposiciones peruanas sobre la difamación a las normas regionales e internacionales".

La orden judicial, que fue revisada por el CPJ, no enumeraba activos específicos. Castilla declaró al CPJ que la orden podía abarcar el mobiliario, las computadoras y demás equipos de trabajo en las oficinas que Ojo Público alquila en Lima, así como las cuentas bancarias de la organización noticiosa y las cuentas bancarias de Castilla y Cruz. El 26 de abril, Castilla declaró que las cuentas bancarias seguían funcionando normalmente.

Desde 2016, Arévalo ha presentado 10 querellas penales por difamación que solicitan más de USD 500 millones en daños y perjuicios a Ojo Público, La República y otros medios peruanos que informaron sobre las denuncias, según informaciones de prensa. Cuatro de tales querellas nombran a Castilla y tres nombran a Cruz.

En diciembre, un juzgado rechazó una apelación en virtud del "derecho al olvido" presentada por Arévalo, y que solicitaba que todas las fotografías y menciones de su nombre se borraran de la Internet en lo referente a las denuncias, según versiones periodísticas. Los demás procesos están pendientes de resolución.

En entrevista con La República, Carlos Rivera, abogado defensor de Castilla y Cruz, declaró que consideraba que había numerosas irregularidades en la tramitación de las querellas.

Rivera expresó que a Castilla y Cruz no se les notificó que Arévalo había presentado otra querella contra ellos sino hasta este mes, y que no conocen los argumentos y las pruebas contra ellos. Agregó que los procesos eran tramitados por juzgados distintos, contrariamente a la ley peruana, que estipula que múltiples denuncias contra los mismos acusados deben tramitarse en un solo juzgado.

Rivera se refirió a las múltiples denuncias como un intento de intimidar a los periodistas por su trabajo.

"Vamos a apelar", declaró a La República. "No vamos a dejar que repriman el trabajo periodístico".

El CPJ efectuó varias llamadas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, que no devolvió las llamadas.

Castilla declaró al CPJ que si los activos del medio son embargados, ello "nos dejaría totalmente paralizados". Castillo agregó: "No podríamos pagar salarios, ni facturas por servicios públicos ni gastos periodísticos".

Fundado en 2014, Ojo Público emplea a 17 personas, entre periodistas y personal administrativo, precisó Castilla. El medio informativo recibe donaciones de fundaciones nacionales e internacionales, pero, afirmó, ese financiamiento se podría agotar si les congelan la cuenta bancaria.

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