Nueva York, 22 de abril de 2019 – Las autoridades peruanas deben tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los periodistas del sitio noticioso IDL-Reporteros, y los funcionarios públicos deben abstenerse de dar declaraciones incendiarias que culpen al medio a y a su director, Gustavo Gorriti, por el suicidio del ex presidente Alan García, hecho ocurrido la semana pasada, declaró el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Varias figuras políticas, entre ellas un exministro y un congresista en ejercicio, han mencionado públicamente a Gorriti como uno de los responsables de la muerte de García, en entrevistas televisivas y mensajes de redes sociales transmitidos la semana pasada, de acuerdo con Gorriti y capturas de pantalla compartidas con el CPJ. García, presidente de Perú de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, se disparó el 17 de abril cuando agentes policiales se presentaron en su domicilio, en Lima, para arrestarlo por denuncias de corrupción contra él. García murió durante una intervención quirúrgica, según informaciones de prensa.
“En momentos en que el mundo político peruano está de duelo, denunciar a periodistas como Gustavo Gorriti por hacer periodismo investigativo vital no es una respuesta apropiada a la muerte de Alan García”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ. “Esta retórica contribuye a un ambiente peligroso que alienta la demonización y que puede provocar violencia real contra los medios”.
En varios tuits publicados el 17 de abril, el congresista Héctor Becerril criticó a la Fiscal de la Nación y describió a Gorriti como uno de los grandes “responsables” de la muerte de García. Varias cuentas de Twitter se hicieron eco e intensificaron esta retórica, y catalogaron a Gorriti de “criminal” y “asesino” y colocaron fotos de la sede de IDL-Reporteros, según capturas de pantalla revisadas por el CPJ.
En entrevistas con RPP Noticias y el canal estatal TV Perú, Luis Gonzáles Posada, excongresista y exministro de Relaciones Exteriores durante parte del primer período de García, culpó a los medios de comunicación por trabajar “todos los días para construir una imagen de él como corrupto” y nombró a Gorriti como uno de los líderes de esa presunta campaña.
Gorriti declaró al CPJ que consideraba que la retórica cada vez más acalorada que había seguido a la muerte de García equivalía a una “incitación a la violencia” contra la prensa.
El CPJ efectuó repetidas llamadas telefónicas a la sede de la Fiscalía de la Nación, en Lima, pero éstas no fueron atendidas.
IDL-Reporteros ha investigado casos de corrupción en Perú vinculados al escándalo de corrupción internacional que implica a la constructora brasileña Odebrecht, cuyos ejecutivos han admitido que pagaron millonarios sobornos a funcionarios gubernamentales en muchos países de Latinoamérica. Cuatro ex presidentes peruanos han sido implicados en denuncias relacionadas con el caso Odebrecht, según informaciones de prensa.
La Fiscalía de la Nación en un inició ordenó la detención de García por un plazo de 10 días luego de denuncias de que Odebrecht había financiado ilícitamente la campaña presidencial de García en 2006, según versiones periodísticas. Al momento de la muerte de García, no había sido acusado formalmente de ningún delito.
En julio de 2018, el CPJ informó que agentes policiales y funcionarios de la Fiscalía de la Nación se había presentado en la sede de IDL-Reporteros en Lima para exigir que el medio de prensa entregara materiales informativos utilizados en su cobertura sobre presuntos actos de corrupción gubernamental. Los funcionarios se fueron cuando no pudieron presentar una orden que justificara el allanamiento, y el Ministerio Público se disculpó en Twitter unas horas después.