Por Joel Simon, CPJ Director Ejecutivo
Con la falla de toda la red eléctrica de Venezuela, la parálisis económica y el desplome del sistema de salud, el sufrimiento de los venezolanos no conoce límites. Dada la carencia de tantas necesidades básicas –alimentos, sanidad y transporte–, hay otra que es menos obvia pero no menos esencial: la información.
Huelga decir que los venezolanos viven una historia de enorme valor noticioso, pero el Gobierno de Nicolás Maduro quiere mantener al pueblo venezolano en un apagón informativo. “Es como una película sobre el apocalipsis y seguimos trabajando muy duro para cubrirla”, declaró Luz Mely Reyes, editora de Efecto Cocuyo, uno de los principales sitios noticiosos independientes.
Los venezolanos necesitan información precisa y oportuna para tomar decisiones de vida o muerte, como dónde encontrar alimentos o si abandonar el país. También necesitan información para tomar decisiones sobre el futuro político del país: ¿cuál es el programa político del líder opositor Juan Guaidó? ¿Cuál es su fundamento constitucional para reclamar la presidencia?
Por supuesto, éste es precisamente el tipo de información que el Gobierno de Maduro no quiere que la ciudadanía tenga. Maduro ha tomado medidas dramáticas, burdas y en ocasiones brutales para imponer la censura. Milicias respaldadas por el oficialismo, conocidas como colectivos, han agredido físicamente a periodistas que cubrían actos públicos. El Gobierno ha impuesto apagones de la Internet para que coincidan con las manifestaciones convocadas por Guaidó. A periodistas extranjeros se les ha negado el ingreso al país y a los que han sido admitidos, como el presentador de Univisión Jorge Ramos, han sido objeto de acoso y peores tratos. Un destacado analista y periodista radial, Luis Carlos Díaz, fue detenido el martes y liberado luego de 24 horas. Díaz enfrenta acusaciones espurias de “instigación” y tiene prohibido salir del país.
Si bien Maduro ha aumentado los ataques a medida que su Gobierno enfrenta presiones, la estructura represiva sobre los medios fue creada por su antecesor, Hugo Chávez. Chávez, quien llegó al poder en 1999 con masivo apoyo popular, comenzó la ofensiva contra los medios luego del fallido golpe de 2002, que recibió el respaldo de acaudalados propietarios de medios y de Estados Unidos. Tras los acontecimientos, Chávez utilizó presión política y regulatoria para transformar el panorama mediático, dirigió la venta de medios críticos a propietarios que respaldaban su programa de Gobierno e invirtió cuantiosos fondos en medios estatales leales al Gobierno.
La ayuda humanitaria se ha convertido en un campo de batalla en el juego final de Maduro, y lo mismo ha sucedido con la información. Un modo crucial que tiene la comunidad internacional de apoyar a los venezolanos es defender el derecho de la sociedad a “buscar, recibir e impartir información e ideas por cualquier medio de comunicación y sin consideración de fronteras”, conforme está garantizado en el Derecho Internacional.
Las organizaciones de medios regionales e internacionales, en particular los medios en idioma español, deben aumentar al máximo la cobertura informativa de la crisis, ya sea enviando corresponsales al país o, si ello no es posible, utilizando los medios sociales y entrevistas con los refugiados que están cruzando en masa la frontera para entrar a Colombia. Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa –entre ellas el Comité para la Protección de los Periodistas, la cual dirijo– necesitan apoyar los derechos de los periodistas venezolanos, documentar y denunciar las violaciones, y proporcionar información sobre seguridad y apoyar a los periodistas venezolanos que ejercen la profesión en condiciones peligrosas. Las empresas tecnológicas deben crear herramientas que les permitan a los venezolanos burlar la censura de la Internet.
Los Gobiernos también tienen un papel que desempeñar. Si bien Estados Unidos tiene la capacidad de aplicar presión política y económica a Venezuela por medio de sanciones selectivas, su capacidad de ejercer influencia moral –con frecuencia llamada “poder blando”– está limitada por su historia de intervenciones en la región. Dado el desprecio del presidente Trump por la función de los medios –por no mencionar su decisión de expulsar al propio Ramos de un acto de campaña electoral en 2015–, nadie va a creer que el enfoque de este Gobierno hacia Venezuela está motivado por la preocupación por la libertad de prensa.
En lugar de ello, la presión debe aplicarse mediante el Grupo de Lima, que incluye a muchos Gobiernos latinoamericanos y al de Canadá. La Organización de los Estados Americanos, dirigida por un excanciller uruguayo, Luis Almagro, debe seguir cuestionando al Gobierno de Maduro por no cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, ha enviado un equipo a Venezuela para evaluar las condiciones en el terreno con vistas a una visita formal. Es positivo que Bachelet haya expresado preocupación por Díaz cuando éste se encontraba detenido. Ahora ella necesita insistir que todos los periodistas del país puedan trabajar con libertad y sin interferencia del Gobierno.
Todo sistema totalitario se basa en el control de la información, pero esa necesidad se agudiza cuando un Gobierno enfrenta una amenaza directa. Apoyar el derecho de los venezolanos a la información exacta y oportuna en medio del desarrollo de la crisis no es un ataque contra la soberanía del país. Por el contrario. Es una forma de asegurar que los venezolanos mantengan la capacidad de determinar su futuro político.
Joel Simon es director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). También es autor de We Want to Negotiate: The Secret World of Kidnapping, Hostages and Ransom.