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En México, la 'narcopolítica' es una combinación mortal para los periodistas que informan sobre la delincuencia y la política

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Periodistas prenden velas para conmemorar el primer aniversario luctuoso del asesinato de la periodista mexicana Miroslava Breach, en marzo. La delincuencia y la política son fuentes peligrosas para los periodistas de México. (Reuters/José Luis González)

Por Jan-Albert Hootsen, representante en México del CPJ

Eran las 3 de la tarde del 13 de enero cuando el auto de Carlos Domínguez se detuvo en un semáforo de Nuevo Laredo, en el norteño estado de Tamaulipas. Dos sujetos se acercaron al auto del conocido columnista de periódico, abrieron la puerta del conductor y le asestaron más de 20 puñaladas delante de la familia.

Domínguez, de 77 años, fue el primer periodista asesinado en México en 2018. El CPJ ha determinado que, como mínimo, cuatro periodistas mexicanos --entre ellos Domínguez-- han sido asesinados en represalia directa por su trabajo este año, e investiga el asesinato de otros seis periodistas para esclarecer el motivo.

Aunque puede ser difícil esclarecer el motivo en estos casos, a menudo el CPJ halla indicios de que el crimen organizado y actores gubernamentales pudieron haber estado involucrados ya sea directa o indirectamente. Observadores como Juan Veledíaz, veterano reportero de noticias judiciales del diario nacional El Sol de México, llama "narcopolítica" a este fenómeno de confluencia de intereses de los funcionarios públicos, la política local y el crimen organizado en una fusión tan completa que es imposible distinguirlos.

"La narcopolítica significa que los intereses de funcionarios y el crimen organizado se solapan", declaró Veledíaz al CPJ. "Como tal, se convierte en un riesgo enorme para los periodistas de este país que informan sobre la delincuencia y la corrupción".

El efecto violento de este solapamiento se vio con claridad en las elecciones de julio, cuando más de 150 candidatos fueron asesinados en lo que, para analistas como Alejandro Hope, se trató de una combinación de conflicto político e intento del crimen organizado de insertarse en el proceso político. Por su parte, la Red #RompeElMiedo, una campaña de medios sociales dirigida por organizaciones mexicanas defensoras de la libertad de prensa, contabilizó 52 ataques contra los medios durante el período electoral.

Por mucho tiempo las autoridades mexicanas han negado o ignorado el papel de los actores gubernamentales en la violencia contra la prensa, y por el contrario la han atribuido directamente al crimen organizado. En mayo del 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto apresuradamente organizó una cumbre para abordar la cuestión a raíz del asesinato, ocurrido poco tiempo antes, del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas. Acompañado de los 32 gobernadores mexicanos y del gabinete de seguridad federal, Peña Nieto declaró que "[era] la obligación del Estado mexicano en su garantizar los periodistas puedan ejercer su profesión otorgar garantías a los periodistas para el desempeño de su profesión, especialmente ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado".

No obstante, los datos recopilados por las organizaciones defensoras de la libertad de prensa contradicen el relato oficial, que sostiene que el crimen organizado es prácticamente el único responsable. Desde 1992, el CPJ ha constatado que como mínimo en 10 casos funcionarios gubernamentales o miembros de las fuerzas armadas eran los sospechosos del asesinato de periodistas mexicanos.

Además, el informe anual de la sección mexicana de la organización defensora de la libertad de prensa Artículo 19, publicado en marzo, halló que el 48 % de los ataques contra periodistas que había documentado en el 2017, habían sido cometidos por funcionarios gubernamentales o con la complicidad de ellos.

Estas estadísticas no cuentan toda la historia. En México, la línea entre los funcionarios públicos y el crimen organizado con frecuencia es borrosa.

"En lugares donde los funcionarios públicos locales y el crimen organizado se han fusionado, sus intereses se juntan y muchas veces ambos son responsables de ataques contra periodistas que afectan sus intereses", declaró Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, una organización sin fines de lucro con sede en Ciudad de México que proporciona asistencia jurídica a periodistas y defensores de los derechos humanos.

Mendiola y su organización representan a la familia de Miroslava Breach Velducea, una periodista asesinada en el norteño estado de Chihuahua el 23 de marzo de 2017. Breach, corresponsal del diario de Ciudad de México La Jornada, había recibido amenazas luego de informar sobre bandas criminales que intentaban postular candidatos electorales al ayuntamiento de pequeñas municipalidades en la región de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Se trata de uno de varios asesinatos que el CPJ ha documentado en los cuales la narcopolítica puede haber sido el motivo.

Otro caso es el de Leobardo Vázquez Atzín, de 42 años, quien fue asesinado el 21 de marzo en Gutiérrez Zamora, Veracruz, el estado mexicano con mayor violencia mortal contra periodistas. Antes del asesinato de Vázquez, él había criticado al alcalde de una localidad cercana en Enlace Informativo Regional, una página noticiosa que recientemente había comenzado en Facebook. El 20 de septiembre, las autoridades arrestaron a cuatro sospechosos por su presunta participación en varios crímenes, entre ellos el asesinato de Vázquez, según informaciones de prensa. Sin embargo, para mediados de diciembre, las autoridades no habían divulgado ninguna otra información sobre la identidad de los sospechosos o el posible motivo del crimen.

Y en Acapulco, Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, de 36 años, fue asesinada a tiros el 9 de febrero. Conocida por su excéntrico personaje de "La Nana Pelucas" y por lo que colegas describieron al CPJ como su "afilada lengua", Montenegro era frecuente crítica de la política local en "El Sillón", un noticiero satírico que Montenegro transmitía en YouTube. Al día siguiente del asesinato, el entonces fiscal general del estado de Guerrero, Javier Olea, declaró que Montenegro había provocado la ira de un funcionario gubernamental no mencionado y de un grupo criminal, y agregó que la periodista había sido amenazada por un agente policial con vínculos con el grupo criminal. Las autoridades arrestaron a un sospechoso en agosto, según informaciones de prensa. Para mediados de diciembre, las autoridades de Guerrero no habían respondido a varias solicitudes del CPJ para que proporcionaran una actualización del caso.

En el caso de Domínguez, la policía arrestó a un antiguo operador político de nombre Rodolfo Cantú y lo acusó de la autoría intelectual del asesinato. El sobrino de Cantú es Carlos Cantúrosas Villareal, exalcalde de Nuevo Laredo, a quien Domínguez había acusado de controlar una red de empresas pantalla para el lavado de activos. En entrevista con el diario El Universal publicada en marzo, el hijo del periodista acusó a Cantúrosas de estar implicado en el asesinato. En la actualidad se desconoce el paradero de Cantúrosas y el CPJ no pudo encontrar datos de contacto para comunicarse con él. Por mensaje de texto, el CPJ le preguntó al fiscal general del estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojíca, si Cantúrosas era un sospechoso en el caso, pero al 17 de diciembre el CPJ no había recibido respuesta.

Al margen de los ataques por sus publicaciones, los periodistas que trabajan para pequeños medios locales a menudo se encuentran en una situación de riesgo debido a sus estrechos vínculos con políticos locales. La mayoría de los periodistas de zonas alejadas o de pequeñas municipalidades ganan un sueldo equivalente a varios cientos de dólares al mes, con pocos beneficios o ninguno, según decenas de entrevistas que el CPJ ha realizado en los últimos meses con periodistas de todo el país. Para aumentar sus ingresos, los periodistas con frecuencia trabajan de voceros o funcionarios de comunicaciones de los Gobiernos locales, lo cual en ocasiones le dificulta al CPJ determinar si un ataque estuvo motivado por el trabajo periodístico de la víctima o por sus vínculos políticos.

El CPJ continúa vigilando de cerca la marcha de las investigaciones sobre estos casos. Si bien el motivo exacto con frecuencia queda sin esclarecerse, no se puede descartar la "narcopolítica".

[Informaciones recogidas en Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez y Ciudad Victoria.]

Nota de la editora: El segundo párrafo ha sido corregido para reflejar el múmero de casos en 2018 que el CPJ está investigando con el fin de determinar si la o el periodista ha sido asesinado por su labor.

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