Los críticos de Correa en desventaja en la Internet, particularmente en Twitter
Mucho antes de que otros líderes mundiales recurrieran a Twitter, el presidente ecuatoriano Rafael Correa ya estaba utilizando los medios sociales y otras herramientas digitales para exponer sus quejas e insultar a sus adversarios. Luego de unirse a Twitter en julio de 2011 (con un tuit sobre una aburrida reunión), Correa rápidamente sumó fuerzas con otro líder regional hábil en el uso de los medios sociales, el presidente venezolano Hugo Chávez. Ambos presidentes recurrieron a Twitter para dirigirse directamente a sus partidarios, criticar a sus opositores y resaltar sus logros.
Mediante su cuenta @MashiRafael, el presidente Correa entabló disputas virtuales con el comediante John Oliver, divulgó datos privados de ciudadanos que lo criticaban en la Internet, y hasta destituyó a altos mandos militares. En 2015, un estudio de la empresa de Relaciones Públicas estadounidense Burson-Marsteller halló que Correa era el tercer líder nacional más activo del mundo en Twitter; la cifra de sus seguidores había crecido hasta llegar a casi 1,6 millones, equivalente a casi el 10 % de la población total de Ecuador –aunque es poco probable que todos esos seguidores fueran personas–. Tras abandonar el palacio presidencial, Correa ha seguido utilizando su medio favorito para lanzar ataques virtuales contra todo el mundo, desde comediantes de HBO hasta a su propio sucesor, Lenín Moreno.
Sin embargo, mientras Correa podía utilizar a Twitter para promover su programa político, sus críticos vieron cómo se limitaba su libertad de expresión en la Internet, tanto por la censura digital del Gobierno de Correa como por las opacas políticas de las plataformas de medios sociales, en particular Twitter.
A partir de 2012, los partidarios de Correa lanzaron una campaña de medios sociales que abarcaba propaganda a favor del Gobierno, despiadados troles antiopositores y el envío de correos basura o spam, con la intención de acallar a los críticos y controlar la conversación digital, según analistas locales. En 2012, el exasambleísta Fernando Balda, miembro del partido Alianza País de Moreno (y anteriormente de Correa), ofreció una recompensa por información sobre hechos de corrupción en el Gobierno ecuatoriano. En respuesta, un seguidor anónimo le envió a Balda una lista de cuentas de medios sociales supuestamente creadas para defender a Correa de ciudadanos particulares y periodistas. En 2013, el Gobierno contrató a la empresa privada Ribeney SA, que dirigía “centros de troles” en Quito para inundar a Twitter de elogios a favor de Correa o acosar a sus críticos, según varias investigaciones, entre ellas una publicada por la organización defensora de la libertad de medios Fundación Mil Hojas.
Además, en reiteradas ocasiones el Gobierno utilizó a una empresa con sede en España, Ares Rights SL, para invocar los derechos de propiedad intelectual en virtud de la Ley del Derecho de Autor para el Milenio Digital de Estados Unidos (U.S. Digital Millennium Copyright Act) y obligar a los críticos a retirar contenido digital, según el diario The Guardian. Las autoridades centraron su atención en contenido como por ejemplo fotos noticiosas de Correa y un documental que denunciaba la represión gubernamental de indígenas opuestos a la explotación minera.
En los últimos años, “Ecuador ha avanzado en materia de infraestructura de Internet, pero hemos retrocedido en cuestiones de acceso y transparencia”, declaró al CPJ Alfredo Velazco, director de la organización defensora de los derechos digitales Usuarios Digitales. “Se ha censurado a la gente, desde a ciudadanos hasta a funcionarios electos”.
En 2014, Twitter reiteradamente suspendió las cuentas de varios conocidos opositores al Gobierno de Correa, entre ellos el cineasta Carlos Andrés Vera y la traductora y activista política digital Diana Amores. Vera, periodistas de la Fundación Mil Hojas y otros acusaron a Juan Carlos Váscones, director ejecutivo de Ximah Digital, empresa ecuatoriana asociada con Ribeney SA, de coordinar las suspensiones. (En respuesta, Váscones acusó a Vera de difamación, según El Universo). Twitter suspendió las cuentas de Vera y Amores tres veces en el transcurso de un año. Las suspensiones duraron entre un día y una semana, antes de que Twitter restableciera las cuentas.
Colin Crowell, vicepresidente de política pública global de Twitter declinó abordar casos específicos. Crowell declaró al CPJ que estaba consciente de que Twitter había suspendido cuentas en Latinoamérica porque usuarios habían reportado violaciones del derecho de autor o de los términos de servicio, y que el equipo de política de Twitter trabajaba para entender mejor cuáles incidentes eran legítimos y cuáles pudieran ser represalias.
Crowell expresó que los usuarios “que intentan actuar en calidad de denunciantes” o que comparten los resultados de investigaciones y publican información personal podrían violar las reglas de Twitter, según las cuales las definiciones varían de acuerdo con la ley de cada país. “Creo que se puede decir que probablemente hemos tenido casos en los que [exponer información privada] ha sido motivo para tomar medidas de aplicación”, sostuvo.
Las amenazas virtuales contra los críticos continuaron aumentando en 2015 en Ecuador, luego de que Correa intervino en su programa televisivo semanal el 31 de enero de ese año y les ordenó a sus partidarios librar un contrataque en los medios sociales dirigido a sus detractores, que los hiciera abandonar la Internet o bloquear sus cuentas. En julio, los sitios noticiosos Plan V y Gkillcity y el de la Fundación Mil Hojas fueron objeto de ataques cibernéticos de denegación de servicio distribuido apenas minutos después de publicar investigaciones que vinculaban al Gobierno con la empresa de vigilancia tecnológica Hacking Team.
Además, el incoherente tratamiento que recibió el autor de la satírica página de Facebook “Crudo Ecuador” ejemplifica la falta de transparencia que enfrentan los usuarios de Twitter ecuatorianos. Crudo, quien comparte fotos y memes que se burlan del Gobierno tanto por Facebook como por Twitter, ha visto cómo le han suspendido la cuenta de Twitter tres veces, la primera vez en 2015, luego de compartir una foto del personal de Ximah, y luego cómo se la borraron permanentemente en agosto de 2017 por “violar reglas“. El 8 de marzo de 2018, Crudo publicó que Twitter le había suspendido su segunda cuenta “sin explicación alguna”. Él ha abierto una tercera cuenta y continúa utilizándola para tuitear, por ahora.
Varios periodistas también han entrado en conflicto con la aplicación de las reglas de Twitter. Christian Zurita, periodista investigativo de la Fundación Mil Hojas, no pudo ingresar a su cuenta por varias horas en febrero de 2018 por “compartir información personal sobre terceros”, el periodista declaró a Fundamedios. Zurita expresó al CPJ que la información que él había compartido era accesible mediante documentos de carácter público, y que no se le dio ninguna manera de apelar la medida o comunicarse con Twitter respecto a la queja.
“Las suspensiones pudieran basarse en el grado de preocupación sobre la propia infracción”, aseguró Crowell, quien agregó que Twitter debe notificar a los usuarios que hacen frente a una suspensión a corto plazo o a una solicitud de retiro de contenido que haya violado las reglas de Twitter. En algunos casos, sostuvo Crowell, Twitter puede ofrecerles a los usuarios la oportunidad de borrar el tuit infractor para restablecer el acceso a la cuenta.
Fernando Villavicencio, un periodista investigativo y director del sitio noticioso Focus Ecuador, ha estado luchando contra Twitter desde que regresó al país en septiembre de 2017. Villavicencio, quien enfrentó siete procesos judiciales durante el Gobierno de Correa, había seguido tuiteando con la cuenta @fevillavicencio incluso desde su exilio en Perú. Sin embargo, la cuenta resultó suspendida sin previo aviso en febrero de 2018, poco después de que tanto Villavicencio como Zurita informaran sobre una investigación de denuncias de corrupción contra exministros: los aliados de Correa y hermanos Fernando y Vinicio Alvarado. En un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, Vinicio Alvarado llamó a las denuncias “persecución política” y afirmó que la investigación no había destapado ninguna actividad ilícita.
Casi un mes después, Villavicencio expresó al CPJ que sospechaba que documentos de respaldo que él había compartido como parte de la investigación habían traído como consecuencia una queja, pero que él no había recibido ninguna comunicación oficial de parte de Twitter sobre lo que había hecho mal o sobre cómo restablecer su cuenta. Para junio de 2018, con su cuenta aún suspendida, Villavicencio había tenido que abrir dos nuevas cuentas, luego de que una de ellas fuera suspendida. Sigue sin recibir noticias de Twitter.