Nueva York, 24 de mayo de 2018–El Gobierno venezolano debe suspender la investigación contra el sitio web de uno de los principales periódicos independientes y permitir que publique con libertad, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 22 de mayo, el organismo nacional regulador de las telecomunicaciones inició una investigación del contenido publicado en el sitio web de El Nacional, el principal diario independiente del país, y lo acusó de incitar al desorden con su cobertura de las elecciones nacionales que se celebraron el 20 de mayo, según informaciones de prensa y el personal del periódico.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) le ordenó al periódico que se abstuviera de publicar información en su sitio web que pudiera “atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía […] al ofrecer información errada o infundada”, según un comunicado de prensa difundido en el sitio web de Conatel. El organismo le otorgó al periódico 10 días hábiles para exponer sus alegatos y defensas, según informaciones de prensa.
“Esta investigación es el más reciente intento del Gobierno venezolano por restringir las informaciones críticas y silenciar a los medios independientes en todo el país”, declaró Natalie Southwick, investigadora del CPJ para Centroamérica y Sudamérica. “Las autoridades venezolanas deben suspender inmediatamente la investigación contra El Nacional y abstenerse de emplear leyes represivas para hostigar y censurar a los medios noticiosos”.
En su comunicado, Conatel acusó al periódico de incumplir la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, una ley represiva aprobada el año pasado en medio de temores de que se utilizaría para silenciar a los medios de prensa.
El director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, declaró al CPJ por vía telefónica que al periódico no se le había informado exactamente qué contenido era violatorio de la ley, ni cuáles serían las sanciones potenciales. “El Gobierno está utilizando a Conatel como instrumento para aplicar la ley contra el odio, y la meta es silenciarnos”, declaró Otero.
Conatel no respondió las llamadas efectuadas por el CPJ para obtener su declaración.
El presidente Nicolás Maduro fue reelegido el 20 de mayo en un proceso electoral que ha sido ampliamente considerado como ilegítimo en la comunidad internacional, y que contó con la abstención generalizada entre los votantes, según informaciones de prensa.
El Gobierno de Maduro posee numerosos instrumentos para controlar e intimidar a los medios, según investigaciones del CPJ. Entre estos se encuentra una restrictiva ley de prensa promulgada en 2004, boicots publicitarios oficiales, amenazas de cancelar las licencias de servicios de radio y televisión, el monopolio sobre la importación y distribución del escaso papel periódico, y, ahora, la ley contra el odio.
El Nacional, uno de los pocos diarios independientes que quedan en el país, ha pagado un elevado precio por persistir con su periodismo crítico. El periódico ha sufrido el desabastecimiento de papel periódico, multas gubernamentales, reiteradas investigaciones y demandas, entre ellas una por difamación y una prohibición de viajar contra Otero, quien continúa dirigiendo el periódico desde el exilio.