Nueva York, 21 de julio de 2017–Las autoridades del sureño estado mexicano de Quintana Roo deben investigar con celeridad y credibilidad las amenazas contra dos periodistas y garantizar su seguridad, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). El 19 de julio, mensajes amenazadores inscritos en mantas y conocidos como “narcomantas”, fueron colocados en dos lugares de Cancún, según versiones de prensa.
Ambos mensajes tenían el mismo contenido: amenazas de muerte llenas de obscenidades y acusaciones de que Pedro Canché, quien edita un sitio de noticias que lleva su nombre, y el director editorial Amir Ibrahim, del sitio de noticias El QuintanaRoo, estaban involucrados en el lavado de dinero, según informes de prensa. Los mensajes nombraban a una tercera persona solamente por un alias, y llevaban la firma de “Vieja Escuela Z”, el nombre de un grupo del crimen organizado que, de acuerdo con las autoridades, es una escisión del cartel del narcotráfico de Los Zetas, según informes de prensa.
Canché declaró al CPJ que cree que las amenazas procedían de personas vinculadas con exgobernadores del estado, a quienes ambos periodistas han criticado, y no de grupos criminales. “Hemos sido muy críticos de estos exgobernadores en el pasado, y estamos acostumbrados a recibir amenazas de muerte de parte de personas vinculadas con ellos”, agregó Canché.
La violencia, inclusive contra la prensa, se ha incrementado en el estado en los últimos meses. El mes pasado, el CPJ documentó cómo unos atacantes amenazaron a un periodista y le cortaron parte de una oreja en represalia por sus artículos sobre el gobernador del estado.
“Estas amenazas son los últimos incidentes en un patrón de violencia e intimidación que afecta a los periodistas de Quintana Roo”, afirmó Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ. “Las autoridades estatales y federales deben actuar con celeridad para investigar estas amenazas y garantizar que Pedro Canché y Amir Ibrahim puedan seguir ejerciendo la profesión con seguridad”.
Ambos periodistas han sido objeto de amenazas anteriormente. El 8 de julio, Ibrahim declaró a Artículo 19 que había recibido amenazas en su celular. En 2014, Canché estuvo encarcelado 271 días luego de que las autoridades estatales lo acusaron de organizar una protesta contra el incremento de las tarifas del agua. Un juez desestimó el veredicto el 28 de mayo de 2015 y las autoridades estatales ofrecieron una disculpa pública al periodista en abril de 2017, según despachos de prensa. El CPJ determinó que el encierro del periodista fue motivado por su cobertura informativa independiente.
Canché expresó al CPJ que sospecha que las amenazas de Cancún provienen de personas cercanas a tres exgobernadores estatales, a los cuales el periodista ha criticado en su cobertura noticiosa: Roberto Borge, Félix González Canto y Mario Villanueva. Villanueva y Borge actualmente se encuentran en prisión. El primero, en Estados Unidos, donde en 2013 un tribunal federal con sede en Nueva York lo sentenció a cumplir una pena de 11 años de cárcel por lavado de dinero y tráfico de drogas; y el segundo, en Panamá, país en que fue arrestado tras huir de México, donde las autoridades federales lo habían acusado de fraude y corrupción. Borge rechaza todas las acusaciones y se encuentra a la espera de su extradición, según versiones de prensa.
El CPJ no pudo encontrar los datos de contacto de los representantes jurídicos de los exgobernadores.
Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, declaró al CPJ que les había solicitado a Canché y a Ibrahim que denunciaran las amenazas ante la delegación regional de la Procuraduría General de la República. Sánchez añadió que su organismo había enviado un representante a Quintana Roo para investigar el caso.
Un vocero del Mecanismo Federal para la Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos declaró al CPJ que el mecanismo estaba implementando medidas de protección a favor de ambos periodistas.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Según datos del CPJ, en 2017 por lo menos cuatro periodistas han sido asesinados en México por causa directa de su trabajo. El CPJ investiga otros dos casos para determinar si la muerte de los periodistas está vinculada con el ejercicio de la profesión.