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Sin Excusa

Iniciativas federales para proteger a periodistas son insuficientes

El gobierno mexicano ha respondido a la crisis creando una fiscalía federal especial para investigar ataques contra la prensa, así como un mecanismo de protección para ayudar a los periodistas en riesgo. No obstante, los periodistas entrevistados por el CPJ sostienen que las medidas son insuficientes.

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"Como periodistas mexicanos, nos sentimos solos", afirmó Miguel Ángel Díaz, editor que se ha acogido al mecanismo de protección. "Estamos enfrentando la violencia y la impunidad sin saber a quién acudir o en quién podemos confiar".

Díaz sostuvo que comenzó a sentirse amenazado aproximadamente en la época en que Rubén Espinosa Becerril, fotógrafo de Veracruz, fue asesinado en Ciudad de México en 2015. Díaz, director editorial y cofundador de Plumas Libres, un sitio de noticias Web independiente que critica a las autoridades, declaró que había observado a vehículos policiales que constantemente rondaban su oficina, en la capital estatal, Xalapa, y que la policía al parecer lo vigilaba desde las esquinas de las calles. [Nota del editor: Díaz contribuyó con investigaciones a este informe].

Teniendo poca confianza en el Gobierno del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, Díaz acudió a las autoridades federales en busca de ayuda. El periodista llevó su caso ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y aceptó las medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas --dos instituciones establecidas por el gobierno federal para proteger a los periodistas--.

Pero, según Díaz, ninguno de ellos lo hizo sentirse más seguro. "La FEADLE se negó a aceptar mi caso, con el argumento de que no se había cometido ninguna agresión física real en mi contra", señaló. "Y el mecanismo solamente me suministró un botón de pánico, pero poco más que eso".

Finalmente, en octubre de 2015, el CPJ ayudó a Díaz y a su familia a reubicarse temporalmente a Argentina.

La historia de Díaz se repite entre los periodistas de todo México, quienes se arriesgan a ser objeto de ataques o de asesinato por realizar una cobertura crítica. Pocos casos terminan en arrestos, y mucho menos en condenas, y muchos periodistas declaran que el gobierno federal mexicano sigue sin brindarles protección adecuada.

La fiscalía especial para investigar ataques contra la prensa mexicana ha existido por más de un decenio. Fue establecida luego de que el entonces presidente Vicente Fox se comprometiera, en un encuentro sostenido con el CPJ en septiembre de 2005, a crear el organismo en respuesta a la violencia contra la prensa en los estados norteños. En febrero de 2006, dos días después de un brutal ataque contra el diario El Mañana de Nuevo Laredo, el gobierno federal nombró al primer fiscal especial a cargo de investigar los delitos contra periodistas.

En 2010, el mandato de la FEADLE se amplió para que incluyera delitos contra la libertad de expresión. En calidad de subdivisión de la Procuraduría General de la República, el organismo depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y cuenta con autoridad para realizar investigaciones de ataques contra periodistas y medios de comunicación. Incluso si las autoridades locales están investigando un ataque, la FEADLE puede llevar a cabo una investigación paralela para determinar si las autoridades federales deben encargarse del caso en lugar de las autoridades estatales.

"Las autoridades estatales no pueden impedirnos ejercer la facultad de atracción en un caso", declaró Ricardo Nájera Herrera, actual titular de la FEADLE. "Tratamos de trabajar con ellos, no queremos entrometernos en una investigación en marcha, sino más bien intentar complementar lo que ellos hacen".

El organismo abrió 123 expedientes entre el 29 de febrero de 2016 y el 31 de enero del presente año, 10 de los cuales corresponden a homicidios, según cifras que le proporcionó al CPJ. No obstante, desde su fundación la FEADLE solamente ha logrado tres condenas.

La capacidad de la institución para efectuar investigaciones con independencia de las autoridades estatales es más efectiva en teoría que en la práctica, según muchos periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

Nájera manifestó que una de las razones por las que acogen tan pocos casos se debe a que los periodistas vacilan en denunciar los delitos, en particular ante las autoridades locales o estatales. Sin embargo, los periodistas pueden denunciar los ataques directamente ante el organismo. Por su parte, la FEADLE puede decidir de manera independiente realizar una investigación de considerarlo necesario, sin importar si se ha denunciado o no el ataque.

"Es entendible que los periodistas no confíen en las autoridades municipales o estatales. Ellos hacen las denuncias, pero en los periódicos o en otros medios de comunicación", sostuvo Nájera. "Una de las cosas que estamos tratando de hacer para resolver ese problema es organizar una especie de recolección de inteligencia rastreando las redes sociales, la Internet y los medios para encontrar por nuestra propia cuenta las agresiones contra periodistas".

Al comienzo, parte de las limitaciones del organismo se debían al problema de la "duplicidad" de funciones --la incapacidad de asumir un caso que ya es objeto de investigación a nivel estatal--. La cuestión de la duplicidad de funciones fue resuelta en gran medida cuando las modificaciones efectuadas al Código Federal de Procedimientos Penales en mayo de 2013 le permitieron a la FEADLE realizar investigaciones paralelas cuando lo estimara apropiado.

Nájera aseveró que la FEADLE también está trabajando para mejorar la coordinación con las autoridades locales, asumir más casos y mejorar la recolección de información para lograr que una cantidad mayor de periodistas denuncien las agresiones directamente ante las autoridades federales. Al mismo tiempo, el organismo ha incrementado su personal.

"Cuando comenzamos, teníamos la mitad del personal que tenemos ahora, y ello significaba que existían limitaciones", agregó Nájera. "Ahora tenemos más investigadores y tenemos a miembros de la policía federal que trabajan permanentemente con nosotros".

Si bien la FEADLE fue establecida para investigar los ataques, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue fundado para intentar impedirlos. En la actualidad el organismo emplea a 37 personas y funciona con un presupuesto de unos 16 millones de pesos (USD 835,000) al mes, y su objetivo es efectuar evaluaciones de riesgo en casos de amenazas contra periodistas y defensores de los derechos humanos y adoptar medidas de protección cuando fuera necesario.

El mecanismo puede evacuar a periodistas, a activistas y a sus familias, y otorgarles una casa de seguridad, protección policial y un botón de pánico. El mecanismo se activa cuando un periodista o un tercero denuncia que ha recibido una amenaza ante el organismo. El organismo efectúa una evaluación de riesgo y, con base en el grado de amenaza, decide las medidas más adecuadas.

"En una situación de riesgo inminente de muerte, tenemos el mandato legal de actuar en menos de tres horas para evacuar a la persona en peligro", declaró Patricia Colchero Aragonés, titular del mecanismo. "Cuando el riesgo es menos inmediato, evaluamos qué medidas debemos tomar para otorgarle protección a la persona".

El grado de protección ofrecido lo decide la Junta de Gobierno de la institución, que está conformada por representantes de varias secretarías del gobierno federal, y cuatro miembros del Consejo Consultivo, compuesto por defensores de los derechos humanos y de la libertad de prensa.

Muchos periodistas, entre ellos por lo menos dos periodistas que fueron entrevistados por el CPJ y que se han acogido a las medidas de protección, describieron el mecanismo como insuficiente.

Díaz, quien participó en el programa de protección durante aproximadamente un año, señaló que solamente le proporcionaron un botón de pánico y que el mecanismo se comunicó con él unas cuantas veces en ese período. El año pasado, cuando el CPJ visitó a otro periodista que fue evacuado y cuyo nombre no se puede revelar por motivos de seguridad, el CPJ pudo llegar a la puerta de la habitación del periodista en una casa de seguridad sin que aparentemente hubiera alguien de guardia o que le preguntara al CPJ el motivo de la visita. Informes de prensa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo establecido por el gobierno federal para la observancia de los derechos humanos, han advertido de forma reiterada en los últimos años que la institución carece del presupuesto y el personal para dar una respuesta adecuada a todos los casos.

Cuando se interrogó a Colchero respecto a las críticas por parte de periodistas que utilizan el mecanismo, la funcionaria declaró que los participantes en el programa también son responsables por su seguridad. "Cuando estás en una casa de seguridad, no puedes llamar a nadie. Esas son las reglas que establecimos. No se puede invitar a nadie. Tampoco ofrecemos ayuda psicológica, porque no contamos con los recursos para hacerlo y porque es la responsabilidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas".

Colchero admite que el mecanismo tuvo un comienzo accidentado. "Comenzamos muy mal. No teníamos el dinero para implementar las medidas de protección, y el primer año y medio nos rezagamos", afirmó. "Se puede imaginar eso, con el número de casos que teníamos que asumir. No teníamos una metodología para evaluar riesgos, porque en este país las evaluaciones de riesgo las realiza la policía. Fue un período muy complicado".

Según las estadísticas más recientes que suministró al CPJ, el mecanismo ha admitido un total de 388 casos desde 2012, de ellos 220 correspondientes a periodistas. Para enero de 2017, el mecanismo les otorgaba alguna forma de protección a 499 personas y de ellas 174 eran periodistas.

Colchero rechazó las afirmaciones contenidas en un artículo de marzo de 2017 que sostenía que para el año 2017 el mecanismo carecía de presupuesto, que se otorga por medio de un fideicomiso federal. El artículo de La Jornada --uno de los diarios más importantes, con sede en Ciudad de México-- no mencionaba la fuente de las cifras. Colchero señaló que el mecanismo contaba con financiamiento mediante un fideicomiso hasta septiembre y "el dinero para pagar por las medidas de protección. La Secretaría de Hacienda necesitará proporcionar fondos adicionales para financiar los meses restantes de este año". La titular del mecanismo añadió: "Esperamos, no obstante, que recibamos fondos para el próximo año, de lo contrario terminaremos con los mismos problemas como cuando empezamos".

Colchero afirmó que consideraba que la mayoría de los problemas que el mecanismo había enfrentado habían sido arreglados y que la institución podía asumir de manera adecuada la cantidad de casos. "Podríamos necesitar quizás a 10 personas más, pero en cuanto al financiamiento, tenemos suficiente", declaró, al tiempo que añadió que, no obstante, el mecanismo no había presupuestado la contratación de personal según el presupuesto actual.

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