Bogotá, Colombia, 11 de Marzo de 2016 – Un juez venezolano condenó hoy a David Natera Febres, editor de un diario independiente que había investigado corrupción en una compañía de minería estatal, a cuatro años de prisión, según informes de prensa.
Natera Febres, presidente y editor de Correo del Caroní, basado en Ciudad Guayana, una ciudad industrial al oriente del país en el estado de Bolívar, tiene 10 días para apelar. Mientras tanto, permanece en libertad pendiente de su apelación pero tiene prohibido salir de Venezuela y está obligado a comparecer ante funcionarios de justicia cada 30 días. Además, la jueza Beltran Lira lo multó con una suma de 201,249 bolívares, (aproximadamente US$20,100 al cambio oficial, o aproximadamente US$201 al cambio del mercado negro) y le prohibió al diario publicar sobre el querellante en el caso, el empresario Yamal Mustafá.
“La sentencia contra David Natera Febres es un claro ataque contra la libertad de prensa que tendrá un efecto amedrentador en el periodismo independiente e investigativo en Venezuela”, señaló Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). “Bajo la administración del Presidente Nicolás Maduro, las autoridades han usado diversas tácticas para restringir a la prensa, incluyendo la presentación de demandas por difamación, en un intento por controlar el flujo informativo”.
Correo del Caroní también enfrenta sanciones civiles por el caso, que podrían resultar en la confiscación de las oficinas y la imprenta del periódico, según una declaración efectuada por Espacio Público, una organización de libertad de expresión en Caracas.
Periodistas en la región encontraron la sentencia particularmente inquietante por la reputación del periódico de tener una cobertura crítica. Alba Perdomo, una periodista independiente en Ciudad Guayana, indicó a CPJ que ella consideraba al Correo del Caroní como el único periódico del oriente de Venezuela que criticaba con regularidad al gobierno.
“Están penalizando el periodismo investigativo”, Perdomo señaló. “El impacto será enorme”.
La demanda de difamación tuvo origen en una serie de artículos publicados en 2013 sobre una banda dedicada a la extorsión que involucró a un coronel del ejército, a varios empresarios y a altos funcionarios de la compañía estatal Ferrominera Orinoco, de minería de hierro.
El caso fue también investigado por la fiscalía general y la inteligencia militar. Muchos de los artículos en los diarios se basaron en información del gobierno, Damián Prat, columnista del Correo del Caroní, afirmó al CPJ. Las investigaciones culminaron con el despido del presidente de Ferrominera así como también condenas de prisión a tres gerentes de la empresa, agregó Prat.
Mustafá, quien inició una demanda contra Natera Febres y Correo del Caroní en 2013, cumplió casi tres años de arresto bajo acusaciones de malversación vinculadas al caso. Mustafá, quien es dueño de numerosos negocios en Ciudad Guayana, incluyendo el diario pro-gubernamental Primicia, negó las acusaciones en su contra, y fue liberado en diciembre de 2015 luego de que los fiscales desestimaran el caso.
Además de la demanda, Correo del Caroní enfrenta otras amenazas para su supervivencia. Ha perdido la mayor parte de sus anuncios publicitarios debido a la crisis económica en Venezuela, mientras que la falta de papel periódico ha obligado al diario a recortar sus páginas en forma gradual de 32 a ocho páginas. En agosto de 2015, Correo del Caroní pasó de circular todos los días a una edición semanal, si bien aún publica artículos diarios en el sitio web.
Con penas de prisión de hasta cinco años por el delito de difamación, las leyes venezolanas tienen algunas de las penalidades más altas para este tipo de disposiciones en las Américas, según un estudio comparativo de las leyes de difamación lanzado la semana pasada. El estudio fue preparado para el CPJ por la firma Debevoise & Plimpton LLP en colaboración con la fundación Thomson Reuters. La investigación del CPJ muestra que bajo el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, las autoridades han utilizado las leyes de difamación para impedir el trabajo informativo crítico.
El editor del diario El Nacional ha estado viviendo en el exilio desde mayo de 2015 luego de que un alto funcionario lo acusara de difamación. Además, una demanda por difamación civil ha debilitado los recursos del diario Tal Cual, según la investigación del CPJ.