John Otis/CPJ Corresponsal del CPJ para la región andina
Cuando la seguridad de la Asamblea Nacional abrió sus puertas el miércoles pasado, me encontraba entre las decenas de reporteros que pululaban dentro del edificio colonial. A pesar de que la sesión legislativa del día no sería convocada hasta tres horas más tarde, todos los asientos en el palco de prensa, ubicado en el balcón del segundo piso, fueron ocupados rápidamente.
El ánimo era comprensible porque los reporteros sólo de manera reciente han sido permitidos de regreso al edificio. En 2010, diputados del gobernante Partido Socialista aprobaron una medida para prohibir a los periodistas el ingreso al palco de la prensa. Desde entonces fueron relegados a una sala pequeña donde podían seguir la asamblea sólo a través de las sesiones en el canal de televisión del estado, que muchas veces censuraba a los discursos de los legisladores de la oposición, según me comentaron varios reporteros.
Sin embargo, cuando la oposición ganó la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional en las elecciones nacionales del 6 de diciembre, tomó el control de la legislatura por primera vez desde que el fallecido presidente Hugo Chávez liderara la revolución socialista en este país hace 17 años. Fue un terremoto político porque el partido de gobierno había controlado todos los poderes del estado, pero fue también un avance importante para la libertad de prensa. Cuando el nuevo congreso fue convocado el 6 de enero, los diputados votaron de inmediato para el acceso irrestricto de la prensa a la Asamblea Nacional.
“Fue como si hubieran soltado a los pájaros de sus jaulas y se les hubiera permitido volar de nuevo,” Henry Ramos Allup, el recién juramentado presidente de la Asamblea Nacional, me indicó.
La prohibición de cinco años en la cubertura de la Asamblea Nacional forma parte de una serie de leyes, amenazas y medidas reglamentarias que el CPJ ha documentado, que fueron promulgadas por el gobierno socialista de Venezuela -primero liderado por Chávez y en la actualidad por el Presidente Nicolás Maduro–para amordazar y silenciar a los medios independientes. La función de control por parte de la prensa fue además impedida por funcionarios públicos que con frecuencia negaron entrevistas a medios independientes, según informaron periodistas al CPJ.
Ahora, el levantamiento de la prohibición significa que reporteros pueden acercarse a legisladores progubernamentales para comentario y pueden asistir a sesiones legislativas en las cuales miembros del gabinete serán llamados para declarar sobre los gastos del gobierno, políticas económicas, acusaciones de corrupción y otros temas claves.
“Ha sido una caja negra, pero ahora todos los ojos están puestos en la Asamblea Nacional,” según indicó Laura Weffer, una veterana reportera que ha cubierto con frecuencia la asamblea y ahora co-dirige el sitio web de noticias independiente Efecto Cocuyo.
Además, miembros de la oposición ahora controlan importantes comisiones de la asamblea. Tomás Guanipa, el nuevo presidente de la comisión de medios de comunicación, señaló que legisladores de la oposición buscan promover una ley para “democratizar” a los medios en Venezuela y para abordar los abusos del gobierno hacia medios públicos y privados.
Por ejemplo, la nueva legislación podría regular el uso de las “cadenas,” en las cuales el gobierno interrumpe la programación pública y privada de estaciones de televisión y radio para anuncios oficiales. Se supone que las cadenas deben ser usadas con mucha menor frecuencia para proporcionar información esencial–especialmente durante emergencias–pero el gobierno las usa regularmente para propaganda política y electoral, indicó Guanipa. Desde que fue juramentado como presidente en 2013, Maduro ha emitido 499 horas hablando al público por medio de cadenas televisadas, según Monitoreo Ciudadano, una organización no gubernamental que se concentra en temas de abuso de poder y recursos públicos del gobierno venezolano.
Guanipa afirmó que la legislación también podría cubrir cuestiones relacionadas a la televisión y radio estatales, que según indicó han sido convertidas en medios de propagada del Partido Socialista y del gobierno de Maduro.
“Vamos a promover leyes que democraticen los medios. Es una prioridad para la Asamblea Nacional este año”, señaló Guanipa.
Carlos Correa, quien preside la organización no gubernamental de libertad de expresión Espacio Público, sostuvo que los legisladores también deberían insistir en la redacción de una ley de acceso a la información pública porque el gobierno a menudo demora o se rehúsa a divulgar información básica, como por ejemplo el índice de inflación. Afirmó al CPJ que Venezuela es uno de los peores países en la región en materia de transparencia gubernamental.
Pero en su esfuerzo para exigir apertura, la Asamblea Nacional ha encontrado una enorme resistencia. Para empezar, las contraseñas y los nombres de las cuentas oficiales de Twitter fueron cambiados y tomados por militantes que apoyan al gobierno, según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) radicado en Caracas.
Además, el gobierno ha mantenido el control de ANTV, una suerte de C-Span en Venezuela que cubre a la Asamblea Nacional pero es fuertemente partidaria y raramente transmite discursos de legisladores de la oposición. Luego de las elecciones del 6 de diciembre, la televisora estaba supuesta a cambiar para ser controlada por la oposición.
Pero antes de que ello pueda suceder, ANTV fue declarada una fundación audiovisual controlada por los empleados. La estación salió del aire el 31 de diciembre mientras sus cámaras, monitores, computadores y otros equipos fueron removidos de la Asamblea Nacional y “donados” a los trabajadores, según informes de prensa.
“La idea era negar a la oposición la posibilidad de dar cobertura informativa”, indicó Oliver Blanco, funcionario de prensa de la Asamblea Nacional. Ofreció al CPJ una recorrida por las oficinas centrales de la desmantelada televisora donde las alfombras, el aislante de las paredes, los aparatos de iluminación y los monitores de las computadoras fueron sustraídos.
ANTV ha regresado al aire y continúa transmitiendo propaganda a favor del gobierno. Pero otras estaciones de televisión, como por ejemplo Globovisión, están en la actualidad proporcionando una cobertura más equilibrada de la Asamblea Nacional mientras que Efecto Cocuyo y otros sitios web de noticias están transmitiendo las sesiones en vivo, admitió Weffer.
El CPJ realizó repetidos llamados para solicitar comentarios de ANTV y del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información pero no fueron respondidos.
Correa de Espacio Público señaló que el gobierno está intentando sabotear una cobertura informativa abierta sobre la sesiones en la Asamblea Nacional. Cuando legisladores convocaron a ministros del gobierno para interpelarlos sobre la profundización de la crisis económica en el país la semana pasada, acordaron hacerlo sólo si se restringía el acceso a los medios. La oposición rechazó el pedido y la sesión se canceló.
Héctor Rodríguez, quien preside el bloque de legisladores del Partido Socialista, indicó a la prensa más tarde que información sensible sería debatida y por tanto debía haber sido una sesión a puertas cerradas. Además acusó a la oposición de intentar promover un show televisivo sensacionalista al permitir cobertura de los medios sobre la interpelación a ministros.