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Cómo la ley de medios audiovisuales recompensa a medios adeptos y discrimina a los críticos

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El caniddato presidencial Daniel Scioli es rodeado por la prensa el día de las elecciones presidenciales. Un canal de cable progubernamental lo declaró errónamente ganador a pesar de que los resultados determinaron una segunda vuelta para fines de noviembre. AP/Enric Marti)

Al cerrar los centros de votación en la jornada electoral del 25 de octubre en Argentina, el canal de noticias por cable C5N informó anticipadamente que el candidato del partido de gobierno, Daniel Scioli, había sido el triunfador y sucedería en el cargo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien la Constitución le impedía postularse para un tercer mandato consecutivo.

“Daniel Scioli ha ganado por amplio margen”, anunció uno de los locutores. “Es el nuevo presidente de Argentina”.

Pero C5N, de cuyo dueño se informa que tiene estrechos vínculos con el gobierno de Fernández de Kirchner, estaba equivocado. Scioli recibió el 37 % de los votos y apenas superó al candidato opositor Mauricio Macri, quien terminó con el 34 % de los votos en unos comicios donde se postularon seis candidatos, según las autoridades electorales. Ese resultado obligó a una segunda vuelta que se disputará el 22 de noviembre entre Scioli y Macri. Algunas  encuestas pronostican que Macri será el ganador.

José Crettaz, periodista que cubre medios, telecomunicaciones y tecnología para el diario de Buenos Aires La Nación, se refirió a la actuación de C5N durante la noche de la jornada electoral como “ridícula”. Pero él y otros analistas expresaron al CPJ que los canales progubernamentales como C5N han proliferado, en parte, gracias a la ley de medios audiovisuales  de Argentina, que recibió un fuerte respaldo de los Kirchner.

Adoptada en 2009, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tenía el propósito de limitar los monopolios y democratizar la propiedad de los medios radiales y televisivos así como el acceso a tales medios, de acuerdo con el gobierno argentino. Por su parte, los críticos argumentaron que el gobierno había manipulado la implementación de la ley para crear un gran grupo de canales de TV y radioemisoras amigos y para castigar las voces opositoras tales como las de Grupo Clarín, el mayor conglomerado mediático del país.

“El corazón de la ley fue diseñado con el propósito de destruir a Clarín y promover medios amigos del gobierno”, afirmó Martín Etchevers, vocero del Grupo Clarín, en entrevista con el CPJ.

En lo absoluto, afirmó Fernando Torrillate, vocero del ente regulador de los medios audiovisuales del gobierno, conocido como AFSCA, que fue creado en virtud de la ley. Torrillate declaró al CPJ que la ley era una medida sensata para limitar la cuota de mercado y el número de licencias de radio y TV que una empresa podía poseer. La ley también asigna frecuencias de transmisión para tribus indígenas, universidades, iglesias y asociaciones comunitarias, e intenta promover las películas y series televisivas de procedencia nacional.

“La ley desmonopoliza a los medios y promueve nuevos actores”, indicó Torrillate.

“Nos transformamos en un ejemplo en la región y en el mundo, por la apertura de nuevas voces y nuevas miradas y, sobre todo, por haber planteado una pelea franca, firme y democrática frente a quienes concentraron la comunicación audiovisual durante décadas”, escribió Martín Sabbatella, presidente del AFSCA, en un informe publicado para conmemorar el sexto aniversario de la promulgación de la ley. 

Anteriormente, los canales de TV y las radioemisoras de Argentina desempeñaban sus actividades en virtud de una ley de medios audiovisuales decretada por la junta militar que gobernó el país en 1980. Tres años más tarde, el régimen militar se desplomó pero la ley se mantuvo en vigor durante 29 años. Los legisladores la modificaron más de 400 veces para adecuarla al nuevo sistema democrático y al cambio de las tecnologías.

La presión a favor de una nueva ley comenzó en 2008, sostuvo Crettaz. En ese momento, el gobierno Kirchner perdía apoyo popular y aliados en los medios con el trasfondo de un paro agrícola nacional convocado para protestar contra la aplicación de nuevos impuestos sobre las exportaciones agrícolas. Entre los que adoptaron una postura más crítica estuvo Grupo Clarín, que en general había respaldado a Cristina Kirchner, quien fue elegida para cumplir su primer mandato en 2007, y a su difunto esposo, Néstor Kirchner, quien ocupó la presidencia de 2003 a 2007.

El giro editorial molestó a los Kirchner porque el grupo mediático es dueño del mayor diario argentino, Clarín, de un popular canal de TV, Canal 13, y de la cadena radial con mayor sintonía, Radio Mitre. El grupo también es propietario de una de las mayores operadoras de televisión por cable del país y de un proveedor de servicio de Internet. Etchevers señaló que el aumento de las críticas de los medios de Grupo Clarín motivó una campaña propagandística oficial en la que funcionarios de gobierno llevaban sellos y pancartas con la frase “¡Clarín miente!”,  así como una ofensiva por parte de legisladores partidarios de los Kirchner para reescribir el reglamento de la TV y la radio.

La ley fue adoptada en 2009, pero se retrasó la implementación porque Grupo Clarín impugnó la ley ante la Justicia, inclusive mediante un recurso que argumentaba que la ley era inconstitucional porque inhibía la libertad de expresión. En 2013, la Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la ley. Como resultado, el Grupo Clarín y otros 20 grupos mediáticos del país están siendo obligados a reestructurarse, ceder licencias de TV y radio y desinvertir algunos de sus activos, según datos del CPJ.

Analistas de medios sostienen que hasta el momento la ley ha tenido poco impacto sobre el Grupo Clarín, cuyas propiedades de medios mantienen su presencia dominante y línea editorial antagónica, pero manifiestan que la ley sí ha transformado el espectro radioeléctrico.

En los últimos seis años, AFSCA ha otorgado casi 1,400 licencias o autorizaciones de TV y radio, entre ellas 930 a organizaciones sin fines de lucro, de acuerdo con la agencia noticiosa oficial Télam. Sin embargo, la mayoría de los medios audiovisuales sin fines de lucro dependen de subsidios gubernamentales para sobrevivir, mientras que muchos de los nuevos medios audiovisuales privados con fines de lucro han recibido abundante publicidad oficial, afirman los analistas. Como resultado de ello, señaló Crettaz, tales medios se abstienen de transmitir denuncias periodísticas sobre el gobierno Kirchner.

“El gobierno estimuló, a través de una cantidad significativa de publicidad oficial, la emergencia de medios privados alineados con la agenda informativa oficial”, escribieron Martín Becerra y Guillermo Mastrini, dos académicos argentinos expertos en materia de concentración de la propiedad de los medios, en un análisis de la ley en 2014 para la International Association of Media Communication Research. Lo describieron como un “sistema diseñado para recompensar a los sumisos y castigar a los críticos”. 

“La ley de medios no fue diseñada para promover voces alternativas porque casi todos los nuevos medios han asumido una línea editorial progubernamental”, señaló Gustavo González, director periodístico de la Editorial Perfil, que publica la revista Noticias, el semanario más influyente del país.   

Torrillate se mostró en desacuerdo. “Eso es como decir que el cielo es rojo”, expresó al CPJ. El funcionario indicó que algunos de los noticieros de mayor audiencia transmitidos por señal abierta y por cable pertenecían a Grupo Clarín y eran sumamente críticos. Torrillate bromeó que el canal por cable de noticias las 24 horas “Todo Noticias” del Grupo Clarín debería denominarse “Todo Negativo”.

A medida que algunos propietarios de medios han desinvertido sus activos en virtud de las disposiciones antimonopolio de la ley de medios, figuras cercanas al gobierno han adquirido muchas de estas propiedades y licencias, aseveró Crettaz. Un ejemplo es Cristóbal López, quien es propietario de una amplia red de casinos y, según versiones periodísticas, participa en un negocio hotelero propiedad de Kirchner en Bariloche. Desde que la ley de medios audiovisuales entró en vigor, López ha comprado varias propiedades --entre ellas C5N-- que reciben grandes cantidades de publicidad oficial y han adoptado una postura mucho más cercana al gobierno, González refirió al CPJ. 

Además de su errónea información en la jornada electoral que proclamaba a Scioli presidente electo, C5N informó que Aníbal Fernández, jefe de Gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y uno de sus asesores más leales, había sido elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando, en realidad, Fernández había perdido por amplio margen.

La cobertura sesgada de C5N “se debe a vínculos personales, políticos y económicos entre el propietario (del canal) y la familia Kirchner”, Crettaz afirmó al CPJ. “La ley de medios fue diseñada para proteger a ese tipo de empresarios y para perseguir a los que no se ajustan a la norma”.

 Ni López ni C5N devolvieron las llamadas telefónicas del CPJ para que tuvieran la oportunidad de ofrecer sus comentarios.

En su fallo de 2013, la Corte Suprema declaró que la ley de medios audiovisuales debía aplicarse imparcialmente, que la publicidad oficial debía distribuirse entre los medios audiovisuales sin distinción de línea editorial, y que la autoridad aplicadora de la ley --AFSCA--, debía ser “un órgano técnico e independiente, protegido de la interferencia indebida del gobierno o de grupos de intereses”.

Pero González, de Perfil, sostiene que el gobierno no ha seguido ninguna de estas disposiciones. Por ejemplo, el presidente de AFSCA, Sabbatella, es un antiguo diputado y figura leal a los Kirchner, y la opinión generalizada es que el ente regulador está sometido al gobierno, señaló. El mes pasado, AFSCA rechazó las licitaciones de Perfil y su presidente, Jorge Fontevecchia, para obtener licencias para dos canales de TV digitales, con el argumento de que las licitaciones no aportaron la documentación adecuada.

“Eso es sencillamente una mentira”, González expresó al CPJ.

González aseveró que las licitaciones fueron rechazadas porque los medios noticiosos de Perfil son críticos de la gestión gubernamental. El vocero de AFSCA, Torrillate, rechazó tales quejas y las atribuyó al resultado del proceso. También se refirió a AFSCA como un organismo imparcial y neutral y señaló que su directorio, conformado por siete miembros, contiene a varias figuras críticas del gobierno.  

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