Por John Otis/Corresponsal del CPJ para la región andina
Cuando el diario El Comercio de Quito fue vendido en diciembre a un empresario de medios latinoamericano conocido por evitar conflictos editoriales con gobiernos, activistas en defensa de la libertad de prensa temieron que el periódico pasaría a suavizar su cobertura crítica sobre el gobierno ecuatoriano. Esa preocupación ha aumentado ahora tras el despido el mes pasado de Martín Pallares, uno de los periodistas más conocidos de El Comercio y fuerte crítico del gobierno.
En los últimos 13 años Pallares ha trabajado como periodista, editor, bloguero y columnista para El Comercio, el diario más importante de la capital y conocido por su contundente cobertura política. A medida que el Presidente Rafael Correa, quien fue electo por primera vez en 2006, se volvió más intolerante y lanzó una embestida contra la prensa privada, Pallares aumentó sus críticas sobre el gobierno en sus columnas y en su cuenta de Twitter, que tiene más de 17 mil seguidores.
En ocasiones, Pallares confrontó con Correa y sus ministros en las redes sociales y utilizó lenguaje provocativo. Por su parte, Correa señaló a Pallares en sus discursos transmitidos a todo el país y lo llamó “enfermo”, “malcriado”, “inmoral”, “cobarde” y “sicario de tinta”, entre otros agravios.
Los comentarios ácidos de Pallares en Twitter se convirtieron en un tema para El Comercio incluso antes de que el diario se vendiera por 45 millones de dólares al empresario Remigio Ángel González, un millonario mexicano quien es dueño o controla más de 100 emisoras de radio y estaciones de televisión en América Latina. El editor del diario, Carlos Mantilla, Batlle, indicó al CPJ que habló con Pallares en varias oportunidades acerca de bajar el tono de su lenguaje, que consideró inapropiado para un periodista de la altura de Pallares y que según él violaba las pautas de “buena conducta” del diario.
Henry Tobar, un abogado de El Comercio, afirmó los mensajes de Pallares en Twitter podrían volver al diario más vulnerable ante eventuales demandas. Luego de la venta de El Comercio, Mantilla informó a Pallares que tendría que elegir entre trabajar en el diario y ventilar sus opiniones en Twitter.
“No podemos tener un Martín Pallares dentro del diario y otro Martín Pallares afuera”, Mantilla indicó al CPJ. “Las reglas se aplican para todos igual”.
Pero Pallares afirmó al CPJ que sus opiniones en Twitter son similares a las que expresaba en su columna semanal en El Comercio. Además se ha rehusado a mantener en silencio sobre las acciones del gobierno de Correa.
“Hacer algo así sería como abrir la puerta a una tiranía del silencio”, sostuvo Pallares, ex becario de periodismo de la Fundación Knight en la Universidad de Stanford, en una entrevista telefónica.
El conflicto escaló durante el último mes. El 15 de agosto, cuando había signos de erupción del volcán Cotopaxi cerca de Quito, Correa declaró anunció el estado de excepción. En lugar de incluir solo el área cercana al volcán, Correa adoptó la medida para todo el país, abriendo la puerta a la censura por parte del gobierno y con el derecho de abrir los correos privados. De todos modos, como el anuncio se hizo casi al mismo tiempo de fuertes protestas contra el gobierno, en una serie de mensajes en Twitter Pallares sugirió que el verdadero objetivo de Correa era reprimir el disenso.
“¿Cómo puede ayudar la cancelación de la inviolabilidad de la correspondencia con la emergencia por el proceso eruptivo del volcán?”, se preguntó Pallares en Twitter.
Cuando Pallares se presentó a la redacción del diario dos días más tarde, Mantilla le pidió al periodista que abandonara su oficina.
César Ricaurte, director ejecutivo de la organización de defensa de la libertad de prensa FUNDAMEDIOS, describe a la controversia suscitada en Twitter como una pantalla de humo. “Está claro que Martín fue despedido por sus opiniones”, Ricaurte indicó al CPJ. “Esta jugada le permite al diario deshacerse de una persona incómoda para el gobierno”.
Ricaurte sostuvo que existen otros signos de que El Comercio está suavizando su tono. Las investigaciones, afirmó, son con frecuencia sobre temas como crimen y narcotráfico antes que sobre corrupción en el gobierno. Pallares indicó que El Comercio aún publica informes críticos pero que en general siguen lo que publican otros medios antes que liderar la agenda en temas controvertidos.
Eso no es cierto, según afirmó Mantilla. El editor agregó que sólo habla ocasionalmente con González pero que nunca le pidieron que modifique la cobertura del diario por motivos políticos y que, si alguna vez ocurriera, él abandonaría El Comercio.
“Tenemos el mismo equipo, el mismo AND”, expresó al CPJ. “Si cambiamos perderíamos a nuestros lectores”.
Mantilla, de 50 años, forma parte de la familia que fundó El Comercio en 1906. Ha tenido una variedad de posiciones editoriales y también en la parte comercial en el diario y se convirtió en director editorial el año pasado. Pero también trabajó brevemente como consultor de González a comienzos del 2000 y permanece como editor tras la venta de diciembre.
Mantilla aseguró que la transacción fue el resultado de la larga confrontación del gobierno de Correa con la prensa, incluyendo la Ley de Comunicación sancionada en 2013. La ley somete a los medios a estrictas regulaciones por parte de un ente estatal y estableció que los medios deben proporcionar información precisa y equilibrada a riesgo de enfrentar sanciones civiles y penales.
La ley ha resultado en decenas de multas y sanciones contra El Comercio y otros medios independientes y el impacto general ha sido de una censura generalizada, según la investigación del CPJ. Estas presiones así como los embargos publicitarios por parte del gobierno han determinado el cierre de varios medios, como la revista de investigación Vanguardia y el diario Hoy.
Para evitar un destino similar, Mantilla aseguró que la familia puso el diario a la venta. Pero encontrar vendedores locales es difícil debido a una ley que estipula que los ecuatorianos deben desinvertir las acciones o las participaciones que posean en compañías y sociedades cuya actividad sea distinta a la que realizan los medios de comunicación antes de realizar compras en empresas de medios. La ley fue aprobada en 2011 en medio de los reclamos de Correa de que los banqueros tenían propiedad mayoritaria en empresas de medios y que, a su vez, esos medios distorsionaban su cobertura sobre las acciones de su gobierno.
Sin embargo, la ley no se aplica a inversores extranjeros, hecho que le abrió la puerta a González. Su portfolio creciente en Ecuador ahora incluye tres estaciones de televisión, 11 emisoras de radio, El Comercio y el diario Últimas Noticias. Esto convierte a González en el segundo mayor propietario de medios en Ecuador, después del estado.
Pero según informes de prensa, los medios de González casi siempre están en línea con las políticas del gobierno y en consecuencia son compensadas con publicidad oficial. Ese ha sido el caso en Ecuador, donde la televisora RTS TV, la tercera más vista del país, así como las radios de González raramente critican a Correa, según el diario El Universo de Guayaquil.
El holding empresarial de González en Miami, Albavision, no respondió a los pedidos del CPJ para efectuar comentarios.
Al mismo tiempo, la venta de El Comercio está siendo vista con atención luego de algunos negocios similares ocurridos en Venezuela. En ese país, la campaña de acoso y hostigamiento contra los medios privados terminó con la venta del diario El Universal, de la Cadena Capriles, y con la televisora Globovisión. En todos los casos, sus nuevos dueños adoptaron una línea editorial favorable al gobierno, según la investigación del CPJ.
Mantilla insiste que ello no ocurrirá en su diario pero algunos analistas de medios tienen sus dudas.
“El hecho incontrovertible es que El Comercio se deshizo de un periodista que el poder político convirtió en blanco de sus ataques”, escribió el veterano periodista y bloguero José Hernández. “Hizo lo que el correísmo tanto deseaba”.