Por John Otis/Corresponsal del CPJ para la región andina
Cuando Wilfredo Oscorima, gobernador del sureño departamento peruano de Ayacucho, fue sentenciado en junio a cinco años de cárcel por conducta indebida en el cargo, el diario independiente La Calle consideró el fallo como una reivindicación de sus incisivas investigaciones periodísticas sobre la gestión del gobernador.
Pero La Calle ha pagado un alto precio por su postura crítica. El gobierno departamental retiró la publicidad oficial del periódico. Sus reporteros y editores fueron objeto de una campaña de desprestigio en las redes sociales que los calificó de terroristas y fueron blanco de querellas penales por difamación interpuestas por los políticos sobre los cuales los periodistas informaban. Ahora, la propietaria y directora de La Calle, Esther Valenzuela, ha decidido cerrar el periódico, que lleva 22 años de existencia.
“Es una pena, pero esa es la realidad”, declaró Valenzuela en entrevista con el CPJ.
El destino de La Calle es un ejemplo de los desafíos que enfrentan los periodistas provinciales en Perú cuando tratan de investigar la corrupción gubernamental. Los funcionarios locales con regularidad convierten a los periodistas y a las empresas donde trabajan en blanco de boicots publicitarios y demandas judiciales, a la vez que premian a los medios que ofrecen una cobertura favorable con publicidad, con acceso a las reuniones y a los funcionarios y, en algunos casos, con sobornos por informaciones positivas, según Adriana León, del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), con sede en Lima.
“Ese es el modus operandi de muchos políticos”, León expresó al CPJ. “Es muy común en todo el país”.
En el departamento central de Ancash, por ejemplo, el ex gobernador César Álvarez Aguilar intentó frenar a periodistas investigativos en los últimos cuatro años mediante acusaciones de difamación, que continúa tipificada como delito en Perú. Sin embargo, las investigaciones periodísticas y judiciales continuaron y el año pasado Álvarez fue arrestado y acusado de homicidio en calidad de autor intelectual del asesinato de un rival político.
Los periodistas de los distantes departamentos de Tumbes, Lambayeque y Loreto también han sido objeto de querellas penales por difamación interpuestas por funcionarios públicos. Estos departamentos, junto con los de Ancash y Ayacucho, han registrado los mayores niveles de corrupción gubernamental en Perú así como la mayor incidencia de acoso gubernamental hacia los periodistas, según Zulaina Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, con sede en Lima.
“El peor enemigo de los periodistas en el Perú es el funcionario público”, declaró Lainez a la publicación digital Número Zero.
Ese parece ser el caso en Ayacucho, que fue el epicentro del conflicto que entre 1980 y 2000 libró el gobierno peruano contra la guerrilla de Sendero Luminoso. En aquel entonces, la principal amenaza contra los periodistas provenía de los guerrilleros, que tomaban represalias contra los periodistas de quienes sospechaban que eran colaboradores de las fuerzas armadas y los efectivos militares, que consideraban a algunos periodistas como espías de la guerrilla, de acuerdo con Abilio Arroyo, ex corresponsal de guerra peruano.
En el Perú de la posguerra, la población y la actividad económica de la región se han incrementado, y el presupuesto del gobierno departamental se ha multiplicado más de diez veces, señaló Carlos Pérez, director de la revista política de Ayacucho El Tejuelo. Pérez aseveró que la fiscalización de las actividades del gobierno es débil y los tribunales locales a menudo están llenos de funcionarios leales al gobernador. Esta combinación, según Pérez, abre la puerta al abuso generalizado.
No obstante, los medios de Ayacucho –una lista que abarca siete canales de televisión, 20 radioemisoras, seis diarios y tres revistas– en gran medida han abandonado el papel tradicional de fiscalización de los actos gubernamentales, sostuvo Carlos Valdez Medina, ex corresponsal de la agencia Associated Press en Ayacucho. El grueso de los ingresos de muchos medios procede de la publicidad oficial, lo cual los vuelve reacios a criticar a los funcionarios locales, Valdez expresó al CPJ.
También existen casos de funcionarios que efectúan pagos regulares a periodistas corruptos a cambio de cobertura informativa favorable, así como casos de periodistas que extorsionan a los políticos, afirmó León, del IPYS, organización que cuenta con un investigador en Ayacucho. “Algunos periodistas se acercan a los funcionarios públicos y les dicen: ‘Si no me pagas todos los meses, te destruyo'”, agregó León.
Dos excepciones son La Calle y la radioemisora Wari, ambos propiedad de Valenzuela. Ambos medios han denunciado a Oscorima, quien construyó su fortuna con el negocio de las máquinas tragamonedas antes de ser elegido gobernador, por irregularidades que van desde regalar relojes Rolex a funcionarios judiciales hasta declarar estado de emergencia en medio de lluvias torrenciales para otorgar contratos sin licitación.
Julio Castillo, vocero de Oscorima, declaró al CPJ que La Calle y Wari apoyaron a candidatos que resultaron derrotados en las elecciones a gobernador de 2011 y 2014 y afirmó que esa era la razón por la cual ambos medios habían criticado con tanta dureza a su jefe. Castillo defendió las querellas penales por difamación y expresó: “Los periodistas no pueden decir lo que quieran sin tener pruebas”.
Arroyo, el ex corresponsal de guerra que ahora dirige el periódico de Ayacucho Hocicón, añadió: “Los periodistas siempre toman partido y ello genera muchos problemas”.
En 2013, Valenzuela fue condenada por el delito de difamación, fue multada y recibió una pena de cárcel en suspensión por afirmar que un exgobernador había cometido irregularidades en contratos para la construcción de un hospital público. Ella y otros dos periodistas de La Calle fueron querellados por el delito de difamación en 2012 por informar sobre presuntos actos de corrupción en un organismo estatal de fomento rural, pero resultaron absueltos.
Además, el gobierno ha acusado a Valenzuela de violaciones ambientales, con el argumento de que la rotativa de La Calle hace demasiado ruido. Valenzuela declaró al CPJ que la policía la ha citado para interrogarla en medio de una campaña de desprestigio en Ayacucho en la cual varios periodistas de La Calle han sido descritos en Facebook y otras redes sociales como simpatizantes de Sendero Luminoso.
A pesar de todo, el trabajo de estos periodistas parece perdurar, y algunas de sus denuncias han sido citadas por los fiscales en el juicio contra Oscorima por los delitos de malversación y prevaricación. Oscorima, quien fue suspendido de su cargo de gobernador después del juicio, desapareció mientras aguardaba que se dictara sentencia y está considerado prófugo, según versiones periodísticas. Su abogado ha apelado la condena.
“El Poder Judicial confirmó las irregularidades que denunciamos”, declaró Valenzuela al CPJ. “Eso nos da mucha satisfacción”.
No obstante, no queda mucho tiempo para darle seguimiento al caso. Debido a la reducción de los ingresos, el alza en los costos y las batallas judiciales en curso, Valenzuela expresó al CPJ que la última edición de La Calle saldrá a la venta el 4 de septiembre.
[Informaciones recogidas en Ayacucho, Perú]