Por Pedro Vaca/ Bloguero invitado del CPJ
Coincidiendo con el día del periodista en Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), publicó su informe anual sobre las condiciones para la libertad de prensa en el país. A medida que analizamos los desafíos que enfrentan los medios en 2014, recordamos que durante el año pasado el periodismo colombiano perdió a unos de sus más grandes promotores y defensores: el autor y periodista Gabriel García Márquez. Sin embargo, dos episodios de la vida del premio Nobel de literatura colombiano son importantes para reflexionar sobre el estado de la libertad de prensa hoy.
Exigir garantías de protección a la prensa:
El 18 de Marzo de 1995 García Márquez convocó a 24 periodistas de Estados Unidos, Perú y Colombia que se reunieron en Cartagena con el Comité Para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York en busca de respuestas contra la violencia que golpea el periodismo colombiano. Poco después de un año, se crea la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) y tardarían cuatro más para que en el año 2000 el Gobierno accediera a la creación de un programa de protección a periodistas.
Desde entonces las cosas han cambiado, la violencia contra la prensa disminuyó en su letalidad pero persiste, se aleja de las grandes ciudades y se concentra en regiones y municipios donde la presencia estatal es débil. Regiones donde la institucionalidad es permeada por actores armados ilegales y mafias locales que a través de distintos métodos siguen intimidando la labor periodística.
En el año 2014 la FLIP registró 164 periodistas víctimas de distintas agresiones relacionadas con su oficio. De éstas 71 son amenazas, 19 están relacionados con el cubrimiento de asuntos electorales, 36 agresiones físicas y 43 obstrucciones al trabajo periodístico entre otros.
Durante el 2014, además de mantenerse la fotografía de la violencia, el programa de protección a periodistas sufrió una de las más grandes crisis en sus 15 años de funcionamiento, principalmente a causa de fallas por el gobierno en la planeación que implicaron déficits presupuestales que dejaron en riesgo la continuidad de todos los esquemas de protección en Colombia. La impunidad campea a sus anchas. La justicia, por pereza, desinterés o exceso de trabajo parece haber renunciado a ser la protagonista que le hemos pedido ser hace tantos años. Sólo en dos casos la justicia presentó avances durante el 2014, la condena contra el autor intelectual del asesinato del periodista Rafael Prins y el de la tortura psicológica por parte de agentes de inteligencia Estatal durante el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe contra a la periodista Claudia Julieta Duque.
Vigilancia a periodistas.
En marzo de 1981, García Márquez escribió en el diario español El País las razones por las cuales abandonaba Colombia. “Sé que la trampa estaba puesta y que mi condición de escritor no me iba a servir de nada, porque se trataba precisamente de demostrar que para las fuerzas de represión de Colombia no hay valores intocables” escribió el Nobel una semana después del exilio.
Fue advertido por personas cercanas de que la inteligencia Colombiana de la época, amparada en el estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay, lo tenía como uno de sus objetivos.
El ejercicio de la inteligencia Estatal también persiste. La historia es la misma pero la tecnología es distinta.
Desde su posesión, el Presidente Juan Manuel Santos ha enviado mensajes de respaldo a la prensa y dio inicio a un proceso de reparación colectiva a periodistas víctimas del conflicto, estos gestos positivos en ocasiones terminan en contradicción con hechos lamentables como la interceptación ilegal de periodistas por parte del Ejercito en la fachada conocida en 2014 como “Andromeda”.
En una perspectiva global “Andromeda” no escapa a los debates sobre vigilancia de comunicaciones en Internet por parte de los Gobiernos. El avance de la tecnología facilita la difusión de información pero también hace más vulnerables a quienes la generan, los actos de espionaje son casi invisibles para sus víctimas y esto requiere que existan más controles al despliegue de inteligencia estatal.
Visto desde la historia colombiana, Andrómeda recuerda del escándalo de 2009 cuando la revista Semana reveló que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)–el servicio nacional de inteligencia colombiano–espiaba a los críticos del entonces presidente Uribe, incluyendo a jueces, políticos, activistas de derechos humanos, y periodistas. El caso de Andrómeda muestra que a pesar de que el presidente Santos disolvió el DAS en 2011, los controles son aún insuficientes. Tan insuficientes, de hecho, que el mismo presidente y altos funcionarios del Gobierno también fueron objeto de interceptaciones ilegales.
En un período de crecientes desafíos para los periodistas en la lucha contra la vigilancia, la impunidad y la violencia, Colombia debe continuar con el legado de García Márquez de protección a la prensa.
Pedro Vaca es director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).