Capítulo 6: Conclusión
En la actualidad el combate contra la impunidad ha alcanzado una encrucijada importante. A escala global y nacional, las sociedades están conscientes del extremo peligro que sufren los periodistas y el derecho a la información cuando la violencia contra la prensa recibe la inacción oficial como respuesta. Los pedidos de justicia por parte de los activistas en defensa de la libertad de expresión se han visto amplificados por el respaldo de la ONU y su proclamación del primer Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad por los Crímenes contra los Periodistas.
Pero también es una posición precaria: los modestos avances pudieran derivar en complacencia.
Este informe ha examinado los enormes desafíos que supone el transformar los climas de impunidad, en particular en las zonas consumidas por conflictos armados o la delincuencia generalizada y donde la corrupción, el nepotismo y la inestabilidad política han debilitado el estado de derecho. El análisis realizado por el CPJ de los índices globales de impunidad por los asesinatos de los periodistas en los últimos siete años, muestra que en general han empeorado. Las estadísticas contienen algunas señales alentadoras. El número de condenas de los autores de estos crímenes registra un leve incremento, pero esta cifra sigue siendo pequeña en comparación con los saldos anuales de nuevas víctimas.
El camino a la justicia
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El punto central foco del problema es la persistente ausencia de voluntad política para lograr plena justicia en los cientos de casos en que un periodista ha sido blanco de disparos, explosivos o golpizas por lo que informaban. En los pocos casos en que se ha ejercido la voluntad política, por lo general en respuesta a una fuerte presión nacional e internacional, se han registrado avances en la forma de justicia parcial para las víctimas y, más raramente, en la forma de justicia plena. Pero la norma es que los sospechosos de cometer los crímenes, incluyendo políticos, miembros de las fuerzas armadas, y otras figuras con poder e influencia en la sociedad, evadan la acción de la justicia. Este patrón se aplica en particular a los autores intelectuales de los asesinatos de periodistas.
El CPJ puede comprobar a diario los devastadores efectos de la impunidad en las historias de autocensura, exilio y trauma, pero también ha evidenciado que hay maneras de combatirla.
Con el tiempo, en casos aislados pero importantes, los valientes esfuerzos de familiares y colegas decididos a exigir resultados y cuestionar las deficiencias en las investigaciones; la sostenida atención y el activismo de los medios; la presión diplomática de la comunidad internacional; y las acciones legales ante los tribunales nacionales y regionales, han impulsado la justicia o han persuadido a los gobiernos a tomar medidas más profundas.
Como analiza el informe, los Estados pueden adoptar varias medidas para garantizar la seguridad y la imparcialidad de los procesos judiciales. Entre ellas se encuentran reunir recursos investigativos y procesales a escala nacional –en algunos países, ello reviste la forma de la participación federal en las investigaciones de los delitos contra los periodistas o contra la libertad de expresión–, trasladar las sedes de los juicios, mejorar los programas de protección de testigos, reformar los poderes judiciales para limitar las oportunidades de que los acusados poderosos abusen del sistema, y crear organismos independientes para someter al escrutinio las investigaciones deficientes. La transparencia y rendición de cuentas ante las víctimas y la sociedad y las consultas con los medios y las ONG son clave para la implementación exitosa. Un excelente ejemplo de ello es la Comisión para la Investigación de los Asesinatos de Periodistas de Serbia, en la cual los periodistas y las autoridades investigativas de manera conjunta han examinado casos antiguos y han descubierto nuevas pistas, lo cual ha llevado al arresto de sospechosos en por lo menos un caso.
Algunas de estas soluciones exigen cuantiosos recursos, leyes o el desarrollo a largo plazo de capacidad institucional junto con profundas mejoras en la gobernanza. Pero también hay medidas que pueden tomarse inmediatamente y que no requieren de una inversión considerable ni de una transformación política. Los gobiernos que han declarado que realizarán investigaciones especiales de los casos pueden y deben divulgar esos resultados. Las conclusiones del comité designado por el presidente de Kurdistán para investigar el asesinato del periodista Sardasht Osman y la investigación judicial de Pakistán en torno al asesinato de Hayatullah Khan son dos buenos comienzos. El firme compromiso de las principales autoridades investigativas con los casos individuales y la ampliación de las investigaciones para que incluyan a los sospechosos de ser los autores intelectuales deben ser la norma; esta tendencia se puede observar en Brasil, donde se han dictado condenas en cuatro casos en los últimos dos años –inclusive, en un caso, contra el autor intelectual–. En el contexto de los compromisos acordados por los gobiernos para abordar la cuestión de la impunidad y la seguridad de los periodistas y promover el Estado de Derecho, estas medidas no son exigencias imposibles.
Cumplir con las obligaciones contraídas ante la ONU para combatir la impunidad debe ser ahora primordial para los Estados Miembros, y se debe comenzar con la entrega de respuestas exhaustivas y públicas a las solicitudes del director general de la UNESCO sobre el estado procesal de los casos de periodistas asesinados. Los gobiernos también deben fijarse altas expectativas para que cada 2 de noviembre sea una fecha para adoptar una posición contra la impunidad y hacer una valoración honesta de los avances alcanzados en la resolución de los asesinatos de periodistas. Cada año debe haber un notable progreso por parte de los Estados que sufren de elevados índices de violencia contra la prensa e impunidad, y la ONU debe evaluar este progreso o su ausencia en términos claros. La plena integración de estas inquietudes en las más amplias áreas de trabajo de la ONU, tales como los objetivos de desarrollo y el estado de derecho, también es importante.
El Plan de Acción de Naciones Unidas para la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad ha creado una nueva oportunidad para promover la justicia mejorando la coordinación entre los actores del Estado, la sociedad civil, los medios y las Naciones Unidas. Se han registrado algunos arranques promisorios, pero corren el riesgo de perder el rumbo si no se realizan mayores esfuerzos, financieros y políticos, para apoyarlos, y si una gama más amplia de organismos de la ONU no hacen más por identificar sus aportes concretos al plan. Al mismo tiempo, los medios pueden desempeñar un papel importante al informar sobre este proceso a medida que se desarrolle y al prestar sostenida atención a los casos de los colegas caídos en el ejercicio de la profesión.
La lucha por la justicia ahora tiene un alcance global, pero su promoción llegará caso a caso. Cada vez que un sospechoso sea capturado, cada vez que un autor sea encarcelado y cada vez que un caso estancado sea impulsado nuevamente, se escuchará más alto el mensaje de que no se puede atacar a un periodista sin sufrir consecuencias. Ese mensaje salvará vidas y mejorará la esencial circulación de información que es elemento indispensable de nuestra sociedad global.