La violencia generalizada y la impunidad impiden esclarecer los asesinatos.
En un contexto de violencia e inestabilidad en Centroamérica provocado por el crimen organizado y la corrupción, Honduras y Guatemala han experimentado un alarmante aumento en las cifras de asesinatos de periodistas y ataques contra la prensa. La impunidad casi absoluta que rodea estos crímenes significa que la mayoría de los casos no llegan a resolverse y los móviles quedan sin esclarecer. Mientras el temor invade a las redacciones en la prensa de ambos países, gobiernos cada vez más intolerantes al disenso intentan controlar a medios y periodistas críticos. Un informe especial del CPJ elaborado por Sara Rafsky
Si se busca una respuesta sobre quién ordenó el asesinato del conocido presentador radial hondureño Ángel Alfredo Villatoro, ocurrido en 2012, sólo basta con preguntarle a cualquier periodista de la capital, Tegucigalpa. Cada uno de ellos tiene una teoría –que sólo están dispuestos a compartir en voz baja y sin atribución de la fuente– y cada versión es marcadamente distinta. En Honduras los únicos que no muestran interés son las autoridades. En reuniones a finales de mayo con el CPJ, declararon con orgullo el caso como resuelto y apuntaron a las recientes condenas de los presuntos sicarios, a pesar de que las autoridades nunca esclarecieron el móvil del crimen ni lograron identificar a los autores intelectuales.
En la vecina Guatemala, la policía anuncióque en junio había capturado a un sujeto a quien señalan de haber asesinado al periodista Jaime Napoleón Jarquín Duarte y al propietario de una radioemisora y político Luis Alberto Lemus Ruano en dos ataques distintos en 2013. Del mismo modo, no se abordó el móvil de los crímenes ni la posible existencia de nexos entre las víctimas.
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En los últimos años, Honduras y Guatemala han sido escenarios de un alarmante aumento en las cifras de asesinatos de periodistas y ataques contra la prensa. En ambos países –con algunas de las más altas tasas de homicidios del mundo, según estadísticas de la ONU– impera la impunidad y no queda claro quiénes son los artífices ni las causas de la violencia. Esta incertidumbre ha exacerbado la tensión constatada en Centroamérica, región que registra violencia generalizada y la ruptura del ya de por sí limitado estado de derecho debido al auge de la delincuencia organizada. Las persistentes divisiones y la debilidad institucional derivadas de la violencia política y los conflictos de las décadas del ’70 y el ’80, sumadas a la llegada de miembros de pandillas o maras que fueron deportados de Estados Unidos y la presencia de los carteles del narcotráfico mexicanos, están afectando toda la región. Pero a diferencia de otros países con altos índices de violencia como El Salvador –donde el más reciente asesinato de un periodista debido a su labor profesional ocurrió en 2011, según datos del CPJ–, en Honduras y Guatemala estos problemas se han manifestado con mayor gravedad en la forma de ataques contra la prensa.
En las ciudades y pueblos del interior de Honduras y Guatemala, donde el estado de derecho brilla por su ausencia y los grupos del crimen organizado ejercen considerable control, los periodistas ven amenazas en todas partes y tienen temor de informar sobre temas sensibles. En Tegucigalpa y la Ciudad de Guatemala, muchos periodistas están preocupados por la desaparición de espacios para la crítica y la denuncia bajo gobiernos que ellos califican de intolerantes a las opiniones divergentes. Tanto en Honduras como en Guatemala, la persistente polarización política nacida de conflictos sociales anteriores y las antiguas rivalidades han dividido a los medios y han provocado que estén renuentes a cerrar filas frente a amenazas comunes. Como consecuencia, las sociedades de ambas naciones terminan privadas de información en momentos que enfrentan enormes desafíos.
La situación de Honduras es más dramática y constituye una advertencia de lo que le podría suceder a su vecino. El golpe de estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en 2009 desembocó en una ruptura del tejido social que originó una ola de asesinatos políticos y violencia contra la prensa. La polarización incluyó a los medios, que se dividieron entre partidarios y opositores del golpe, con lo cual algunos periodistas quedaron más vulnerables frente a los ataques.
En los años transcurridos desde entonces, y a medida que la violencia y el crimen han ganado inclusive más terreno, los peligros para el ejercicio del periodismo se han intensificado. Desde el golpe, el CPJ ha identificado tres casos en los que tiene razonable certeza de que un periodista hondureño fue asesinado en represalia directa por su labor. El CPJ investiga de manera independiente todos los casos de asesinato de periodistas y define como “caso confirmado” solamente aquellos en que logra constatar que existió un atentado deliberado contra un periodista en represalia por su labor. En el mismo período, la organización ha documentado otros 14 casos de asesinato donde el ejercicio del periodismo pudiera ser uno de los móviles del crimen pero no se tiene certeza razonable de ello. La organización los clasifica como “casos pendientes de confirmación” y continúa sus investigaciones.
Como lo demostró un informe especial publicado por el CPJ en 2010, la lentitud y negligencia en las investigaciones han dificultado esclarecer los móviles en la mayoría de los crímenes. Otras organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de prensa poseen cifras más elevadas, que incluyen al menos 19 casos de asesinato de periodistas respecto a los cuales el CPJ no ha podido revelar ningún nexo con el ejercicio del periodismo por parte de la víctima. En ningún caso las autoridades han enjuiciado tanto a los autores materiales como a los intelectuales.
El caso de Villatoro, conocido presentador de la popular radioemisora HRN y confidente del entonces presidente Porfirio Lobo Sosa, fue insólito. El secuestro del periodista y el descubrimiento de su cadáver, vestido con el uniforme de un escuadrón de operaciones especiales de la policía y con un pañuelo rojo en la cara, estremecieron al país y fueron el detonante que movilizó a la prensa. Después de ignorar por varios años el asesinato de periodistas menos conocidos y de zonas del interior del país, los periodistas de los principales centros urbanos y poderosos propietarios de medios interpretaron el asesinato como un mensaje que “nadie aquí está libre”, de acuerdo con las palabras de Thelma Mejía, del canal TN5. “Por primera vez sentimos el miedo y nos dimos cuenta de que no estamos exentos de la violencia”, declaró Mejía al CPJ. En las semanas posteriores al crimen, los periodistas se lanzaron a las calles a protestar y a exigir justicia.
Los posteriores arrestos, el juicio y las penas de cadena perpetua dictadas contra tres sujetos acusados de perpetrar el crimen, con base en elementos de prueba entre los que se encontraban una pistola y un cabello de la víctima hallados en las viviendas de los sujetos, fueron logros notables para la justicia hondureña, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta tras el juicio. “¿Quién ordenó el crimen?”, Fernando Berríos, jefe de Redacción del diario El Heraldo, preguntó al CPJ. “¿Qué garantía tenían [los sospechosos] que nadie los iba a tocar?” Interpelada sobre esos puntos, Karla Cueva, Viceministra de Derechos Humanos y Justicia, declaró al CPJ: “Creo que este caso va a seguir avanzando. Lo importante es que hubo una investigación y hubo una sanción”.
El Heraldo publicó las preguntas de Berríos y otras más en un artículo titulado “Misterios sin responder en el caso Villatoro”. Pero en la mayoría de las notas periodísticas, pese a las páginas de detalles morbosos acerca de cómo la banda criminal de “Los Osorio” había perpetrado el crimen, no se mencionaba el móvil, que continúa sin esclarecerse. Esto no es algo poco común. Un estudio de la Fundación MEPI, una organización de periodismo investigativo mexicana, concluyó que “siete de cada 10 historias sobre crimen publicadas en San Pedro Sula y Tegucigalpa no incluían detalles sobre las víctimas y los posibles motivos del crimen”. Esta carencia informativa se explica en gran medida por la falta de voluntad de las autoridades para abordar la cuestión con los medios, ya sea porque no poseen elementos de prueba o porque recurren a la excusa de rutina de que ello “obstaculizaría una investigación en curso”.
Pero cada periodista entrevistado por el CPJ en un viaje de investigación a Tegucigalpa a finales de mayo admitió otra razón. “Es por temor y autocensura”, expresó al CPJ Renato Álvarez, conocido presentador de noticias del canal TN5. “Tratamos de obviar una investigación relacionada con los autores intelectuales de un crimen. ¿Y por qué? Por temor a represalias. Por el temor a que nos vayan a matar.” Visiblemente consternado, Álvarez señaló al CPJ: “Me da vergüenza admitirlo. Pero no tenemos seguridad. Nuestras familias andan sin seguridad… El Estado no nos cuida. Nuestros medios no nos cuidan. Yo siempre me hago la pregunta y la autocrítica: [Tener la información y no difundirla] ¿es cobardía?”.
Álvarez tiene motivos para estar preocupado. El año pasado las autoridades anunciaron que habían descubierto un complot para asesinarlo, aunque nunca divulgaron mayores detalles. En enero, su guardaespaldas fue asesinado cuando se dirigía a la casa del periodista en un incidente que según las autoridades no estaba vinculado con Álvarez, pero el periodista “tiene sus dudas”.
Si los periodistas hondureños están particularmente temerosos, es porque se enfrentan a una amenaza que según ellos es aún más insidiosa que los represores gubernamentales de épocas anteriores. El auge de las pandillas o maras trasplantadas desde Estados Unidos, el crimen organizado y la incursión de los carteles de narcotráfico mexicanos han puesto en peligro a toda la sociedad hondureña. Rodrigo Wong Arévalo, propietario del Canal 10 y presentador de un noticiero, se refirió con confianza a la cantidad comparativamente saludable de libertad de expresión que afirma existe hoy en Honduras, en particular si se compara con la época de las juntas militares de la década del 70. Wong, una conocida figura en el país, fue saludado por los camareros y amablemente posó para fotos con otros clientes del restaurante del hotel exclusivo donde se reunió con el CPJ a finales de mayo. Pero al referirse al crimen organizado, primero miró por encima del hombro y luego bajó el tono de su voz hasta terminar en susurros. Los periodistas tienen que “someterse a un sistema de autorregulación individual por el sentido de sobrevivencia que tienen como seres humanos”, declaró al CPJ. Uno tiene que “conocer ciertos límites. Saber hasta dónde se puede llegar y tratar de no pasar de esos límites porque sabe que puede costarle caro. Las cosas han cambiado”, añadió. Cuando los militares estaban en el poder, “uno sabía a quién tenía enfrente. Ahora, con el crimen organizado, uno no sabe a quién tiene enfrente”.
Casi todos los periodistas y editores entrevistados por el CPJ en mayo hablaron con franqueza del tema de la autocensura en lo referente al crimen organizado y el narcotráfico. Geovanny Domínguez, jefe de Redacción del diario El Tiempo, afirmó que el periódico decidió no investigar a fondo las actividades del crimen organizado hace unos tres años, alrededor de la época cuando la sede del diario La Tribuna fue blanco de los disparos de pistoleros luego de que el periódico publicara denuncias que vinculaban a agentes de la policía con asesinatos. Domínguez sostuvo que los periodistas que se dedican a la cobertura informativa del crimen organizado y el narcotráfico recurren a comunicados oficiales del gobierno o de embajadas extranjeras. Otras de las medidas de precaución son colocar la firma del periodista solamente en las notas más inofensivas sobre cultura o sociedad.
La situación es más dramática para los periodistas que viven fuera de los principales centros urbanos y en particular en zonas como el departamento de Olancho, donde el crimen organizado tiene tan afianzado su control que los delincuentes armados manejan sus vehículos libremente en las calles, de acuerdo con el periodista freelance de radio and televisión Rolando Iscoa. Todo periodista de la zona sabe que informar sobre estas cuestiones está prohibido y todo el que rompa estas reglas “sabe lo que le espera”, Iscoa expresó al CPJ. José Luis Maradiaga Paz, corresponsal de Radio y Televisión Globo en Olancho, indica que los narcotraficantes “tienen identificados a los familiares [de los periodistas] y los movimientos que hacen. Tienen orejas y sapos infiltrados en la policía y el ministerio público que saben lo que uno hace o informa”.
El periódico digital salvadoreño El Faro es el único medio de la región que realiza periodismo investigativo sobre las actividades del crimen organizado en Centroamérica. No obstante, según el director de El Faro José Luis Sanz, incluso sus periodistas están conscientes de hasta dónde pueden informar en Honduras. Aunque Guatemala es peligrosa, Sanz afirma que el periódico ha logrado establecer una red de fuentes confiables y creíbles que les permite funcionar. En Honduras, precisó, carecen de fuentes confiables –en los círculos de gobierno y en los medios de prensa nacionales– y hasta encontrar un colaborador confiable es difícil. “No tenemos entrada segura” al país, Sanz indicó al CPJ. En Guatemala, El Faro ha realizado investigaciones a fondo que abarcan varios años. De acuerdo con Sanz, cuando necesita desplazarse a Honduras por alguna cobertura, entra y sale tan rápido como le resulta posible.
La ausencia de investigaciones periodísticas ha creado un vacío informativo en torno a algunos de los retos más significativos que enfrenta el país. El secuestro y asesinato en 2013 de Aníbal Barrow, el conocido presentador de un programa matutino de Globo TV llamado “Aníbal y nada más” conmocionó a todo el país de manera similar al caso Villatoro el año anterior. Si las circunstancias en que fue hallado el cadáver de Villatoro fueron macabras y misteriosas, en el caso de Barrow fueron directas y aterradoras: su cadáver desmembrado apareció en una laguna, y según los rumores había sido lanzado como alimento a los caimanes. Estos detalles parecen indicar la influencia, ya sea de manera directa o por imitación, del notoriamente sanguinario cartel de narcotráfico mexicano conocido como Los Zetas, que gradualmente ha logrado ejercer el control de zonas del territorio hondureño en los últimos años. Pero la presencia del temido grupo criminal no es algo de lo que la prensa habla abiertamente, ya sea en relación con la delincuencia o con ningún otro tema. En mayo, el gobierno por primera vez extraditó a un narcotraficante a Estados Unidos. A raíz de lo que sucedió en Colombia, donde la amenaza de la extradición desató una sangrienta guerra en la década del ’80 entre el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el gobierno colombiano, la decisión de extraditar marcó un hito. Según Wong nadie sabía cómo reaccionarían los carteles. “Nadie quiere hablar de eso”, Mejía indicó al CPJ. “El gobierno no está preparado para la reacción y mucho menos lo están los periodistas”.
Lo que sea que suceda después, tendrá serias consecuencias para la sociedad, desde Honduras hasta Estados Unidos, donde sucesivas olas de emigrantes que huyen de las guerras contra las drogas y el estancamiento económico han causado una grave crisis en la frontera entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la capacidad de la sociedad de recibir información confiable sobre estos acontecimientos estará sumamente debilitada porque la mayoría de los periodistas locales tienen demasiado temor como para difundir noticias sobre ellos. Y los integrantes del gremio periodístico que esperan que sus colegas de Estados Unidos o Europa divulguen noticias importantes, probablemente sufrirán una decepción. El último corresponsal extranjero destacado en forma permanente en Honduras abandonó el país este año debido a la inseguridad y otras preocupaciones. De vez en cuando, algunos corresponsales extranjeros aparecen, pero lograr que medios de prensa internacionales con presupuestos apretados se enfoquen en Honduras mientras en otras naciones con mayor importancia geopolítica como Siria, Iraq y Ucrania se libran conflictos internos, será muy difícil.
Por ello no sorprende que el móvil del asesinato de Barrow –aunque las autoridades hayan arrestado a los presuntos sicarios y se esté llevando a cabo un juicio– permanezca rodeado de misterio y sea blanco de persistente rumores. La autocensura de los medios y las deficientes investigaciones de las autoridades han provocado que la mayoría de los asesinatos de periodistas también se encuentren en estado de incertidumbre. ¿El periodista fue asesinado por causa de su trabajo? ¿Fue otra víctima del clima de inseguridad? ¿O acaso el periodista era corrupto? En una cultura periodística caracterizada por los bajos salarios –y con frecuencia por violaciones de la ética profesional, según periodistas locales– los reporteros hondureños a menudo mencionan esta última preocupación, que por lo común no aparece publicada. Desde extorsionar a políticos locales y pactar acuerdos de negocios menores con ellos, hasta establecer relaciones financieras más peligrosas con figuras del crimen organizado, la prensa hondureña “presenta altos niveles de corrupción… y es un fenómeno de larga data”, de acuerdo con Mejía. Álvarez y Berríos expresaron al CPJ que creían que muchos de los asesinatos de periodistas incluían elementos de corrupción por parte de la víctima pero, como acotó Mejía, sin investigaciones competentes ello es algo imposible de probar, y las autoridades fácilmente pueden insinuar que el periodista estaba implicado en actividades delictivas y así descartar cualquier vínculo con el ejercicio del periodismo, sin tener que presentar ninguna prueba. Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos también vacilan en mencionar estas preocupaciones sin contar con pruebas, y optan por documentar los casos de diferente manera, lo cual trae como consecuencia discrepancias en las estadísticas de atentados y asesinatos de periodistas.
En un país tan peligroso como Honduras, existen muchas cosas, además de la corrupción, que le pueden provocar la muerte a una persona. En los más de una docena de casos en que las investigaciones del CPJ no pudieron encontrar suficientes indicios para sustentar la hipótesis de que el crimen estuviera vinculado al ejercicio del periodismo, muchas de las víctimas presentaban programas musicales, desempeñaban funciones no reporteriles en el medio, poseían otros empleos, estaban implicados en disputas sin relación o aparentemente fueron blanco de un delito común. Aunque el CPJ no incluye estos casos en sus estadísticas de periodistas asesinados en represalia por su trabajo, las autoridades de todas maneras tienen el deber de procesar a los responsables de los crímenes.
Semejante incertidumbre ha creado un clima de temor en el gremio periodístico. Según Domínguez, el número de ataques ha disminuido desde que la violencia alcanzó su máximo nivel tras el golpe, pero ante la falta de resolución de los crímenes “el miedo siempre persiste. Si no sabemos si a mi colega lo mataron por el ejercicio de la profesión… o porque fue un tema de la delincuencia común, entonces el periodista mejor dice: ‘si no sé realmente porque lo atacaron, mejor dejo de comunicar'” información de carácter sensible. “El daño está hecho”, añadió. Tal como señala Mejía, “la autocensura está llegando para quedarse en Honduras”.
La prensa guatemalteca es bien consciente del destino que les ha ocurrido a muchos de sus colegas hondureños y ha prestado atención. En 2011, después de que los medios cubrieron la masacre de campesinos a manos del cartel del narcotráfico mexicano Los Zetas en el departamento del Petén, presuntos Zetas colgaron carteles en lugares públicos en cuatro departamentos del país con mensajes contra los medios tales como “prensa, bájenle a tanta mamada, antes que la guerra sea contra ustedes”. Si bien el diario digital salvadoreño El Faro puede hacer alguna investigación de las actividades del crimen organizado en Guatemala, Marvin del Cid, periodista de la revista Contrapoder y miembro del consejo editorial de la revista digital Sala de Redacción, señaló al CPJ que prácticamente toda la cobertura informativa del narcotráfico en Guatemala se sustenta en fuentes oficiales. “Investigación del crimen organizado es casi nula”, añadió. Haroldo Sánchez, director de Noticias del canal Guatevisión, manifestó que los corresponsales en ciudades del interior “no gozan de ninguna protección y son los más vulnerables”. Según Sánchez, el canal a veces envía a reporteros de la capital a cubrir historias sensibles en esas zonas para proteger a los corresponsales locales pero, en general, cubrir alguna otra cosa fuera de los anuncios oficiales como por ejemplo la captura de un narcotraficante no sucede porque “eso significaría la muerte”.
En 2013, el asesinato de cuatro periodistas disparó las alarmas en el país. Al igual que en Honduras, en la mayoría de los casos fue difícil o imposible esclarecer los móviles y establecer nexos con el ejercicio del periodismo. En solamente uno, el secuestro y asesinato del periodista de televisión y radio Carlos Alberto Orellana Chávez en agosto en la ciudad de Mazatenango, en el suroccidental departamento de Suchitepéquez, las investigaciones del CPJ indicaron un posible vínculo al trabajo periodístico, pero las autoridades no lo pudieron confirmar. Orellana presentaba dos noticieros en el canal por cable local Canal Óptimo 23, donde había denunciado hechos de corrupción. Amigos del periodista declararon a reporteros locales que en los días anteriores al asesinato, Orellana había transmitido reportajes críticos sobre el tráfico humano, la contaminación del agua, la corrupción en el gobierno local y amenazas de muerte que su nieta había recibido, según versiones periodísticas. Unos días antes ese mismo mes, en Mazatenango, sujetos armados le dispararon al periodista radial y de medios impresos Fredy Rodas y le causaron heridas de gravedad. Aunque un sospechoso fue arrestado en el caso Rodas, no ha habido avances significativos desde entonces. En febrero, otro periodista de Mazatenango, el presentador de noticiero televisivo Nery Morales, sobrevivió a un atentado contra su vida, según informes de prensa. Ángel Ramírez, fiscal de la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, declaró al CPJ: “Seguimos trabajando constantemente en estos casos y seguimos avanzando… [pero como] no sabemos con 100 por ciento de certeza [quién cometió los crímenes]… no podemos adelantar esa información”. Ramírez no quiso comentar en público si esos ataques estuvieron vinculados con la labor periodística ni confirmar los posibles móviles. En el caso del director de radioemisora Luis de Jesús Lima, quien fue asesinado en 2013 en el departamento oriental de Zacapa, Ramírez afirmó que investigaban las críticas que Lima había dirigido contra un político local en su programa y fuera de la radio, pero declinó ofrecer mayores detalles. Ramírez expresó al CPJ que la unidad estaba limitada por la falta de cooperación de los habitantes, quienes por miedo “no dicen nada”. El fiscal sostuvo que su unidad tiene el “compromiso constante de resolver estos crímenes” pero que muchos “factores externos” complicaban su tarea.
Si bien el crimen organizado puede constituir la amenaza más seria, los periodistas de ambos países afirman que cubrir cualquier tema sensible es riesgoso. Dina Meza, activista de derechos humanos hondureña que ha informado sobre cuestiones como el conflicto por la tenencia de la tierra en la región del Bajo Aguán para el sitio web local Defensores en línea y es la corresponsal en Honduras de la organización internacional defensora de la libertad de prensa Reporteros sin Fronteras, ha denunciado haber recibido amenazas anónimas y haber sido seguida en la calle por muchos años, pero sostiene que las autoridades han ignorado sus pedidos para que se le otorgue seguridad y se realice una investigación. El ministro de Seguridad Arturo Corrales, indicó al CPJ que no descarta que Meza haya sido amenazada, pero afirmó que la secretaría no había recibido ninguna denuncia y que sin ella no podía investigar. Lourdes Ramírez, directora de Noticias del canal de televisión KTV, en San Pedro Sula, declaró al CPJ que había abandonado Honduras en julio tras recibir mensajes que interpretó como amenazas relacionadas con los reportajes del canal sobre la corrupción e incompetencia en un hospital local. Varios periodistas guatemaltecos han denunciado haber sido atacados y amenazados por policías, personal de seguridad privado y trabajadores mientras intentaban cubrir protestas contra proyectos hidroeléctricos y de explotación minera, según la organización guatemalteca Cerigua. Ni siquiera los periodistas extranjeros están exentos. La destacada documentalista estadounidense Pamela Yates declaró al CPJ que había recibido amenazas de grupos de derecha en relación con documentales que había realizado sobre la guerra civil guatemalteca.
Ante la presión de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, los gobiernos de ambos países han reconocido los peligros que sufren los periodistas y, en 2012, avalaron públicamente la creación de mecanismos de protección que siguen el modelo del exitoso programa de Colombia. Por más de un año ambos programas estuvieron paralizados.
Sin embargo, dos semanas después de comprometer su apoyo al programa en una reunión con el CPJ a finales de mayo, el gobierno del mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien asumió el cargo en enero, revivió el plan que había sido abandonado por su antecesor y presentó un proyecto de ley ante el Congreso. El proyecto de ley establecería un consejo especial con el objetivo de “reconocer, promover y proteger” los derechos de los defensores de los derechos humanos, periodistas y operadores de la Justicia, y conformaría un mecanismo para ofrecer protección a las personas en riesgo. En junio y julio el proyecto fue aprobado en primer y segundo debate. En la actualidad , el gobierno está refinando la medida y consultando con organizaciones de la sociedad civil, que han planteado algunas observaciones sobre fiscalización, procedimientos y financiamiento. Es necesario alcanzar un consenso antes de un tercer y último debate donde el proyecto podría convertirse en ley, pero Paolo Antonello Tavarone Pon, asesor técnico en la subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia, señaló al CPJ que no se había fijado una fecha.
Hilda Hernández, ministra de Estrategia y Comunicaciones y hermana del presidente, declaró al CPJ que la prioridad del país era combatir el crimen organizado y reducir la violencia, pero que el presidente estaba atento a “todo lo que va en apoyo a ejercer una profesión de cualquier individuo”. Cuando se le preguntó si apoyaría la inclusión de Honduras como país piloto en un plan de la ONU que fortalecería las iniciativas internacionales para luchar contra los asesinatos de periodistas y la impunidad, Hernández respondió que sí, en teoría, aunque temía que ello pudiera “estigmatizar a Honduras en este momento en el que estamos intentando hacer las cosas de manera diferente”.
Honduras no ha sido tan reticente cuando se trata de aceptar asistencia externa de los Estados Unidos –país que ofrece una significativa ayuda financiera con la condición de que las fuerzas de seguridad respeten los derechos humanos– para el combate a la impunidad y la corrupción. Estados Unidos ha prestado asistencia a investigaciones de los asesinatos de periodistas y miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero –este último otro grupo en riesgo– como parte de un organismo especial de investigación de los crímenes violentos.
El mecanismo de protección propuesto en Guatemala, concebido para abordar observaciones planteadas en la Revisión Periódica Universal del país realizada por la ONU en 2012 e impulsado por Cerigua, apenas ha avanzado. En julio, Ana Margarita Castillo Chacón fue seleccionada como directora de la iniciativa meses después de que venciera el plazo asignado para designar a un funcionario en el cargo. Al momento de su nombramiento, le dieron seis meses para presentar un plan para el programa, aunque todavía falta por ver si ese plazo será cumplido. “Voluntad hay” por parte del gobierno para crear el programa, según Ileana Alamilla, directora de Cerigua. Pero, sostuvo, también que hay una “una enorme incapacidad. Dispersión. Mediocridad. No saben qué hacer ni cómo hacerlo. Ni se dejan asesorar”. Al mismo tiempo, una comisión oficial, conformada en 2009 y compuesta por representantes del gobierno y miembros de la sociedad civil, entre ellos Cerigua, se reúne todos los martes para “estudiar patrones” en los ataques contra grupos vulnerables, como por ejemplo los periodistas y los defensores de los derechos humanos, y para compartir información sobre los casos.
Muchos periodistas guatemaltecos albergan dudas sobre la efectividad del mecanismo, y como argumento apuntan a la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, en general poco eficaz y con recursos inadecuados. La unidad cuenta con cinco miembros y a menudo no puede investigar casos porque el único vehículo que le fue asignado fue robado el año pasado, de acuerdo con el fiscal Ángel Ramírez. La unidad ha logrado dos condenas desde que fuera fundada en 2001, pero ninguna en un caso de asesinato. Ramírez admitió las limitaciones que suponía la escasez de personal pero sostuvo que la unidad trabajaba arduamente pese a la carencia de recursos. Además, señaló que el incremento en el número de quejas presentadas por los periodistas demostraba confianza en su labor. Según Ramírez, de los 110 casos que la unidad ha recibido desde 2009, 38 llegaron en el primer semestre de 2014.
No obstante, muchos periodistas consultados por el CPJ expresaron sus dudas respecto a la posibilidad de que un periodista se sintiera cómodo aceptando protección del gobierno, particularmente debido a que el poderoso Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, se ha hecho cargo de la dirección del programa. El periodista de Guatevisión Ben Kei Chin declaró al CPJ que los periodistas amenazados tal vez aceptarían protección del Ministerio Público, “pero yo no confiaría en ninguna comisión que venga de la Presidencia”.
Marlon García, funcionario de la unidad de derechos humanos del ministerio de gobernación, reconoció que ha habido lentitud en la implementación del mecanismo pero añadió: “Desde que firmaron el decreto, el presidente ha cumplido con su compromiso de crear la voluntad política para que funcione”. En un correo electrónico enviado al CPJ, el Secretario de Comunicación Social de la presidencia Francisco Cuevas afirmó que el gobierno ha producido “avances significativos”, tales como el establecimiento de una mesa técnica de trabajo para analizar el diseño del mecanismo y el nombramiento de una directora. Y agregó: “Los cuestionamientos se circunscriben a un pequeño grupo que muestra inconformidad con todas las acciones estatales, y aún así, se le ha reiterado permanentes invitaciones a participa”. Señaló que Guatemala es el tercer país en el mundo -después de Colombia y México– en adoptar un programa de este tipo, y que aquellos países también demoraron años para crearlos y ponerlos en práctica.
La preocupación de Chin, sin embargo, fue reiterada en las redacciones de Tegucigalpa y Ciudad de Guatemala en entrevistas con el CPJ. Si bien los periodistas de ambas capitales reconocieron el posible beneficio de un mecanismo de protección para los periodistas del interior en situación de riesgo, intrínsecamente manifestaron sospechas acerca de los motivos de gobiernos que ellos consideran actúan con creciente intolerancia y aspiraciones de control en cuanto al acceso a la información. Muchos periodistas manifestaron al CPJ que, ante la amenaza del crimen organizado, sienten que ambos países están experimentando procesos de “remilitarización” que están revirtiendo logros alcanzados desde los violentos períodos de gobierno militar en las décadas del ’70 y el ’80.
En Guatemala, la elección del general retirado Otto Pérez Molina como presidente, y el juicio al general José Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio durante la guerra civil, han creado fracturas en el país que muchos tenían la esperanza de que habían sido superadas. “Antes, eras un crítico”, Chin declaró al CPJ. “Ahora eres un terrorista, enemigo del Estado, comunista, guerrillero. Las viejas etiquetas han reaparecido”.
Pero las medidas represivas del siglo XXI son mucho más refinadas que las empleadas en el siglo pasado, según muchos periodistas locales. En Honduras, muchos transmitieron su preocupación acerca de leyes de reciente adopción que le otorgaban al gobierno una autorización más amplia para monitorear las comunicaciones y clasificar la información como confidencial en nombre del combate contra el narcotráfico. La llamada “ley de secretos oficiales”, que le permite al Ejecutivo clasificar como confidencial cualquier información relativa a la seguridad, inclusive los presupuestos, fue aprobada de un modo particularmente poco transparente y pese a las protestas del funcionario nombrado por el gobierno para dirigir la oficina encargada de la implementación de la ley nacional de acceso a la información. Migdonia Ayestas, directora de un programa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que da seguimiento a las estadísticas sobre la violencia, declaró a la organización local defensora de la libertad de prensa C-Libre que el ministerio del Interior había dejado de compartir sus datos con ella. Corrales afirmó al CPJ que la secretaría comparte a diario información sobre seguridad, incluyendo estadísticas, con el público general a través del sitio web. Los mecanismos legales pueden ser sutiles, pero tienen “un gran impacto en la libertad de expresión”, Mejía expresó al CPJ.
En el gremio periodístico de Honduras y de Guatemala existe el sentimiento generalizado de que el presidente Hernández y el presidente Pérez Molina tienen una actitud particularmente intolerante frente a las voces críticas. El periodista hondureño Marvin Ortiz, de Radio Globo, que junto con el canal afiliado Globo TV fue blanco de reiteradas represalias tras el golpe de 2009, sostuvo que los periodistas de los medios de prensa que apoyaron a Zelaya y se oponen al actual mandatario todavía se sienten estigmatizados y perseguidos, y que Hernández los denigra públicamente en la prensa. Jorge Burgos declaró a C-Libre que su noticiero “Suelte la Lengua”, transmitido por el Canal 6, fue suspendido por la gerencia del canal por temor a perder publicidad oficial tras las reiteradas críticas vertidas por Burgos contra el presidente. De acuerdo con C-Libre, fuentes del canal argumentaron que el programa había sido suspendido porque Burgos se había negado a presentarlo cuando problemas técnicos les impidieron a los televidentes realizar llamadas al programa durante varios días. Burgos precisó a C-Libre que los problemas técnicos fueron un pretexto para suspender el programa. En otro caso, Albertina Manueles Pérez, de Radio Progreso, fue acusada del delito de sedición junto con varios miembros de un grupo indígena después de informar sobre enfrentamientos del grupo con las autoridades locales. Posteriormente el caso fue sobreseído provisionalmente, lo que significa que pudiera ser abierto nuevamente si se introducen nuevos elementos de prueba, según Radio Progreso.
Hilda Hernández rechazó ante el CPJ que los medios cercanos a la oposición fueran estigmatizados o que se les negara el acceso, y los acusó de “distorsionar” información. Mejía declaró al CPJ que no creía que el actual gobierno estuviera reprimiendo o persiguiendo directamente a esos medios, sino que había trazado una estrategia diseñada para reducir a un mínimo su influencia “ignorándolos” y “asfixiándolos con [la suspensión de] publicidad oficial”. Ese análisis no distaba mucho de la propia valoración de Hilda Hernández, quien declaró al CPJ: “La verdad es que yo no los escucho… [y] desde las elecciones han quedado con muy poca gente que los escucha”.
Cuevas elogió decisiones implementadas por el gobierno de Guatemala que en su opinión sirven para ampliar la libertad de prensa, como invitar a los periodistas en los viajes oficiales del Estado. Enrique Naveda, del sitio web guatemalteco dedicado al periodismo investigativo Plaza Pública, y Pavel Gerardo Vega, del diario guatemalteco elPeriódico, muy crítico de la gestión del Ejecutivo, se quejaron de que el gobierno de Pérez Molina los ha marginado informativamente al negarles entrevistas, al no incluirlos en la lista de contactos que reciben la agenda presidencial y al no informarles sobre los viajes oficiales (beneficios reservados para los medios “favorables” al gobierno). Ambos periodistas contaron anécdotas según las cuales periodistas habían participado en conferencias de prensa con el propósito de lanzarle preguntas fáciles al presidente, quien ha sido acusado de llamar a las redacciones de los medios para quejarse de periodistas críticos y poner en peligro sus empleos. Un reciente estudio de Plaza Pública mostró que el 46 % de las instituciones gubernamentales no habían cumplido con una reglamentación que les ordena entregar informes anuales sobre sus respuestas a los pedidos de información pública.
La distribución de la publicidad oficial se emplea comúnmente para recompensar la cobertura informativa favorable y castigar a los críticos, según periodistas de ambos países. En la época de la guerra civil los que detentaban el poder “asesinaron a los periodistas”, Sánchez señaló en entrevista con el CPJ. “Ahora tocan la pauta”. Esta práctica no es nueva y su uso es común en toda la región.
Pero no es solamente la publicidad oficial lo que está en juego. El diario elPeriódico, implicado en un prolongado enfrentamiento con el gobierno, nunca recibió mucha de esa publicidad. El diario sostiene que el Ejecutivo ha utilizado su influencia para persuadir a las mayores empresas del país a que se sumen a un boicot publicitario contra el diario. Cuevas no respondió preguntas acerca de la presión sobre los anunciantes privados, pero en un correo electrónico enviado al CPJ, negó que el gobierno haya retirado toda la publicidad oficial de elPeriódico. Juan Luis Font, director de la revista guatemalteca Contrapoder, sin embargo, coincide en que el gobierno continúa con la práctica de utilizar su influencia sobre los anunciantes para recompensar o castigar a los medios noticiosos. Según Font, lo más peligroso para la supervivencia de un medio es informar sobre los vínculos entre el gobierno y el empresariado, y cómo ambos se benefician el uno del otro.
Pero Font sostiene que la decisión por parte de funcionarios gubernamentales y políticos de procesar penalmente a periodistas críticos es lo que mayor daño ha causado a la libertad de prensa. Contrapoder se enfrentaba a multas que podían llevarla a la quiebra a raíz de una querella penal interpuesta contra la revista por la publicación de un artículo con inexactitudes sobre un político opositor [la revista publicó de inmediato una rectificación]. Posteriormente el caso fue desestimado pero el político y el medio continuaron teniendo tensas relaciones, según versiones periodísticas.
El proceso judicial más serio ha sido contra el diario elPeriódico, cuyo propietario, José Rubén Zamora Marroquín, está enfrascado en una disputa con el presidente, y la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías. Desde principios de 2013, el diario ha publicado una serie de artículos, entre ellos varias columnas redactadas por Zamora, que han denunciado actos de corrupción en el gobierno y la existencia de nexos entre figuras del gobierno y el crimen organizado.
En enero, a Zamora se le prohibió brevemente abandonar el país en relación con una querella penal interpuesta por el mandatario guatemalteco en noviembre, la que acusaba al periodista de “coacción, extorsión, chantaje, violación a la Constitución y”. En otro proceso abierto en diciembre, la vicepresidenta presentó una querella contra Zamora en virtud de la normativa nacional contra la violencia de género y los delitos contra la mujer.
En 2013, el diario fue reiterado blanco de amenazas, intimidación, agresiones y ataques cibernéticos, según datos del CPJ. El origen de la mayoría de los ataques se desconoce, pero la mayoría ocurrieron poco antes o después de que el diario publicara artículos en que denunciaba actos de corrupción o la existencia de nexos entre la delincuencia organizada y figuras del gobierno. Zamora, ganador de la edición de 1995 del Premio Internacional a la Libertad de Prensa del CPJ, ha sufrido ataques violentos en dos ocasiones durante gobiernos anteriores.
Ante la crítica generalizada, Pérez Molina retiró su querella pero la de Baldetti sigue vigente, según Rodolfo Móvil, director de elPeriódico. En julio, el director del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, interpuso más de 30 querellas penales contra Zamora y los principales editores de elPeriódico por los presuntos delitos de difamación, instigación a la violencia y sedición, entre otros delitos. En el último incidente, el 15 de septiembre, el gobierno publicó en su sitio web el contenido de un artículo que el elPeriódico iba a publicar el día después, que acusaba a Baldetti de corrupción e incluyó imágenes de una de sus propiedades. El gobierno refutó las afirmaciones del artículo y señaló que había recibido el texto aún no publicado en una carta anónima. elPeriódico afirmó que esto era evidencia de que el gobierno estaba espiando al diario.
La jefa de redacción de elPeriódico, Julia Corado, sostiene que ha habido incertidumbre y temor en la redacción acerca del futuro del periódico. Móvil y Corado señalaron que están convencidos de que el gobierno está planificando un nuevo montaje de abuso criminal contra Zamora y de que “cueste lo que cueste, ellos lo van a poner en la cárcel”. Cuevas negó enfáticamente la acusación en su respuesta al CPJ, y acusó a elPeriódico de “chantaje y la extorsión.”
El estilo de periodismo de Zamora –y sus implacables y según algunos, infundadas, denuncias– han sido criticados en los medios. Lo único en que todos los periodistas parecen coincidir es que el gremio periodístico guatemalteco, desde los cargos más altos hasta los más bajos, está dividido. La prensa guatemalteca bien podría aprender de los peligros de esta fractura a partir de las experiencias de sus colegas hondureños. El quiebre en los medios, consolidado con el golpe de 2009, ha colocado a los periodistas en una situación de mayor aislamiento y riesgo en un país con inclusive mayor violencia anárquica y un más endeble estado de derecho que Guatemala.
Existen ejemplos en la región –como en Colombia y Brasil— de periodistas que logran superar las divisiones para unirse ante una amenaza común y letal. La mejor esperanza para los medios guatemaltecos y hondureños –donde cada periodista afirmó que la prensa carece de las destrezas y la capacitación como para enfrentarse a los peligros por sí sola– es seguir esos ejemplos. “Habíamos ganado mucho espacio para criticar” en las décadas transcurridas desde las guerras civiles de Centroamérica, Chin declaró al CPJ. “Es cada vez más reducido ese espacio”.
Sara Rafsky es la investigadora asociada del programa de las Américas del CPJ. En 2012 escribió el informe especial sobre la libertad de prensa en Argentina, colaboró con el informe especial sobre Brasil de 2014 y la investigación del informe especial sobre el gobierno de Obama y la prensa en 2013. Anteriormente trabajó como periodista independiente en América del Sur y Sudeste Asiático y fue galardonada con una beca Fulbright en 2008 para investigar el fotoperiodismo y el conflicto armado colombiano.
Recomendaciones del CPJ
A los gobiernos guatemalteco y hondureño:
- Condenar todos los actos de violencia contra periodistas.
- Realizar investigaciones y procesos judiciales exhaustivos y oportunos en los casos de asesinatos de periodistas. Garantizar que todas las investigaciones incluyan a los autores intelectuales del crimen y no sólo a los autores materiales. Dotar a esas investigaciones de los recursos apropiados, apoyo político y la seguridad adecuada. En el caso de Guatemala, aumentar el presupuesto de la unidad de delitos contra periodistas del Ministerio Público. En el caso de Honduras, aumentar la dotación de recursos para el organismo de investigación de los crímenes violentos.
- Crear un mecanismo de protección que les proporcione seguridad a los periodistas amenazados. Garantizar que la sociedad civil y los periodistas locales participen activamente en la configuración de este mecanismo. En el caso de Honduras, apoyar el proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso. En el caso de Guatemala, otorgarle prioridad a la propuesta actual que ha sido aprobada por el gobierno e implementarla.
- Despenalizar la difamación. Aprobar una normativa que garantice que la calumnia sea trasladada del ámbito penal al civil.
- Abstenerse de interponer querellas penales con base en delitos graves, como la sedición y la violencia de género, contra periodistas y medios críticos.
- Comprometerse públicamente a ofrecer igualdad de acceso a los actos oficiales. Distribuir publicidad oficial a todos los medios, independientemente de su filiación política o ideológica. Abstenerse de presionar económica o editorialmente a los medios críticos.
- Garantizar la plena aplicación de toda medida cautelar otorgada a periodistas por decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Reconocer públicamente el 2 de noviembre como el Día Mundial contra la Impunidad.
- Responder con información detallada sobre el estado judicial de todos los casos de periodistas asesinados y los pasos que se tomaron para abordar la cuestión de impunidad tal como fue solicitado por el director general de la UNESCO en el informe sobre Seguridad de Periodistas y el Riesgo de la Impunidad. Presentar al público las respuestas completas.