Bogotá, 30 de septiembre de 2014–El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está alarmado por las amenazas de muerte contra numerosos periodistas en diferentes departamentos de Colombia durante la última semana e insta a las autoridades a garantizar la seguridad de los periodistas. Todos los periodistas habían informado sobre actividades criminales en la región.
“Los grupos criminales están descarada y públicamente amenazando a periodistas colombianos en un intento por silenciar cualquier labor informativa sobre sus actividades”, afirmó desde Nueva York Carlos Lauría, coordinador senior del programa para las Américas del CPJ. “Las autoridades deben investigar estas amenazas y enjuiciar a los responsables para poner fin a estos mensajes intimidatorios. Las víctimas no son sólo los periodistas, sino el público, que se ve privado de información sobre la delincuencia en Colombia”.
En un panfleto distribuido por correo electrónico, la banda criminal Los Urabeños amenazó el domingo con matar a ocho periodistas si no huían de las ciudades de Buenaventura y Cali en el departamento de Valle del Cauca, según informes de prensa. Los periodistas informan sobre temas de la delincuencia en ambas ciudades. El grupo Los Urabeños es una de las mayores bandas criminales de Colombia.
No está claro si los periodistas han abandonado las ciudades. Algunos han solicitado que sus nombres no se publiquen. Uno de ellos, Henry Ramírez, fotógrafo del periódico Q’hubo de Buenaventura, indicó al CPJ que planeaba reunirse con sus editores para decidir si continuar o no con su labor informativa en Buenaventura.
Los Urabeños se quejaron en el panfleto sobre la cobertura en los medios de la captura en Chile la semana pasada de una de sus presuntos miembros. El 25 de septiembre, Q’hubo publicó en su tapa una foto de la presunta integrante con una leyenda que la identificaba como la “reina” de las casas de tortura de la ciudad, según informó Jonathan Bock, director del Área de Monitoreo y Protección de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Bogotá.
Bock afirmó al CPJ que las autoridades de Buenaventura se reunieron el lunes para abordar las amenazas. Señaló que oficiales de la policía estaban entrevistando a los periodistas y que la Unidad Nacional de Protección del gobierno estaba analizando la situación para decidir qué medidas de seguridad adoptará.
Ramírez indicó al CPJ que sólo sacar fotos o escribir informes cortos sobre el arresto o el asesinato de los narcotraficantes se había convertido en una tarea peligrosa. Los Urabeños dominan muchos de los barrios de Buenaventura y están involucrados en disputas territoriales letales con otras bandas criminales, según las autoridades colombianas y grupos de derechos humanos. La ciudad es un importante punto de exportación de cocaína rumbo a Centroamérica y México.
En un incidente separado el jueves, un panfleto fue distribuido en la ciudad de Montería, en el departamento norteño de Córdoba que amenazaba la vida de 24 personas, entre ellos políticos de alto rango, activistas y dos periodistas, según informes de prensa. El panfleto, que fue firmado por la banda criminal Los Rastrojos, amenazó a Leiderman Ortiz Berrío, del semanario La Verdad del Pueblo en la región norteña del Bajo Cauca en el departamento de Antioquia, y a Edgar Astudillo, de Radio Pnzenú en Montería, según los informes.
Ortiz y Astudillo, quienes informan sobre actividades criminales locales, han sido amenazados y atacados anteriormente, según informes de prensa. La FLIP afirmó en un comunicado que los dos periodistas tienen protección policial.
Al principio de este mes, la periodista colombiana Amalfi Rosales de El Heraldo abandonó su hogar en la región norteña de La Guajira luego de que hombres armados dispararan contra su casa y ella recibiera amenazas de muerte. Rosales había informado sobre supuestos vínculos entre un ex gobernador del estado y grupos criminales.
Los periodistas colombianos que informan sobre cuestiones sensibles como el prolongado conflicto armado del país, la delincuencia y la corrupción, han visto un resurgimiento de violencia e intimidación en los últimos años, según la investigación del CPJ. El director de radio Luis Carlos Cervantes Solano fue asesinado en la región de Bajo Cauca en agosto en circunstancias poco claras.