El clima de la libertad de prensa en Perú fue similar al de 2012: periodistas fueron blanco de la violencia y fueron objeto de procesos judiciales por difamación debido a sus denuncias de corrupción. Aunque ningún periodista se encontraba preso, dos fueron condenados por el delito de difamación y recibieron penas de cárcel suspendidas. Un proyecto de ley que eliminaba las penas de cárcel por el delito de difamación ha estado paralizado en el Congreso desde mediados de 2011. Los periodistas que cubrían una oleada de manifestaciones contra un proyecto minero al norte del país, sufrieron violencia e intimidación a manos de todos los sectores del conflicto. Del mismo modo, los periodistas y medios que informaron sobre la corrupción y el crimen organizado fueron objeto de ataques que no dejaron víctimas mortales. Un periodista fue asesinado en circunstancias aún no esclarecidas y el CPJ continúa sus investigaciones con el fin de determinar si el asesinato estuvo vinculado al ejercicio del periodismo. Casos anteriores de asesinato de periodistas continúan sin resolverse y los fiscales apelaron la absolución, otorgada en 2012, a un ex alcalde de la ciudad de Coronel Portillo que había sido acusado del asesinato del periodista radial Alberto Rivera Fernández, hecho ocurrido en 2004. Las organizaciones de derechos humanos y los periodistas plantearon sus inquietudes sobre las implicaciones de un proyecto de ley que penalizaría la negación de delitos de terrorismo, sobre una ley contra los delitos cibernéticos que tipificaría como delito algunas expresiones en la Internet, y sobre la decisión de la principal empresa de diarios del país de adquirir otra empresa de medios que le reportaría una cuota de mercado del 78 por ciento en el sector de la prensa escrita.
El clima de la libertad de prensa en Perú fue similar al de 2012: periodistas fueron blanco de la violencia y fueron objeto de procesos judiciales por difamación debido a sus denuncias de corrupción. Aunque ningún periodista se encontraba preso, dos fueron condenados por el delito de difamación y recibieron penas de cárcel suspendidas. Un proyecto de ley que eliminaba las penas de cárcel por el delito de difamación ha estado paralizado en el Congreso desde mediados de 2011. Los periodistas que cubrían una oleada de manifestaciones contra un proyecto minero al norte del país, sufrieron violencia e intimidación a manos de todos los sectores del conflicto. Del mismo modo, los periodistas y medios que informaron sobre la corrupción y el crimen organizado fueron objeto de ataques que no dejaron víctimas mortales. Un periodista fue asesinado en circunstancias aún no esclarecidas y el CPJ continúa sus investigaciones con el fin de determinar si el asesinato estuvo vinculado al ejercicio del periodismo. Casos anteriores de asesinato de periodistas continúan sin resolverse y los fiscales apelaron la absolución, otorgada en 2012, a un ex alcalde de la ciudad de Coronel Portillo que había sido acusado del asesinato del periodista radial Alberto Rivera Fernández, hecho ocurrido en 2004. Las organizaciones de derechos humanos y los periodistas plantearon sus inquietudes sobre las implicaciones de un proyecto de ley que penalizaría la negación de delitos de terrorismo, sobre una ley contra los delitos cibernéticos que tipificaría como delito algunas expresiones en la Internet, y sobre la decisión de la principal empresa de diarios del país de adquirir otra empresa de medios que le reportaría una cuota de mercado del 78 por ciento en el sector de la prensa escrita.
Los directores de dos periódicos, Alcides Peñaranda Oropeza y Humberto Espinoza Maguiña, fueron condenados en dos casos distintos por el delito de difamar a César Álvarez Aguilar, gobernador de la norteña región de Ancash. Los periodistas habían publicado artículos que denunciaban presuntos hechos de corrupción durante la gestión de Álvarez. El gobernador, por su parte, negó todas las acusaciones.
Álvarez tiene un historial de interponer procesos judiciales por difamación contra periodistas que han acusado de actos de corrupción a su gobierno.
2 | Condenas por el delito de difamación dictadas contra Espinoza en dos días seguidos |
2 años | Pena de cárcel en suspenso dictada contra Peñaranda y Espinoza |
USD 2.000 | Indemnización que se le ordenó pagar a Espinoza |
USD 3.662 | Indemnización que se le ordenó pagar a Peñaranda |
3 | Otros periodistas fueron demandados por Álvarez en otros procesos judiciales por difamación aún pendientes de resolución, de acuerdo con la organización regional pro libertad de prensa Instituto Prensa y Sociedad |
El Instituto Prensa y Sociedad documentó cuatro agresiones y actos de hostigamiento contra la prensa en relación con intensas y prolongadas protestas contra un proyecto minero al norte de Perú. Unidades especiales de la policía dispersaron las manifestaciones.
Los periodistas y medios de prensa encargados de cubrir las protestas fueron blanco de represalias a manos de todas las partes del conflicto, informó el IPYS.
1 | Periodista afirmó haber sido agredido por la policía y los vigilantes de seguridad contratados por la empresa minera. |
3.5 | Las horas que un periodista fue retenido por los manifestantes, quienes lo golpearon y le confiscaron el equipo fotográfico hasta que el periodista accedió a borrar todas las fotos. |
30 | Manifestantes amenazaron con expulsar del pueblo al propietario de una radioemisora local si no cesaba sus transmisiones en favor del proyecto minero |
Ocho periodistas han sido muertos en Perú desde 1992 por el ejercicio de la profesión, según datos del CPJ. En 2013, Luis Choy, fotógrafo del principal diario peruano, El Comercio, fue abatido a tiros afuera de su domicilio en Lima en circunstancias aún no esclarecidas. El CPJ continúa investigando el asesinato.
63 | por ciento trabajaban en la radio |
75 | por ciento habían recibido amenazas |
50 | por ciento funcionarios sospechosos de la autoría del crimen |
75 | por ciento impunidad completa |
Una radioemisora y tres periodistas fueron atacados por sujetos no identificados en distintos ataques, según medios de prensa. Antes de los ataques, la radioemisora y los periodistas habían denunciado la corrupción y el crimen organizado
1 | artefacto explosivo |
1 | golpiza con una pistola y una llave de mecánico |
2 | tiroteos |