Carlos Lauría/Coordinador Senior del programa de las Américas
Al reafirmar la autonomía e independencia del sistema regional de derechos humanos y rechazar intentos de neutralizar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su relatoría especial para la libertad de expresión, la Organización de los Estados Americanos (OEA) optó por rechazar propuestas que hubieran resultado que los ciudadanos en todo el hemisferio sean más vulnerables a las violaciones a los derechos humanos.
La asamblea extraordinaria de la OEA, llevada a cabo el viernes en la sede de la organización en Washington, D.C., adoptó una resolución donde los 35 estados miembro ratificaron la atribución de la comisión de continuar recibiendo contribuciones voluntarias. Analistas y defensores de derechos humanos afirman que la decisión fue un golpe a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA, que habían presionado para excluir fuentes de financiamiento externas para la CIDH.
Si bien algunos cambios de último momento en el texto final de la resolución aseguran que la embestida para preservar el trabajo de la comisión aún no ha concluido, los defensores de la libertad de expresión han ganado una importante batalla.
“El grupo del ALBA –en este caso, con Ecuador actuando como su vocero– quedó totalmente aislado en la sesión especial de ministros de relaciones exteriores de la OEA que terminó a la medianoche del viernes”, escribió Andrés Oppenheimer, columnista de asuntos internacionales del diario The Miami Herald e integrante de la junta directiva del CPJ. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, afirmó que fue una “victoria importante” de la comisión.
Costa Rica, Colombia, Panamá, Chile, Uruguay, México, Jamaica, Canadá y los Estados Unidos, entre otros países, jugaron un rol importante para prevenir los esfuerzos de Ecuador para debilitar al sistema regional de derechos humanos. Con el supuesto objetivo de fortalecer el sistema, Ecuador introdujo una serie de recomendaciones para inhabilitar a la relatoría para conseguir apoyo financiero autónomo, reducir su independencia al permitir que los estados miembro ejerzan más control e impedir que publique informes sobre la libertad de expresión. No hubo consenso para aprobar estas propuestas durante la asamblea y quedaron fuera de la resolución.
Muy tarde el viernes, luego de no encontrar aceptación para sus propuestas, Ecuador y Bolivia amenazaron con abandonar la comisión. Fue entonces cuando Argentina introdujo un párrafo en la resolución en la que instruye al Consejo Permanente de la OEA “a continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el fortalecimiento” del sistema. La propuesta de Argentina le permitió al ALBA evitar una derrota categórica, según analistas e informes de prensa.
Mientras la asamblea de la OEA representó un traspié para Ecuador y sus aliados, la decisión de continuar con el debate le permitirá al gobierno del Presidente Rafael Correa seguir impulsando propuestas restrictivas en el futuro cercano. El proceso comenzó a mediados del 2011 cuando el Consejo Permanente de la OEA formó un grupo de trabajo para estudiar maneras de fortalecer a la comisión. Durante la asamblea general de la OEA celebrada en 2012 en Cochabamba, Bolivia, el Presidente Correa obtuvo aprobación inicial para cambios más drásticos. Los esfuerzos del ALBA fueron contrarrestados por una campaña sostenida de grupos internacionales de defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa, incluyendo al CPJ, que apoyaron la preservación de la independencia y autonomía de la CIDH y su relatoría especial para la libertad de expresión. El 18 de marzo, el CPJ envió una carta a todos los cancilleres de la OEA instándolos a que se opongan a cualquier intento para debilitar el sistema regional de derechos humanos.
Decenas de columnas de opinión y artículos periodísticos fueron escritos en distintos medios en todas las Américas. El ex presidente de Colombia César Gaviria Trujillo, ex secretario general de la OEA, instó a los “gobiernos que tienen un compromiso genuino con los derechos humanos y la democracia” a que “defiendan a la comisión y pongan fin a esta campaña dañina”, en un fuerte artículo de opinión publicado en el diario The Washington Post, el 19 de marzo.