El cuerpo de Regina Martínez Pérez fue hallado el sábado en su hogar. (Reuters)
El cuerpo de Regina Martínez Pérez fue hallado el sábado en su hogar. (Reuters)

Cuerpo de reportera mexicana fue hallado golpeado, estrangulado

Nueva York, 30 de abril de 2012–Las autoridades deben investigar de inmediato el asesinato de la periodista mexicana Regina Martínez Pérez, determinar el motivo, y asegurar que los responsables sean enjuiciados, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas de Nueva York (CPJ, por sus siglas en inglés). 

El cuerpo de Martínez fue encontrado en su hogar en la tarde del sábado en la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en la costa del Golfo, según informes de prensa. La periodista había sido golpeada en el rostro y las costillas y había sido estrangulada hasta su muerte, según informes de prensa. El procurador general del estado, Amadeo Flores Espinoza, indicó en una conferencia de prensa que su televisor, teléfonos celulares y computadora habían sido robados.

Martínez había trabajado para la revista nacional Proceso durante más de una década y era reconocida por sus investigaciones sobre los carteles de la droga y los vínculos entre el crimen organizado y funcionarios de gobierno. En la semana anterior a su asesinato, cubrió el arresto de un supuesto líder de los Zetas; los arrestos de nueve policías acusados de trabajar para un cartel de la droga; y una nota sobre un alcalde local quien fue arrestado junto a otros supuestos pistoleros de un cartel después de una balacera con el ejército mexicano, según informes de prensa.   

“Regina siempre escribía un tercio más de la verdad de lo que yo me animaba a contar en una nota. Y yo escribo más que la mayoría de los periodistas”, un reportero de Xalapa, quien pidió permanecer en el anonimato por su seguridad, indicó al CPJ. Los colegas de Martínez afirmaron que ella no había comentado sobre amenazas antes de su muerte.  

La oficina del gobernador estatal, Javier Duarte de Ochoa, señaló que había ordenado a un grupo especial de agentes para investigar el asesinato. Proceso afirmó en su sitio Web que el gobierno estatal le había garantizado al personal de la revista acceso a cualquier información que resultara de la investigación. La revista también sostuvo que sus ejecutivos habían expresado el domingo al gobernador que eran escépticos sobre el éxito de la investigación debido a lo disfuncional del sistema de justicia en el país.   

“Condenamos el brutal asesinato de Regina Martínez Pérez,” afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Las autoridades mexicanas deben quebrar el ciclo de impunidad que rodea a los de crímenes de periodistas, conducir una investigación exhaustiva y enjuiciar a los responsables”.  

La Procuraduría General de la República indicó que seguirá de cerca la investigación para decidir si en el asesinato se violó alguna ley federal y si las autoridades federales atraerán el caso. Informes de prensa indicaron que las comisiones de derechos humanos estatal y federal participarán en la investigación.

En marzo, el Senado mexicano aprobó una enmienda constitucional que, de ser aprobada por una mayoría de estados, otorgaría jurisdicción a las autoridades federales sobre delitos contra la libertad de prensa. Diez de las 17 legislaturas estatales han aprobado la enmienda hasta el momento, según informó Fundalex, organización de libertad de prensa local. 

Veracruz, donde cuatro periodistas fueron asesinados en 2011, es uno de los estados mexicanos más peligrosos para la prensa, según muestra la investigación del CPJ. El estado es un campo de batalla para dos grupos de crimen organizado, los Zetas y el cartel de Sinaloa, según la investigación del CPJ. Los periodistas locales afirman que hay corrupción generalizada en el gobierno local, y en los últimos meses se ha registrado una escalada de violencia.

Desde 2006, más de 40 periodistas han sido asesinados o están desaparecidos en México, según la investigación del CPJ. Debido a una combinación de negligencia y corrupción entre funcionarios públicos, en particular a nivel estatal, numerosos crímenes contra la prensa permanecen sin resolverse, muestra la investigación del CPJ. México apareció en el octavo lugar en el Índice de Impunidad del CPJ en 2012, que desacata los países donde los periodistas son asesinados y los responsables quedan libres.