El gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías continuó su campaña sistemática de represión del periodismo crítico a través de disposiciones regulatorias, judiciales y legislativas. El ente regulador de telecomunicaciones aplicó una multa a Globovisión, el único canal de televisión crítico del país, por más de 2 millones de dólares por su cobertura informativa sobre los letales motines en las cárceles entre junio y julio. El organismo regulador invocó la Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión, una de las legislaciones más restrictivas de la región. Los fiscales presentaron acusaciones penales contra dos ejecutivos de un semanario crítico en relación a un artículo satírico y a un montaje fotográfico que mostraba a funcionarias de alto rango actuando en un “cabaret” dirigido por Chávez. El semanario fue clausurado por un breve tiempo y un ejecutivo fue enviado a prisión por casi tres meses. El gobierno de Chávez usó su amplio aparato de medios estatales para divulgar propaganda y lanzar campañas de desprestigio contra sus críticos. Los anuncios de Chávez afirmando que médicos cubanos habían hallado y extirpado un tumor canceroso alimentaron las especulaciones sobre el futuro político de Venezuela a medida que se aproximan las elecciones presidenciales de octubre de 2012. La información oficial sobre la salud del presidente fue escasa y se trató como si fuese un secreto de estado.

Venezuela

Principales Acontecimientos

» Al manipular disposiciones regulatorias y judiciales, el gobierno apunta contra una televisora y un semanario crítico.

» Los problemas de salud del presidente son tratados como un secreto de estado y alimentan la especulación con vistas a las elecciones del 2012.

El gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías continuó su campaña sistemática de represión del periodismo crítico a través de disposiciones regulatorias, judiciales y legislativas. El ente regulador de telecomunicaciones aplicó una multa a Globovisión, el único canal de televisión crítico del país, por más de 2 millones de dólares por su cobertura informativa sobre los letales motines en las cárceles entre junio y julio. El organismo regulador invocó la Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión, una de las legislaciones más restrictivas de la región. Los fiscales presentaron acusaciones penales contra dos ejecutivos de un semanario crítico en relación a un artículo satírico y a un montaje fotográfico que mostraba a funcionarias de alto rango actuando en un “cabaret” dirigido por Chávez. El semanario fue clausurado por un breve tiempo y un ejecutivo fue enviado a prisión por casi tres meses. El gobierno de Chávez usó su amplio aparato de medios estatales para divulgar propaganda y lanzar campañas de desprestigio contra sus críticos. Los anuncios de Chávez afirmando que médicos cubanos habían hallado y extirpado un tumor canceroso alimentaron las especulaciones sobre el futuro político de Venezuela a medida que se aproximan las elecciones presidenciales de octubre de 2012. La información oficial sobre la salud del presidente fue escasa y se trató como si fuese un secreto de estado.



  • US$2,16
    millones

    Multa contra Globovisión
  • 82

    Días en prisión
  • 1

    Caído en 2011, motivo sin confirmar
  • 13

    Recomend-aciones de la ONU rechazadas
  • 6

    Cuentas de correo elect-rónico y de Twitter
    hackeadas
 

Conatel, el ente regulador de las telecomunicaciones en Venezuela, impuso una multa a Globovisión por su cobertura periodística de una tensa confrontación que duró 27 días entre efectivos de la guardia nacional y reclusos en la cárcel El Rodeo II en la ciudad de Guatire. El ente regulador sostuvo que la emisora había violado la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.


Análisis del caso Globovisión:

7,5%

Proporción de la multa en relación con el ingreso anual de Globovisión

269

Fueron las veces que Globovisión transmitió entrevistas con familiares de reclusos en prisión

8

Miembros del directorio de responsabilidad social de Conatel, que tiene 11 miembros en total, son designados por el poder ejecutivo

 

Leocenis García, dueño del semanario 6to Poder, fue detenido en agosto luego de que su periódico publicara un artículo satírico que comparaba a funcionarias del gobierno de Chávez con bailarinas de un cabaret. Fue acusado de incitar al odio, insultar a funcionarios y denigrar a las mujeres. García fue liberado en noviembre, pero los cargos aún siguen pendientes.


Análisis del caso de 6to Poder:

1

Una semana de clausura impuesta a 6to Poder por una jueza tras la publicación de un artículo satírico.

2

Días durante los cuales la ejecutiva de 6to Poder, Dinorah Girón, fue encarcelada por las mismas acusaciones. Fue liberada pero se le ordenó presentarse ante el tribunal cada 15 días.
 

El cuerpo de Wilfred Iván Ojeda, columnista político y activista de la oposición, fue hallado en un lote baldío, amordazado, encapuchado, y atado, con un disparo en la cabeza, según revelaron los investigadores locales. El CPJ está investigando para determinar si el asesinato está vinculado a su labor periodística.


Análisis de periodistas caídos en Venezuela desde 1992:

5

Periodistas caídos en cumplimiento de su labor periodística

4

Periodistas caídos cuyos casos aún no han sido esclarecidos
 

El gobierno rechazó las 13 recomendaciones vinculadas a la libertad de expresión que se le hicieran durante la Revisión Periódica Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en octubre.

Las recomendaciones, parte de un conjunto de recomendaciones más amplias sobre de derechos humanos, habían instado a la adopción de legislación para el libre acceso a la información y la revocación de las leyes que penalizan insultos dirigidos a funcionarios públicos.

Análisis de las recomendaciones incluidas en la Revisión Periódica Universal:
148: El número total de recomendaciones
95: Recomendaciones aceptadas (otras estaban en consideración)
0: Recomendaciones aceptadas referidas a la libertad de expresión
38: Recomendaciones rechazadas, incluyendo las 13 vinculadas a la libertad de expresión

 

Seis periodistas y columnistas críticos, incluyendo a Laureano Márquez, quien recibiera el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del CPJ en 2010, descubrieron que sus cuentas habían sido interceptadas ilegalmente en septiembre. Los hackers, que se hacían llamar N22, en efecto se apoderaron de sus cuentas. El grupo afirmó que era independiente del gobierno pero defendía el honor de Chávez, conforme a lo revelado por el Instituto Internacional de Prensa. Ocho políticos y activistas opositores también fueron el blanco de este grupo.

Impacto de la interceptación ilegal, según el IPI:

500.000

Número total de personas que seguían a las víctimas en Twitter, según los hackers.

182.000

Las personas que seguían a la periodista Berenice Gómez antes de ser víctima de esta interceptación ilegal.

13.000

Las personas que seguían a Gómez a fines de septiembre, después de que ella se vio obligada a abrir una nueva cuenta en Twitter.

»
«
Cobertura en 2011
 »
«




También está disponible en

Compra

Book Cover Apoye al CPJ: Compre una copia de Ataques a la Prensa en 2011

Descargar

PDF 3.4 Mb

HTML 3.5 Mb




Ataques a la Prensa en 2011 » Américas »